Catamarca: a dos años del asesinato de un ministro muerto a palazos que deja en evidencia la trama de impunidad que tejió el poder local

La muerte de Juan Carlos Rojas, funcionario del gobernador Raúl Jalil y mano derecha de Luis Barrionuevo jamás fue investigada con seriedad, pese a los lazos cercanos con los dos hombres que manejan la provincia

LA NACIONDiego Cabot

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Hace dos años, este cronista iniciaba así una crónica. “San Fernando del Valle de Catamarca: El sábado 3 de diciembre [de 2022], en la mañana o sobre el mediodía, nadie lo sabe, murió Juan Carlos Rojas. El domingo 4 lo encontraron tirado en el patio de su casa, en un charco de sangre”.

Ahora, dos años después, habría que reescribir aquellos párrafos: “El sábado 3 de diciembre [de 2022], en la mañana o sobre el mediodía, nadie lo sabe, asesinaron a Juan Carlos Rojas. El domingo 4 lo encontraron tirado en el patio de su casa, en un charco de sangre. Para la fiscalía, un golpe certero, letal, desde atrás, en la cabeza y con un elemento contundente lo mató sin más. Para la familia, el escenario que plantea el funcionario del Ministerio Público no es así ya que ese golpe, que irremediablemente existió, no explica las 28 lesiones que presenta el cuerpo y que se habrían producido, según constancias de la causa, una hora antes. Para ellos, lo molieron a palos para sacarle alguna información y por alguna razón, después, lo mataron.”

Aquella crónica seguía así: “Ese día lo velaron a cajón cerrado y la sociedad acercó sus condolencias. Un infarto masivo, se dijo, había terminado con su vida. El lunes a la mañana, todo estaba preparado para retirar el féretro y cremar el cuerpo. Pero cuando las coronas estaban arriba del auto que las transportaría al cementerio, hubo un anuncio al lado del cajón. El personaje más importante que estaba en el velorio reunió a todos y habló: aquella muerte era ni más ni menos que un asesinato.”

Ahora sí, los personajes. Juan Carlos Rojas era el entonces ministro de Desarrollo Social de Catamarca. El hombre no solo era miembro del gabinete del gobernador Raúl Jalil, sino que, además, era el secretario general provincial de la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina, (Uthgra), el poderoso gremio que maneja a nivel nacional el siempre presente Luis Barrionuevo. Era “un amigo, un hermano”, según las palabras del sindicalista. Aquel personaje que se paró al lado del cajón y anunció un asesinato fue el propio Barrionuevo que, hay que recordarlo, nació en esa provincia, tiene ascendencia en la política local y desde ahí se levanta para ejercer el poder que siempre declamó tener. Catamarca es al gremialista lo que La Rioja era para Carlos Menem.

Ese fin de semana, asesinaron a un ministro que además era mano derecha del gremialista; dos años después, no pasó absolutamente nada. La falta de respuestas del Poder Judicial, la desidia, la inexistente inquietud en la investigación, el silencio y la oscuridad de los poderosos, la falta de independencia, la soledad de los que reclaman Justicia, la impotencia social y las risas burlonas de los que sacan la sortija en la provincia que maneja Jalil con apoyo de Barrionuevo son los capítulos de una novela conocida que se resume en tres palabras: “Silencio, miedo e injusticia”.

Hace dos diciembres se puso en marcha la más perfecta maquinaria de impunidad, tantas veces recorrida en la política argentina. La investigación inicial fue tan vergonzosa que hasta a los propios Jalil y Barrionuevo los sonrojó. Todo se encaminó a mostrar que Rojas había muerto de un infarto masivo. Si hasta el fiscal, Laureano Palacios, se atrevió a decir a minutos de estar en el lugar del hecho, que no había rastros de violencia.

Tres meses después, los hijos de la víctima llamaron una conferencia de prensa. “A la familia, la Justicia nos mintió, como le mintió al pueblo catamarqueño. A la familia se le dijo que murió de una caída, que murió solo, que no había violencia en las cosas, que no faltaba nada. Que se había ido en paz. Al pueblo se le dijo que al ministro la muerte lo visitó pacífica, que lo sucedido es parte de la vida. Que se fue solo y nos entregaron un cajón cerrado. Nos impusieron el secreto de sumario, nos escondieron la verdad, pero todo sale a la luz”, dijo, llorando, la hija, Natalia, la menor de los tres presentes, encargada de leer un texto que habían preparado en aquella conferencia.

