Carga fiscal: el podio de los impuestos que más impactan en los precios
La problemática fiscal es protagonista por estos días en la Argentina, como lo fue en tantas otras épocas. La necesidad de reestructurar la deuda pública, el ajuste a los bolsillos de muchos jubilados y el aumento de la carga impositiva para algunos contribuyentes son tres factores en el juego del subibaja implicado en las políticas que intentan ordenar las cuentas.
A poco más de dos meses de haber llegado al poder, en materia tributaria el gobierno de Alberto Fernández ya movió varias fichas. Logró, por ejemplo, la aprobación de la ley de emergencia social y económica, que suspendió el cronograma de baja de algunas cargas que pesan sobre las empresas y elevó la presión en impuestos como Bienes Personales.
En ese contexto, un grupo de 80 chief financial officer (CFO) y especialistas en impuestos de empresas medianas y grandes de diferentes partes del país, respondió casi unánimemente, al participar de una encuesta, que este año la presión fiscal que pesa sobre los negocios de las compañías será mayor que en 2019. Nada menos que el 94,9% respondió en ese sentido, según un relevamiento de la consultora KPMG, que un año atrás mostró que el 87,5% de los directivos creía que la carga sería mayor en 2019 que en 2018.
La encuesta, realizada en enero, indagó sobre qué previsiones hay en las empresas, en función de las expectativas referidas a la carga fiscal: ninguno de los consultados dijo que se incrementará la inversión local en 2020, en tanto que 60,3% sostuvo que se mantendrá y 39,5%, que se reducirá.
La consulta no solo tuvo en cuenta los impuestos nacionales. De hecho, cuando se preguntó qué tributos impactaron con mayor fuerza en 2019 en los precios de los bienes y servicios comercializados, en el lugar más alto del podio se ubicó Ingresos Brutos, el principal impuesto que recaudan las provincias. Poco más de la mitad indicó que esa es la carga con mayor impacto; le siguieron, con 18,5% de las respuestas en cada caso , Ganancias y el impuesto al cheque. Con el 12,3% de las menciones, aparece el IVA.
Ingresos Brutos es uno de los impuestos más acusados de ser distorsivos para la actividad. La carga se aplica en cada instancia de la cadena de producción y comercialización, y de allí, el efecto percibido sobre el precio. Por el consenso federal de 2017, firmado por la Nación y las provincias (salvo San Luis), las autoridades de cada jurisdicción se habían comprometido a bajar la carga progresivamente. Pero, a instancias del Gobierno y con el aval de las provincias, el pacto quedó suspendido por la ley 27.542, publicada el 12 de este mes en el Boletín Oficial.
La suspensión de las cláusulas sobre las alícuotas de Ingresos Brutos, según lo dispuesto, será hasta el 31 de diciembre de este año.... ¿será así? La encuesta de KPMG indagó sobre las expectativas de que en 2021 se reanude realmente el cronograma de rebajas. ¿Las respuestas? El 94,9% dijo que no confía en que vuelva el compromiso de producir un alivio.
¿Fue efectivo ese consenso, al menos en los dos años que duró? En el relevamiento mencionado, el 42% de los profesionales dijo que la carga fiscal implicada en el pacto se incrementó el año pasado, mientras que 32,1% dijo que hubo un efecto neutro, y el 25,9% afirmó que percibió una disminución de la presión tributaria.
"Hay provincias que subieron alícuotas porque el pacto no impedía hacerlo si el nivel de imposición estaba por debajo del tope para cada año", explica Fernando Quiroga Lafargue, socio a cargo de Servicios Financieros de Impuestos de KPMG, quien señala que, también en el caso de la reforma impositiva legal de 2017, las respuestas positivas y negativas sobre los efectos estuvieron bastante repartidas.
Incluso si el consenso fiscal estuviera vigente, este año podrían haberse dado subas de alícuotas. Según un informe del instituto Iaraf, en la actividad de comercio, 9 de las 24 jurisdicciones podría haber elevado su imposición sin incumplir con lo firmado, mientras que en el caso de la industria solo Córdoba podría haber aplicado un aumento de la carga.
Para el economista Nadin Argañaraz, director del Iaraf, la alta carga fiscal y la existencia de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y como el que pesa sobre los movimientos bancarios son limitantes no menores para la inversión. La ley de solidaridad social, votada a fines de 2019, suspendió, por otra parte, las rebajas que iba a haber en el impuesto corporativo a las ganancias y en las contribuciones patronales por los empleados. En este último caso, sí se contempló un beneficio especial para las pymes, siempre que tengan, como máximo, 25 trabajadores a su cargo.
¿Y en las pymes?
El relevamiento de KPMG no contempla a las pequeñas y medianas empresas, que a partir de mañana podrán ingresar a un plan de moratoria impositiva de la AFIP (con planes de pago de hasta 120 cuotas y condonación de multas e intereses). ¿Podría entonces ser diferente la percepción de este segmento, respecto del peso de la carga fiscal e incluso respecto de las inversiones posibles para 2020?
"Las empresas chicas tienen algunas medidas a su favor, como la moratoria, pero en realidad son las grandes las que traccionan a las chicas en cuanto a la actividad -señala Soledad Pérez Duhalde, economista de la consultora Abeceb-. Se requerían medidas de alivio para las pymes, pero salvo algunos nichos, no es el sector que dinamizará la inversión".
¿Y cuáles son, en todo caso, las posibilidades reales de que haya un arranque de inversiones de un nivel significativo? Argañaraz dice que, además de una mayor presión tributaria para determinados sectores, la ley de solidaridad social dispuso darle al Poder Ejecutivo la posibilidad de hacer una redistribución de recursos, pagando más a sectores de menores recursos, para intentar reavivar el consumo. Pero, según coinciden en decir Argañaraz y Pérez Duhalde, como la industria está usando el 60% de su capacidad instalada, un crecimiento de la demanda de productos no implicaría que se necesiten más inversiones. para poder satisfacerlas.
"El escenario macroeconómico esperable es clave para tomar decisiones de inversión -apunta el economista del Iaraf-. Y se requiere que los resultados del proceso de reestructuración de la deuda se traduzcan en una mayor estabilidad de las variables económicas, para que se genere un horizonte de mayor previsibilidad".
Por ahora, algo previsible y según la percepción casi unánime de quienes se ocupan de impuestos en las firmas, es que la Argentina, en cuanto a normas fiscales, seguirá siendo un lugar con menor atractivo para invertir, con relación a otros países de la región.
Por Silvia Stang
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