Caputo gana recursos en el control de las empresas públicas y suma funciones para privatizarlas
Creará cinco cargos con rango de Director Nacional en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que depende del Ministerio de Economía; además, podrá proponer interventores, coordinar procesos de privatización, revisar oferentes e implementar un sistema de monitoreo de las compañías
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LA NACION
El discurso del Gobierno sobre privatización de empresas públicas todavía no se cristalizó en hechos, pero tras muchas idas y vueltas ganó recursos. Después de la salida del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, absorbió la responsabilidad del área de las sociedades del Estado bajo la figura de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada el 18 de julio. Cuarenta días después, este organismo adquirió más funciones y recibirá nuevos fondos.
El decreto 764 que lleva la firma del presidente, Javier Milei, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, amplió el mapa de influencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que antes tenía 14 funciones y ahora 26. Pero no solo eso. También estableció la creación de cinco nuevos puestos de empleo público: Director Ejecutivo de Apoyo Legal, Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones, Director Ejecutivo de Pliegos y Contratos Especiales, Director Ejecutivo de Articulación Laboral y Director Ejecutivo de Apoyo Societario y Relaciones Contractuales, “todos con rango de Director Nacional y remuneración equivalente al Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I”.
Según fuentes oficiales, esto significa que cada uno tendrá una remuneración bruta de $3.085.430,42 que surge de sumar el grado 0 del Nivel A del Agrupamiento Profesional y el Nivel I de la Función Ejecutiva. Las mismas fuentes aclararon que a esa cifra se le debería descontar distintas percepciones, como por ejemplo el impuesto a las Ganancias. En consecuencia, el neto bajaría a $2.665.000 aproximadamente.
De esta manera, esos cinco nuevos directores se sumarán a la estructura liderada por Diego Chaher. En la época possista se desempeñó como interventor de Télam y, tras el ascenso de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete, el área de empresas públicas sufrió modificaciones. Cambió de jefe. Al principio era controlada por quien parecía un hombre de máxima confianza de Milei, Nicolás Posse.
El tema empresas públicas no sólo representa un asunto relevante en el discurso libertario sobre privatizaciones, sino también implica la administración de recursos millonarios, así como una gestión especializada para cada una de ellas. Solamente las empresas públicas no financieras son 33 y hasta el 31 de julio recibieron transferencias por casi $2,5 billones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Tras la salida de Posse y el ascenso de Francos, el control de las empresas públicas pasó a las manos de Luis Caputo. El Gobierno creó la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y al frente de ella, el ministro nombró a Chaher, quien ahora tendrá más funcionarios a su cargo.
A su vez, el nuevo decreto le agregó funciones a esta Agencia que depende del Ministerio de Economía. Una de ellas es la “implementación y administración de un sistema de monitoreo permanente del desempeño” de las empresas públicas. En paralelo, esta unidad ejecutora tendrá que coordinar las áreas de articulación y seguimiento de las compañías declaradas “sujetas a privatización”. Según la Ley Bases, las firmas que podrían ser privatizadas son Enarsa, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
A propósito de ellas, la Agencia deberá “implementar los mecanismos que garanticen la transparencia en los procedimientos de manifestación de interés para la elección de potenciales oferentes con experiencia y solvencia debidamente acreditada”. Incluso, tendrá que brindar asistencia para la contratación de asesores cuya labor tenga el objetivo de “realizar las tasaciones”.
Además, esta unidad podrá “coordinar la contratación de asesores y servicios de consultoría especializada” y proponer “la designación de al menos un director o interventor” en las empresas públicas.
Hasta el momento, ninguna de las empresas “privatizables” informó negociaciones sobre posibles ventas. Desde el Gobierno explicaron que un paso previo a eso es sanear a las compañías. De ahí proviene el ajuste de las transferencias a ellas y la reducción de sus plantas.
Sobre el corrimiento del Estado en el mundo de sus empresas, la noticia más relevante en este sentido ha sido el proceso de capitalización de Impsa a través del cual el Gobierno perdería sus acciones en la firma fundada por el Grupo Pescarmona.
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