El debate por los impuestos: qué se puede hacer durante y después de la pandemia

El aislamiento obligatorio se extiende y los ingresos de comerciantes, fábricas, monotributistas y autónomos están muy golpeados. Desde todos los sectores les piden a los gobiernos de los distintos niveles del Estado un alivio en la carga tributaria. Salvo el caso de las contribuciones patronales, no hay reducciones, aunque sí medidas como los créditos a tasa cero para el caso de personas y subsidios al pago de salarios para las empresas.

Lo cierto es que el peso de las cargas fiscales vuelve a despertar, en medio de una crisis muy fuerte, el debate sobre la necesidad de una reformulación del esquema. Hoy por hoy, déficit creciente mediante, la Argentina no tiene demasiado espacio para avanzar en medidas más allá de las que instrumentó hasta ahora para amortiguar los efectos de la pandemiay la cuarentena.

Especialistas consultados por LA NACION entienden que, de todas formas, hay algunas herramientas para aplicar en esta coyuntura, lo cual no implica, según insisten, evitar la discusión de fondo, para la cual se suman propuestas como la eliminación directa de algunos impuestos y la firma de un nuevo pacto fiscal entre la Nación y las provincias.

La adopción de políticas que tienden a aliviar el peso de los tributos sobre los contribuyentes es una constante en estos tiempos en varios países del mundo. Empuja a eso el efecto que tienen la pandemia del Covid-19 y las cuarentenas sobre la actividad económica y el empleo. Postergar fechas de los vencimientos impositivos; dar subsidios a compañías y reducir tasas de interés; suspender ejecuciones, intereses y sanciones por falta de pagos; suspender inspecciones; reducir y/o devolver contribuciones a la seguridad social; bajar aranceles de importaciones y habilitar la amortización acelerada de activos son algunas de las medidas tomadas por diferentes gobiernos. Alemania, Australia, Austria, Canadá, España, Francia y Hong Kong están entre los lugares donde se le ha dado un uso más intensivo a ese menú de opciones. Nuestro país, dentro de sus limitaciones, adoptó algunas.

En la Argentina existen 166 impuestos, contando los nacionales y provinciales y las tasas municipales, según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Son dos más que un año atrás, porque se sumaron cuatro y se eliminaron dos. Entre las obligaciones agregadas, la principal es el impuesto País, que implica una carga del 30% en la compra de moneda o en los consumos en el exterior o de bienes y servicios del exterior. Además, hay dos cargas extraordinarias creadas por los municipios de Puerto Madryn (Chubut) y Castelli (Buenos Aires) y una carga no extraordinaria que rige en La Plata. Al margen de esas medidas ya dispuestas, está en marcha la creación del impuesto a la riqueza, con el que se busca gravar a quienes tienen un patrimonio que supere un determinado valor. El presidente Alberto Fernández ya dio su aval al proyecto, surgido en las filas del Frente de Todos.

El informe del Iaraf muestra que existen 41 tributos nacionales, 39 provinciales y 85 tasas dispuestas por los diferentes municipios.

Según el dato oficial publicado por el Ministerio de Economía, la presión tributaria neta, si se suman las cargas nacionales y las provinciales, fue en 2019 de 28,4% del producto bruto interno (23,6% por parte de la Nación y 4,8% de las provincias), pero ese es un indicador no completo de lo que significa la carga fiscal para las personas y las empresas, dado el alto nivel de evasión en el país.

Una manera alternativa de ver el peso de las cargas fiscales es observar cuánto del precio de un bien o de un servicio es impuestos. Sobre eso, el Iaraf tiene un estudio reciente que indica que en el caso de alimentos y bebidas, el peso de los tributos en el valor es de 41%.

La crisis provocada en las economías de los países por el coronavirus provocó, según analiza el tributarista César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, más postergaciones de pagos que reducciones de las cargas, pero eso ocurre en un contexto en el cual, en la última década 20 países, bajaron su carga impositiva.

"En la Argentina vamos en la dirección contraria; el sistema impositivo está atado a qué Estado queremos tener, a qué gasto público financiamos. Y la discusión sobre este tema hace años que está postergada", dice Litvin.

Su colega Héctor Villegas Ninci apunta que "lo único" que se hizo en la Argentina a causa de la crisis por la pandemia es "dictar prórrogas de presentaciones, pero no aportar soluciones" para el caso de las compañías. Y ejemplifica: "Nos encontramos con empresas que cumplieron y que tienen saldo a favor, pero ahora no lo pueden usar para pagar otros tributos o para hacer transferencias a terceros".