Hartos, desesperados, cansados de la impunidad y de una red de complicidades que ya casi logró ocultar la verdad, impotentes, enojados, doloridos, tristes y valientes. Todo se juntó para que los hijos, que ven que la Justicia por la muerte de su padre se escurre, decidieron pegar un puñetazo en la mesa y pedirle a la sociedad que reaccione.

“Hemos convocado a la prensa para poner en evidencia, la maniobra pérfida que pretendió ocultar la verdad sobre la muerte de nuestro padre. Ahora sabemos que papá no se cayó, no sufrió un infarto, no sufrió una descompensación –siguió Natalia con la voz quebrada–. Papá fue brutalmente golpeado, lo tuvieron de rodillas y lo golpearon, le reventaron el rostro, la boca. Le reventaron un ojo, lo tuvieron de rodillas y así lo ultimaron rompiéndole la base del cráneo, con una fractura que se abrió camino de extremo a extremo. Lo arrastraron y lo tiraron en el patio. Los que lo asesinaron modificaron la escena. Lo rompieron todo y lo dejaron tirado.”

Semejante maniobra de encubrimiento terminó con el apartamiento del fiscal Palacios de la causa. Un tiempo después, se inició un juicio político. En Catamarca los jueces y fiscales no son elegidos por un Consejo de la Magistratura. Después de la pandemia, Jalil desarmó el organismo y los funcionarios judiciales son elegidos de una terna que envía el Senado al gobernador. En esa cámara, el oficialismo tiene 14 de las 16 bancas. Varios abogados recién recibidos o con poca experiencia, Palacios es uno de ellos, hacen sus primeros palotes en el derecho penal sentados en el sillón de fiscales. Gestión Jalil.

El juicio político avanzó y llegó el jury de enjuiciamiento. A inicios de junio de 2023, siete meses después del asesinato que el fiscal pretendió tratar como un infarto masivo, se llegó a la decisión final. El senador Oscar Vera, la diputada Cecilia Guerrero, y los abogados Silvia Cabrera y Pablo Nicolini, representantes del Colegio de Abogados, votaron por la restitución del funcionario a su cargo. En minoría de votos, y a favor de la destitución, estuvieron la diputada Juana Fernández y la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales. Nada es casual en la Justicia de Catamarca; Jalil mueve los hilos.

Todo se transformó en una novela negra, llena de injusticias, torpezas, brutalidades y pasos de tragicomedia que se han sucedido en una provincia donde el silencio es el mejor negocio. Una crónica fatal de la impunidad a cielo abierto.

De aquellos primeros días quedaron escenas imborrables, casi medievales, inimaginables en sociedades justas. Esa mañana del velorio, que hay que recordarlo se realizó a cajón cerrado, los hijos de Rojas llegaron a velar a su padre infartado. Tal era la certeza que les habían dado que a las 11 de la mañana el cortejo iba al cementerio a cremar el cuerpo. La noche anterior, en el sindicato, se aprestaban los detalles para el velorio de su secretario general. En los preparativos trabajaba Silvina Nieva, empleada del gremio, con alguna relación sentimental con el ministro y última en cruzar unas palabras con él antes de que lo encontraran muerto. Mientras todo se aprestaba, en la morgue, a las 19.15 del domingo, empezaba a realizarse la autopsia. Cerca de las 21 ya estaban las conclusiones, aunque no se conocieron. O por lo menos, no las conocieron los familiares. El poder, representado por Jalil y Barrionuevo, ya estaba al tanto de que había mediado violencia.

Esa noche, todo era intriga en el local de los gastronómicos. La política llegó en esas horas al sindicato ubicado en la calle Prado para velar a Rojas. El gobernador y Barrionuevo fueron juntos. Pasadas las 22.30, hubo una reunión en el primer piso del sindicato. Además de Barrionuevo y Jalil, estaban Enrique Altier y Crisanto Jayme, dos directivos del gremio, Mariano Paz, un abogado que no es de la provincia, y Sandra Barrionuevo, hija de Luis.

