Cepo cambiario: las empresas van contra el Gobierno por la falta de dólares

Hay datos: 388 empresas que presentaron medidas cautelares por licencias de importación no aprobadas. Hay historias: una empresa que piensa en suprimir su división de exportación en la que trabajan 60 personas, otra que va a cerrar un centro de logística para el que invirtió millones de dólares. Estas son las postales de lo que está sucediendo en una Argentina sin suficientes dólares para abastecer la demanda de importadores.

La escasez ya llegó a la actividad. Todavía no se publicaron los datos oficiales que lo corrobarían con estadísticas, pero las escenas de la micro dan cuenta de efectos sobre la economía real proveniente de la crisis cambiaria.

La supervivencia de las pymes que dependen en gran parte de la importación para realizar su actividad hoy pende de un hilo. Desde 2020 tienen que presentar un Excel con su proyección de importaciones a corto y mediano plazo, previa autorización del Ministerio de Desarrollo Productivo para ingresar bienes al país.

La mayoría asegura que, con suerte, le aprobaron un 20% de lo solicitado. Con el negocio mermado, además, se retrasan los productos que necesitan de licencias no automáticas (LNA) para entrar a la Argentina.

Las LNA son un mecanismo de organización del comercio exterior que se suele utilizar en distintos formatos en otros países del mundo. Son autorizaciones que requieren ciertos productos porque hace falta revisarlos antes de que ingresen al país, por ejemplo, por temas fitosanitarios, o por razones de protección a industrias sensibles. En la Argentina, el problema no son las licencias en sí, sino cómo se utilizan.

Antes de realizar su encargo, cada importador que lidia con productos que tienen LNA debe conseguir un estado de “salida” (o aprobación) a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Hay otras dos alternativas posibles a la hora de pedir este permiso: que se lo rechacen o que lo pongan en observación. A esta última vía opción se está acudiendo hoy para administrar las importaciones y, de ese modo, cuidar los (pocos) dólares que tiene el país.

La historia recuerda a las declaraciones juradas anticipadas de importación, las DJAI, una herramienta que se utilizó para administrar el comercio y terminó en disputas en la Organización Mundial de Comercio. Las LNA observadas se intensificaron durante el verano, dice la mayoría de las compañías, y el diálogo con la Secretaría de Industria y la Dirección Nacional de Gestión Comercial se está agotando. Algunos empresarios consiguen audiencias con funcionarios en las que se soluciona poco y nada: les liberan algunas licencias, pero con el correr de los días se vuelven a acumular y hay que empezar de nuevo.

Las consecuencias del cierre del grifo

En los últimos seis meses, a la importadora de los neumáticos Dunlop en la Argentina le autorizaron solamente el 13% de lo que necesita para mantener su estructura. En otras palabras, la compañía, Geveco, ya no apunta a ganar plata, sino a sobrevivir.

La operación de la firma, que comenzó sus actividades hace tres décadas, sostiene a 700 familias. Hoy, explica Gonzalo Vila, socio fundador de la firma, está cerrando su centro logístico en el que invirtió millones de pesos hace 10 años.

“Ya no nos cierran las cuentas: las empresas comerciales requieren de producto para funcionar; si no hay producto, no facturás y empezás a tener solo egresos sin ingresos”, explica el empresario. “La empresa tiene 30 años y vamos por 30 más, pero es muy desgastante luchar contra las fuerzas normales del mercado y además con las autoridades”, añade.

Explica que la producción local de neumáticos no alcanza y es por eso que empresas como la suya tienen mercado en la Argentina. Los datos del sector le dan la razón: hay faltantes y aumentos. Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), el costo de los neumáticos para camiones subió un 60,4% en 2020.

Noelia Della Maggiora trabaja en la empresa DI.BA Autopiezas, que está por cumplir 20 años en el mercado. Asegura que la firma se está replanteando si va a poder seguir en actividad o no. “Tenemos licencias presentadas desde agosto de 2020 y no nos sale ninguna desde octubre: el retraso está en el orden de los 180 días y la última vez que pudimos importar fue en noviembre”, explica.

