Canje: horas críticas de negociaciones a la espera de la séptima prórroga

"Debo ser explícito y claro: no tenemos cómo poder pagar más", escribió el domingo 3 de mayo el ministro de Economía, Martín Guzmán , en una columna en el Financial Times. Acababa de lanzar, una semana atrás, la primera oferta para reestructurar US$65.000 millones de bonos elegibles en dólares bajo legislación extranjera.

Desde entonces, alargó esa negociación en seis oportunidades y mañana podría ser la séptima. En el camino, pasó de ofrecer un valor presente neto (VPN) de cerca de US$40 dólares por cada 100 a un tope de US$50 –fijado con la anuencia del Fondo Monetario Internacional (FMI)– a los actuales US$53,5. Es un salto de US$15.000 millones entre capital e intereses, según datos privados, o de US$8270 millones, según el Ministerio de Economía, para acercar posiciones.

Los bonistas no perdonan. Pero una nueva prórroga hasta el 28 de agosto –fecha prevista, pero no confirmada– de la segunda oferta realizada el 6 de julio no generaría nuevos intereses corridos. Esos ya están incluidos hasta el 4 de septiembre, la liquidación de la operación, en la última enmienda que realizó la Argentina, que volvió a ser calificada como definitiva. "Este es el máximo esfuerzo que puede hacer la Argentina", repitió Guzmán el jueves pasado en una presentación en el Atlantic Council.

El verdadero costo de la negociación es la incertidumbre. Un veterano profesor universitario y economista analizó la capacidad de reconstrucción económica. "Tienen que mejorar el cepo. Sino olvídate", dijo. Esta semana, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , confirmó el diagnóstico ante más de 300 empresas estadounidenses.

"No tenemos intención de que esta sea una política permanente –dijo Kulfas sobre el cepo–. Habrá una salida gradual en la medida que la Argentina genere mejor oferta de dólares, se termine la incertidumbre de la deuda y afloje la presión sobre el tipo de cambio. Ahí vamos a relajar, pero no somos amigos de la desregulación absoluta".

"La negociación se alarga y la economía espera. Cada mes que se extiende cuesta US$330 millones. Pero es poco comparado con las decisiones o las inversiones que se frenan, y los puestos de trabajo que se pierden", explicó el ex secretario de Finanzas y director de Econviews, Miguel Kiguel.

La diferencia –calculado según los VPN– entre la última oferta oficial y la que hicieron los tres grupos de acreedores (AdHoc, ACC, y Exchange) que negocian con el país es de US$2000 millones. Calculada en base al flujo es de US$280 millones por año.

En un primer momento, la división entre esos tres grupos generó complicaciones para un cierre con una buena adhesión. No había, esgrimían en Economía, posibilidad de satisfacer a todos con una única oferta. "Ten cuidado con los que deseas", dice el dicho: el alineamiento en un bloque de todos los grupos en las últimas semanas transparentó con qué cartas habría acuerdo. Pero ese movimiento condicionó al Gobierno: todos esos bonistas juntos, pueden bloquear la oferta oficial.

No es casual el debate encendido en los últimos días sobre la "buena fe" desde ambas partes de la negociación. "La espada de Damocles de juicios por aceleración no puede menospreciarse. Sólo con un 25% de un bono lo pueden hacer", explicó un economista que sigue día a día la negociación.

Entre los acreedores juran que el martes, día de cierre de la oferta, el Gobierno no llegaría a 35% de adhesión, cuando en la Casa Rosada pusieron un piso de 50%. La posibilidad de arrastrar a quienes no ingresan tiene dos condicionantes: el primero, que la oferta reciba un respaldo del 66,6% de toda la deuda. El segundo es doble: o el Gobierno reúne un piso de 50% de los votos del agregado de los bonos de los canjes de 2005 y 2010 y de los títulos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri, o, si en alguna de esas dos familias de papeles no se alcanza ese 50%, el Gobierno puede redesignar series de bonos y llegar al 60%.

Los bonistas le escribieron esta semana a Guzmán una carta. Dicen que lograron aglutinar detrás de su oferta a más del 50% de la deuda emitida durante el gobierno de Mauricio Macri y más del 60% de la deuda de lo canjes de 2005 y 2010. Para no seguir en default, el Gobierno deberá negociar de nuevo, creen los acreedores, que piensan que un acuerdo económico puede cerrarse en US$54,5 o US$54,9 por dólar. El tema legal, indentures y redesignación (y sus límites) son también cuestiones a resolver.

Guzmán aceptó conversar pero siempre dentro de los límites y el "lenguaje estándar" respaldado por los mercados internacionales de capital (ICMA) por el FMI y el G20. Sobre los avances, y las críticas mostrar sus cartas, suele decir que que los acuerdos de confidencialidad firmados lo obligan a transparentar -una vez levantados- las propuestas presentadas a los acreedores. En su equipo advierten que no existen las negociaciones rápidas en estos temas, pese a que todos le recuerdan a Ecuador.

Pese a que el ministro dijo que avanzará en una reformulación de acuerdo con el FMI sin cerrar la negociación con los acreedores privados, la posibilidad de lograr dólares frescos dependerá del board del organismo, o sea, donde pisa fuerte Donald Trump. Sin dólares, y sin un plan claro, la economía ondularía entre un crecimiento lento y una inflación ascendente. El costo de esa incertidumbre son las inversiones y el financiamiento para promover los objetivos presidenciales de acumular divisas provenientes de la exportación. "Soy un instrumento del Presidente", suele decir Martín Guzmán antes de avalar nuevos movimientos pese a que su mentor, Joseph Stiglitz es un viejo conocido de Cristina.

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