Lucas Bustos, titular del estudio LGB & Asociados Contadores, de Córdoba, analizó el caso de una pyme que debió cerrar (un gimnasio), con un promedio de venta nominal en el último trimestre con actividad plena de $740.000 mensuales, con 12 empleados. En abril entraron ingresos por solo $88.000, por el cobro de facturas adeudadas de clientes corporativos, alguna acreditación de tarjetas de crédito, o algún pago solidario de un socio (se ofrecieron clases por zoom). Los gastos fijos fueron por $274.200, ya descontada la asistencia del Estado a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y aun cuando se renegoció el valor del alquiler y se "pateó" para adelante la mitad del pago. En los costos variables se contrajo el dinero destinado a impuestos, pero aun así se debieron pagar $22.500.

A partir de las remuneraciones de abril, un grupo de empresas pudo acceder al programa de ayuda estatal para afrontar los salarios del sector privado. El plan prevé el pago del 50% del sueldo de cada empleado, con un monto de entre uno y dos salarios mínimos (es decir, de entre $16.875 y $33.750). Si bien no es una medida impositiva, sí implica una ayuda para el desahogo de firmas en situaciones críticas, aunque una vez lanzado se dispusieron restricciones a las empresas que lo tomen y surgieron temores ante declaraciones de dirigentes del partido gobernante, respecto de la posible apropación de una parte de las empresas.

Evasión, eterno desafío

Un aspecto vinculado a la alta carga tributaria es el alto nivel de evasión. Las cámaras de comercio de todo el país plantean hace tiempo que a través del uso de las redes sociales crece la competencia desleal, especialmente en el rubro de la indumentaria: por ejemplo, se multiplican los show-rooms que directamente no tributan o que pagan lo mínimo. Son formas de comercio paralelas a las ferias informales o a los manteros.

"El nivel de evasión es muy alto en la Argentina e incluye los impuestos a las ventas y Ganancias, además de las cargas por la cantidad de empleados -describe el economista del Ieral, Jorge Vasconcelos-. El IVA, con una alícuota general de 21 %, recauda aproximadamente 7 puntos del PBI. En los países de la región, para recaudar 7 puntos del PBI basta con una alícuota de 15%".

Vasconcelos señala que el problema es que para soportar un gasto público creciente se generalizó la aplicación de "elevadas" alícuotas para Ingresos Brutos en todas las provincias. Esa carga actúa en dupla con el IVA: "Los incentivos a la evasión aumentan de modo geométrico por la agregación de ambos, algo que ocurre en la práctica porque las empresas no pueden escapar de las agencias de recaudación provinciales si son contribuyentes del IVA, y viceversa. Una de las principales víctimas de esos incentivos a la evasión es, por supuesto, la recaudación de Ganancias, el otro soporte de la coparticipación", enfatiza Vasconcelos.

Problemas de distribución

Las provincias más dinámicas, en las que se genera entre el 75% y el 80% de la recaudación de impuestos coparticipables (compartidos entre la Nación y las provincias) son, a su vez, las que tienen menor cobertura de sus gastos con los giros que les envía la administración central. "Despliegan, por lo tanto, una batería de impuestos para generar recursos propios y su principal instrumento es Ingresos Brutos. A su vez, esas provincias también explican el grueso de las retenciones, que detraen Ganancias de las actividades exportadoras, con lo cual cae el crecimiento potencial en esos distritos, ya que se invierte menos de lo que ocurriría en un escenario en el que esos ingresos, netos de costos, pagaran impuesto a las ganancias pero no retenciones", razona Vasconcelos.

Autor del libro Revolución impositiva, el empresario textil Teddy Karagozian evalúa positivamente la asistencia que el Estado les da a las compañías en el marco de la pandemia, pero advierte: "Si no tuviéramos tantos impuestos no necesitaríamos que nos subsidien. En este momento se puede hacer mucho y es una oportunidad única. Mi propuesta es eliminar la mayoría de los impuestos y reforzar algunos", apunta.

El empresario sostiene que el grueso del gasto estatal (los pagos del sistema de la seguridad social, los subsidios a personas y los salarios) es para "darle dinero a la gente para que compre una gaseosa que tiene un alto porcentaje de impuestos en su precio; eso le termina saliendo el doble al Estado, porque cada vez debe subsidiar más; si se eliminaran los impuestos al cheque, Ingresos Brutos, IVA y todos los que pesan sobre el trabajo a los que damos valor agregado, los costos nos bajarían a la mitad".