A las 9.30 del lunes, cuando estaba todo listo para que se llevaran el cuerpo al cementerio para cremarlo, llegó el inquietante anuncio. Frente al edificio de Uthgra, ubicado a dos cuadras de la plaza principal, estacionaron dos autos fúnebres: uno para las flores y otro para el cajón. Las ofrendas se acomodaron sobre el que estaba destinado para ese fin. Dentro del sindicato, Barrionuevo dio un discurso frente al cajón. “Rojitas no falleció de muerte natural”, afirmó. Entonces, reconoció que había sido un homicidio. Inmediatamente tomó la palabra Jalil. “Él no decía nunca no a nada y siempre solucionaba problemas”, rescató sin mencionar la causa de muerte.

Posteriormente, llegó un oficial de Justicia y el cuerpo cambió el destino: se canceló el cementerio para regresar a la morgue. Se venía una segunda autopsia. Ya no hubo más dudas: aquella muerte no había sido natural sino un asesinato. A dos años, cerca de la familia, creen que Barrionuevo sabe mucho más de lo que dijo. De hecho, en aquellas horas de dolor, desenvainó el diccionario político y dijo que “iba a poner a disposición todo lo necesario y traer el equipo científico para resolver este crimen y que la muerte de Rojitas no quede impune”. Un verdadero compendio de palabras hiladas a la perfección por la política cada vez que se habla de un caso judicial con impacto en la opinión pública. Una fuente que conoce de cerca los pasos del líder sindical en su provincia natal lo ilustró de la siguiente manera: “No hizo todo lo que dijo que iba a hacer”.

Aquellas primeras horas fueron letales para la investigación posterior. El fiscal se abocó a buscar pruebas para detener a una empleada del sindicato que alguna vez ayudó con las tareas de la casa al fallecido. Finalmente, lo hizo: detuvo a Silvina Nieva. La mantuvo en un calabozo una semana, pero, olvidó algo no menor: firmar la resolución en la que dictaba la medida. Ni el fiscal ni nadie firmó la orden de detención, estaba en blanco. Cuando fue apartado de la causa, quien lo continuó reparó en el grosero error y la mujer fue liberada. Desde entonces, es la única imputada. Pasaron dos años y el fiscal actuante, Hugo Costilla, no regresó sobre la pista que muchos creen que fue una cortada para encontrar un culpable fácil.

Se podría hablar horas de la mano visible que operó para asegurar la impunidad. Por ejemplo, a poco de llegar la policía al lugar donde yacía muerto Rojas, en la galería de su casa, alguien dio la orden de limpiar. En pocos minutos, el lugar fue inundado de agua y lavandina. Tal fue el desparramo que, en días posteriores, cuando hicieron una pericia con químicos reactivos a la sangre, encontraron que había restos en varios lugares y no solo en la escena originaria.

Algo más. En la mañana del sábado, Nieva habló con Rojas por teléfono. “¿Por qué habla así?”, le dijo. Ella contestó que era porque recién se despertaba. La charla siguió unos minutos. “Después, escuché como la respiración fuerte; luego, sentí un sonido como si fuese un pequeño golpe en un vidrio, apenas lo escuché. Finalmente, me quedé con el sonido del televisor. Pensé que se había dormido”, dijo a Nieva LA NACION. Pasadas las 8, ella envió un mensaje más para confirmar si debía concurrir y, en ese caso, organizar el horario. Nunca más hubo respuesta.

Durante ese día, nadie supo de él, ni tampoco hubo comunicaciones, o al menos no se conocen por ahora. Pocos días después, cuando la causa avanzó sobre los celulares, se determinó que alguien ingresó al sistema de mensajes WhatsApp del teléfono de Rojas. Era el mediodía de ese sábado. Los últimos mensajes que Nieva le envió no fueron leídos. Jamás se avanzó en este sentido.

Y un remate, como para ilustrar el manual de la impunidad. Dentro del perezoso expediente, se pidió un cotejo de ADN de restos de sangre. Pero sucedió que se tomaron mal las muestras y el resultado fue poco menos que ridículo. Ahí quedó el asunto.

