Cómo se reparte el dinero de los impuestos que pagamos

Al hacer una compra, de cada 100 pesos que un consumidor paga en concepto de IVA, 11 irán a la Anses y tendrán por destino prestaciones como las jubilaciones. De lo aportado por quienes están alcanzados por el impuesto a las ganancias, más de 6 de cada 10 pesos irán a las administraciones provinciales y de la ciudad de Buenos Aires y deberán destinarse al cumplimiento de las funciones asignadas a los gobiernos de esas jurisdicciones, como las inversiones en educación y servicios de salud.

Esos casos son dos ejemplos de cómo se reparte el dinero de los impuestos nacionales. Este tema es, por estos días, protagonista de tensiones entre gobernadores y funcionarios del gobierno central, porque las medidas que se adoptaron para dar alivio a los bolsillos en una etapa de caída del poder adquisitivo, implican recortes en los recursos que reciben las provincias según el sistema de coparticipación federal.

Las decisiones tomadas tras la devaluación que siguió a las elecciones primarias afectan al IVA y a Ganancias, los dos tributos con mayor participación en la recaudación tributaria de la AFIP, y también al monotributo. En el caso del gravamen que pesa sobre los consumos, se eliminó por 90 días para un conjunto de alimentos. La carga de Ganancias tiene un alivio para los contribuyentes, porque se elevó un 20% el monto libre del impuesto para los ingresos de todo este año y, además, en el caso de los autónomos se redujo en un 50% el monto de los anticipos a pagar en octubre y diciembre. Y los monotributistas serán liberados en septiembre del componente impositivo de su aporte: de ese componente, 70% va a la Anses y 30%, a las provincias.

La queja que llegó desde tierra adentro quedó expresada en un documento firmado por 19 gobernadores en el que, entre otros puntos, piden "compensaciones financieras" por el dinero que no recibirán.

"Las medidas son para aliviar los bolsillos y la reacción de los gobernadores es desmedida y de escasa solidaridad social", considera el tributarista César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados. Agrega que las provincias deberían acompañar la decisión quitando el impuesto a los ingresos brutos a los productos que no están gravados con IVA, además de comprometerse a bajar la presión tributaria local permanente.

¿Cómo es la distribución de lo que obtiene el Estado por los tributos? Los principales destinos, en el caso de los impuestos que aportan más recursos o a los que más personas y empresas están obligadas, se detallan en el gráfico que acompaña esta nota. En el caso del IVA, de lo recaudado y una vez descontados los reintegros a las exportaciones, un 11% va a la Anses, que debe destinar el 93,7% de eso a las prestaciones a su cargo y el 6,27% a las cajas previsionales de empleados públicos de las provincias con sistemas propios. El 89% se coparticipa, lo que implica que se reparte entre Nación y provincias según lo determinado por ley.

Ganancias es coparticipable en su totalidad desde 2018. Entonces, la regla indica que, en primer lugar, se separa un 3% para la Anses: esto ocurre con toda la masa coparticipable y el porcentaje citado es solo por este año y representa el último escalón del esquema por el cual esa detracción disminuye año tras año (hasta 2015 lo que se le quitaba a la coparticipación era 15% y en 2020 será 0%); luego, hay otro descuento, de un monto fijo, que tiene por destino final a las provincias.

Tras esos descuentos, el reparto se hace con los siguientes criterios (esto vale para todos lo coparticipable, que en algunos casos es la totalidad de un impuesto y en otros, solo una parte): 38,14% va al Tesoro para gastos del Estado nacional; 56,66% se deriva en forma automática a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires; 4,2% se destina a Tierra del Fuego y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por normas específicas, y 1% queda bajo gestión del Ministerio del Interior para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.

Esa distribución proviene de una ley de 1988. Y en este punto, el exsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edestein, recuerda que se debería tener una nueva ley de coparticipación desde 1996, según lo que había marcado la Constitución Nacional. El documento del Consenso Fiscal de 2017 insiste en ese compromiso y menciona que existen más de 50 conflictos judiciales entre la Nación y diferentes jurisdicciones.

La contadora Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, opina que una reforma de la coparticipación debería resolver, entre otros puntos, el alto grado de participación que hoy tienen los fondos que provienen de esta fuente respecto de los ingresos corrientes de las provincias, la falta de incentivos para la recaudación propia de las jurisdicciones, las desigualdades existentes y la falta de sanciones por déficit y endeudamiento.

Por fuera de la coparticipación, un impuesto significativo para la recaudación y que se destina desde 2018 totalmente a la Anses es el que pesa sobre los movimientos bancarios. Y otra carga no coparticipable, que en este caso se destina al Tesoro Nacional, es la de los derechos de exportación. Del otro lado (es decir, 100% coparticipables) hay impuestos internos que pesan sobre la adquisición y el consumo de determinados productos, como bebidas alcohólicas y servicios de telefonía celular.

Cada vez que se carga combustible, por su parte, de lo recaudado por el impuesto a ese consumo va a las provincias un 10,4%, igual porcentaje que a la Nación. Y el resto se distribuye a destinos específicos, como fondos para la vivienda, el transporte público y las jubilaciones.

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