La empresa importa baterías para autos y otras baterías especiales con aplicación en energías renovables y vehículos eléctricos, entre otros. “Estamos con un stock muy limitado y nuestra facturación cayó un 99%. En enero y febrero facturamos un 1% de lo que es nuestro promedio”, afirma.

Dice que tuvo audiencias con el Gobierno en las que explicó que en baterías especiales el mercado nacional solamente aporta un tercio de la demanda y que hace falta importarlas para que pueda seguir la cadena productiva. “Durante 2020, por este desabastecimiento algunas baterías aumentaron un 60% y un 80%”, detalla. A futuro, dice, solo le queda la instancia judicial, como las otras 388 empresas que presentaron medidas cautelares desde junio hasta esta semana.

En algunos sectores el escenario es tan malo que se generan “trueques” entre importadores. Gustavo Helguera está a cargo de la pyme familiar HG Rodamientos, que importa piezas para máquinas agrícolas. “Ya quebré stock y entre colegas tratamos de darnos una mano, de canjear mercadería que esté frenada por algunas que tengan estado de salida [con licencias aprobadas]”, explica. No es nada fácil: los que “entregan” no saben cuándo van a poder reponer, pero además los productos están llegando con un aumento en dólares por temas de producción en China.

“Son insumos para que la maquinaria agrícola vuelque US$5000 millones por la cosecha: si no les damos esos repuestos, el proceso productivo hace que se rompa la máquina y se está corriendo el riesgo de no poder levantar esa cosecha”, señala.

El grifo no solo se cerró para las pymes nacionales. Una multinacional de plásticos asegura que está por perder tres mercados de exportación desde la Argentina (Bolivia, Perú y Paraguay) porque le faltan insumos. La compañía importa, le agrega valor en el país y luego lo envía a otras naciones. Ese proceso ya se cortó: la empresa tiene 15 licencias esperando salir por alrededor de US$1 millón. Las 50 personas que trabajan en la división de exportación están expectantes a las negociaciones con la Secretaría de Industria.

La Cámara de Importadores (CIRA), que representa a 1300 empresas, intenta aceitar el proceso de aprobación de las licencias, pero no siempre tiene éxito. “Se está creando el desabastecimiento: esas empresas que no pueden importar no producen y no solamente para el mercado interno, sino que también incumplen con sus compromisos de exportación”, detalla Rubén García, presidente de la entidad.

Las demoras se empezaron a notar a fines de octubre del año pasado (mes coincidente con el recrudecimiento del temblor cambiario y los controles del Central), pero en el verano se siguió presionando y se volvió insostenible, dice García.

La respuesta oficial

Todas las empresas consultadas por LA NACION aseguran haber tenido al menos una instancia de diálogo con la Secretaría de Industria, que otorga audiencias para escuchar los descargos de las compañías que importan. No pierden las esperanzas, pero saben que el escenario es complicado: el tiempo pasa, los dólares se siguen agotando, la punta del embudo se hace cada vez más chica.

El Ministerio de Desarrollo Productivo está administrando la escasez. Es, en parte, el Cerbero del Banco Central y cuida las reservas con cuentas de almacenero. Con las reservas netas de la autoridad monetaria entre los US$3000 y los US$4000 millones, no es un tema estratégico ni ideológico (”priorizar la industria nacional”), sino simplemente de lidiar con lo urgente.

Desde el ministerio que dirige Matías Kulfas aseguraron que en 2020 se autorizó el 93,5% de las licencias presentadas y que un 6% quedó pendiente por contar con “errores de carga, inconsistencias y faltantes de información, o por no superar los controles”.

Afirman que los pedidos de importación suben -alrededor de un 9% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior- y que el 80% de las presentaciones realizadas en el primer mes del año fueron aprobadas en el transcurso de esos 31 días.

“No se están realizando exigencias o imponiendo criterios adicionales a los importadores; lo que se solicitan son proyecciones complementarias, que apuntan a acercar la gestión comercial a las necesidades de los productores e importadores, así como también para brindar un marco de previsibilidad y de seguridad a empresas y consumidores”, explican.

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