Y agrega: "Si se pudieran comprar productos a la mitad, los salarios serían la mitad y lo que se produce podría costar menos -agrega-. Debería haber un impuesto a la venta final del 7% y se les debería cobrar otro a los que son propietarios. No hay que pedir una baja de impuestos, hay que hacer un cambio sistemático, una revolución".

Con la mirada puesta en lo urgente, Litvin menciona un portafolio de medidas tributarias que se podrían tomar ahora. Una es eliminar el IVA a los insumos de los exportadores que deben esperar a producir y vender para recuperarlo, un trámite que demora alrededor de un año; otra es permitir el uso de los saldos a favor del contribuyente que "se evaporan con la inflación".

"Los saldos a favor se deberían poder aplicar contra cualquier impuesto, incluso los técnicos del IVA", añade.

También sostiene que los salarios del sector público deberían dejar de incluir conceptos no remunerativos que terminan afectando la recaudación de Ganancias, al disponerse que no tributen. Y, además, en una coyuntura donde se necesita exportar, habría que "bajar gradualmente retenciones hasta eliminarlas, porque son una carga tan dañina que solo nueve países en el mundo la aplican".

Para Villegas Ninci en la Argentina está "tan naturalizado" que el sistema tributario sea muy gravoso, que ni siquiera hubo una "alerta" por un estudio del Banco Mundial que, en octubre de 2019 ubicó al país como el "más gravoso del mundo". El contador sostiene que cualquier medida que se tome en este contexto "no es más que una gota de agua en un vaso repleto" y que "hay que ir a un replanteo de fondo, porque el éxodo fiscal es un problema a atender".

¿Bajar impuestos?

Según considera, sí se pueden bajar impuestos. Cree que se puede avanzar en eliminar exenciones "porque hay una gran cantidad que no paga aun teniendo plata, y siempre le van a sacar recursos al que no da más", sostiene.

Y agrega: "Hay que aumentar la cantidad de gente que paga y no seguir cazando en el zoológico; el Estado debe tomar la responsabilidad de la economía informal. Hay que hacerlo o hacerlo, no hay opción".

En Uruguay, el Congreso analiza un proyecto de ley marco para una reforma impositiva y, según opina Vasconcelos, es una alternativa a observar para resolver parte de los problemas que trae la situación actual de crisis. La propuesta incluye temas no directamente impositivos, pero sí de impacto en las cuentas del sector público.

Los efectos de la pandemia imponen una agenda nueva, porque aumenta el gasto estatal en algunos rubros y, en medio de la crisis, no se puede subir impuestos.

El economista señala que Uruguay llegó a esta coyuntura, al igual que la Argentina, con déficit fiscal, lo cual limita la maniobrabilidad: "En esa iniciativa [la de Uruguay] aparecen en primer plano las reformas que se vinieron demorando, como estirar la edad de jubilación, buscar aprovechar la mejora de precios relativos -bajó el petróleo y el país es exportador de alimentos, por lo cual tienen una mejora los términos de intercambio-, apuntar a desmonopolizar el mercado de combustibles dominado por la estatal Ancap, y apostar a una mayor inserción internacional. Hay que tener una visión global".

En materia estrictamente tributaria, señala Vasconcelos, al menos se debe buscar dar un horizonte de previsibilidad para la toma de decisiones del inversor. Que se sepa que no habrá rebajas, pero tampoco subas. A su criterio, en la Argentina la situación obliga a repensar el pacto fiscal que, hoy por hoy, quedó desarmado. Los tributaristas Litvin y Villegas Nincy coinciden en que hay que volver a ese acuerdo estableciendo premios y castigos para que no haya distritos que, sin hacer nada, se beneficien de los otros.

Karagozian añade que ordenar los impuestos para promover el comportamiento de los actores de la economía en la dirección correcta es la solución "real" al problema fiscal de la Argentina.

Y analiza: "Nuestros problemas no son culturales; son motivados por los incentivos que modelan nuestro comportamiento. Ante incentivos distintos, nuestros comportamientos mejorarían. Cuando nos dicen que son culturales nos están diciendo que no tenemos remedio. Y no es así. Somos jugadores expertos del juego de la economía y nuestra reacción ante un cambio de sistemas sería inmediata y hacia la dirección correcta".

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