Celulares: peligra la canilla de dólares de la licitación 5G porque las empresas quieren pagar mucho menos por el espectro
Según fuentes de la industria podrían desembolsar hasta US$600 millones; el Gobierno esperaba recaudar US$1400 millones que hicieran de salvavidas hasta la cosecha
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
Más allá del objetivo del Gobierno, que busca recaudar US$1400 millones con la futura licitación de espectro de cara a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G), la realidad es que el número estaría fuera de las posibilidades de las empresas, dispuestas a desembolsar en principio hasta US$600 millones.
Esa cifra implicaría US$200 millones por operador si participaran los tres jugadores actuales -Telecom, Claro y Movistar-, sin sumar a Telecentro. Surge de un cálculo simple. Según fuentes de la industria, pagar más de US$200 millones no tiene relación con la valuación de las compañías.
El “número mágico” es US$300 millones y hablan de un límite de US$600 millones, más allá del cual el negocio es totalmente “inviable”.
De acuerdo con un informe reciente de la GSMA, una organización de operadores móviles, el costo del espectro en la Argentina “no ha estado alineado con la evolución del mercado”. Aunque se mantuvo relativamente estable en valores nominales, debido al menor nivel de ingresos en moneda dura, la incidencia de los costos del espectro sobre los ingresos de los operadores creció a un 27% interanual desde 2015.
“En los últimos años, debido a los cambios en las condiciones macroeconómicas del país, el costo anual del espectro como porcentaje de los ingresos recurrentes de los operadores se ha multiplicado cinco veces, llevando a la Argentina al 10%, el doble de la mediana regional (5%). El peso de las condiciones macroeconómicas sobre las inversiones del sector se potencia al considerar las obligaciones de cobertura”, agregaron.
Del otro lado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que es el organismo que llevaría a cabo la licitación, está presionado porque en el Ministerio de Economía cuentan con los US$1400 millones prometidos como una de las canillas de dólares que estarían disponibles hasta la cosecha. El Enacom es conducido por Claudio Ambrosini, exvocero de Sergio Massa.
La semana pasada, el ente se reunió con autoridades de Movistar y esta semana lo hará con Claro y Telecom. Buscan aprobar el pliego en febrero y discutir con las empresas el formato de la licitación - que sería parecido al de la licitación de 4G de 2014 con bloques de espectro y competencia- y el precio.
El consenso entre los privados sería que US$1400 millones no es una cifra razonable, pero nadie termina de bajar las cartas porque al final del día competirían en una eventual subasta. En nombre de la industria actuaría la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), que tiene un documento interno con algunas consideraciones de cara a la licitación y cuestiones a tener en cuenta a la hora de realizar un benchmark para valorar la banda.
Sin embargo, también hay otro detalle que señala el consultor y experto en telecomunicaciones, Enrique Carrier, que refiere a la forma de pago. “¿Hablamos de dólar oficial, dólar MEP o bonos de deuda? Porque ahí el valor puede oscilar mucho y el Gobierno puede tirar un número alto en dólares que no sea tan duro con las arcas de las telcos. Esta puede ser una salida elegante para ambas partes, aunque no significa que sea la más satisfactoria. Si querés dólares frescos, de esos que van a reservas, serían pocos. Si los disfrazás, entonces el número puede ser mayor”, señaló.
El espectro radioeléctrico es el medio por el cual se trasmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas utilizadas para los servicios de telefonía móvil y como tal es vital para el desarrollo del ecosistema móvil.
El espectro permite que los dispositivos se comuniquen con la radio base y así acceden al contenido y a conectarse con el resto de los usuarios. Cuanto mayor el espectro asignado, más ancho de banda disponible para cada usuario. Este recurso, escaso, pero renovable, es regulado y administrado por el Estado en cada uno de los países.
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