Chile, con un seguro que fue tema de promesas en la campaña electoral

SANTIAGO (Chile).– Ricarte Soto fue un periodista chileno de radio y televisión que falleció en 2013 de cáncer al pulmón. En 2010, cuando se lo detectaron, logró organizar una gran manifestación, a la que llamó “La marcha de los enfermos”, para que el Estado ayude a costear los tratamientos más caros. Así nació el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo en Salud, más conocido como ley Ricarte Soto, promulgada en 2015.

Para este año se dispusieron más de 102.000 millones de pesos chilenos (170 millones de dólares) para las 18 enfermedades de alto costo que están incorporadas en la ley. La administración de estos recursos la tiene el Fondo Nacional de Salud, Fonasa, el sistema público que entrega cobertura a más de 10,5 millones de chilenos (aportan el 7% mensual de su salario). Hasta diciembre último, 8013 pacientes recibieron la ayuda, que consiste en el financiamiento completo de diagnósticos, medicamentos, dispositivos o alimentos de alto costo, sin importar si el cotizante pertenece al sistema público o privado ni su condición socioeconómica.

La lista de enfermedades se revisa periódicamente y se emiten decretos cuando se incorporan nuevos problemas de salud que serán cubiertos. En el último, que rige desde el 2 de enero pasado, se añadieron cuatro nuevas enfermedades y se beneficiará a más de 460 nuevos pacientes. El costo de una enfermedad se fija cada tres años entre el Ministerio de Salud y el de Hacienda. Si el tratamiento supera el 40% del ingreso familiar promedio, se considera una enfermedad catastrófica y se debería entregar la cobertura.

Para acceder a la garantía de la ley Ricarte Soto, el enfermo tiene que postularse a través de su médico tratante. Cuando se accede a la ley, existe una red de prestadores de servicios de salud calificados por una superintendencia. La ayuda económica normalmente es para enfermedades oncológicas, inmunológicas y las de baja prevalencia.

Robinson Cristi es el presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras (Fecher), en la que hay pacientes que sufren unos 200 tipos de problemas de muy alto costo. Según Cristi, la ley Ricarte Soto “está muy lejos de dar con el ancho con el que fue presentada”, porque los criterios para integrar nuevas enfermedades raras son más administrativos y económicos que de salud. Y en buena parte se usan medicamentos no reconocidos por la autoridad sanitaria. “Al no tener código sanitario, esas patologías no tienen posibilidad de entrar a la ley Ricarte Soto”, explicó Cristi a la nacion. Una de ellas es la cistinosis, que padece su hijo. “Postulamos a la ley, pero quedamos fuera del proceso”.

En el sistema privado de salud hay 2,2 millones de pacientes. Los fondos los administran las llamadas Isapres y algunas tienen la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), que la pide el afiliado. Sebastián Piñera, presidente electo, prometió en campaña que, en el marco de su Plan Clase Media Protegida, creará un seguro universal catastrófico que tendrá un deducible con tope de unos 2300 dólares. El compromiso es que ninguna familia pague más que tres veces su salario. Sobre el tope dispuesto, el costo lo absorberá el seguro.

Otros seguros para enfermedades catastróficas son los complementarios específicos que ofrecen algunas clínicas. Y también hay fundaciones como Teletón, que rehabilitan gratuitamente a niños en situación de discapacidad, y buscan ayuda en el extranjero. Esa es, según Cristi, una opción real.ß

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