LA NACION habló con siete fuentes del caso. “Todo en off”. “Yo no existo, hermanito”. “Acordate que vivo en Catamarca; nunca hablamos”. Luego explicaban: “Jalil maneja todo, absolutamente todo. Además, ni siquiera es posible federalizar la cosa porque ahora que es aliado incondicional del Presidente, es imposible ir contra él”, dijo uno de ellos, conocedor de la causa y del mundo judicial. Se refería a la apuesta libertaria del gobernador que en el último tiempo ha sido un incondicional de las propuestas de Milei. Todas sus manos legislativas, manejadas con un hilo que tiene su terminal en Catamarca, están a las órdenes de La Libertad Avanza (LLA).

Los motivos del caso son aún una incógnita. Con el tiempo tomó cuerpo algo que ya se hablaba cuando todo sucedió: Rojas no habría estado dispuesto a convalidar alguna falta de dinero en su ministerio. Fue la hija, Natalia, la única que dejó sentada en su declaración esta sospecha. “Quiero decir que con el pasar de los días voy teniendo diferentes teorías sobre lo sucedido con mi padre (...) llegué a mi conclusión más fuerte de que la muerte está relacionada con algo referido a su trabajo”. Según pudo saber LA NACION, ella declaró que su padre estaba presionado por la gobernación ya que no le facilitaban los fondos para algunos proyectos. Contó que había hecho recortes de gastos.

A dos años, todos hablan de que había unos cuantos millones sin rendir que se encontró cuando asumió. Aunque se conocía el asunto, nadie quería firmar unos documentos que habrían sido falsos y que servirían solo para justificar el faltante. De hecho, pocos días antes de morir, ese tema, entre otros, lo trajo a Buenos Aires a reunirse con la entonces ministra del área, Victoria Tolosa Paz.

Si el dinero de los planes sociales no estaba rendido, pues había que suponer que no se gastó en su destino original y por eso, la falta de comprobantes para justificarlos. “El dinero no estaba, se había gastado”, dijeron tres fuentes que conocen el tema. La pregunta es dónde.

Allí los caminos se bifurcan, aunque aparecen algunos elementos comunes. En este tiempo, Catamarca estaba trenzada en una fenomenal estafa piramidal, esquema Ponzi, que cayó en forma similar a Generación Zoe, de Leonardo Cositorto. En junio de 2022, Edgar Adhemar Bacchiani, el dueño y CEO de la financiera Adhemar Capital fue detenido por Gendarmería Nacional.

Cayó así el líder de la organización que dejó miles de catamarqueños, tucumanos y riojanos privados del dinero que habían dejado en la financiera, obnubilados por intereses imposibles de pagar en el mundo de los negocios convencionales. Se cuenta que la política de aquellos lugares, especialmente de Catamarca, tenían una fuerte ligazón con el vendedor de intereses de colores.

Pero la estructura, cayó en junio, quedó atrapada en las esposas de Bacchiani. Casualmente en ese momento, habrían quedado sin liquidar unos subsidios nacionales en el Ministerio de Desarrollo Social provincial. Barrionuevo, que maneja la cartera en un acuerdo con Jalil, decidió reemplazar al entonces ministro, Maximiliano Rivera, por el fallecido Rojas. Tan cercano le es el cargo al sindicalista que de segundo asumió Gonzalo Mascheroni, sobrino de Luis Barrionuevo, hijo de una de sus hermanas.

Aquellos días de presiones no fueron fáciles para Rojas al punto que terminó muerto en su casa, a poco de haber asumido y casualmente, unos meses después de la caída de Adhemar Capital. Todo quedó en familia: lo sucedió Mascheroni. Jamás se avanzó en la pista del móvil del crimen ni tampoco se pidieron informes detallados a la cartera social nacional como para conocer si se trata sólo de habladurías, o si efectivamente no hubo rendiciones.

Pasaron dos años, marchas, reclamos y llantos. La impunidad no sabe de sentimientos; avanza. Y siempre se apoya en complicidades, silencio y miedo. Catamarca, a dos años del asesinato a palos de un ministro.

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