“Viejas trabas por nuevas”: diputados pidieron al Gobierno detalles sobre el nuevo sistema de trazabilidad ganadero

Luego de que el Gobierno oficializara el sistema electrónico obligatorio de trazabilidad individual para bovinos, bubalinos y cérvidos a partir del 1º de marzo de 2025, un grupo de diputados presentó un proyecto de resolución para pedir información al Poder Ejecutivo respecto de la operatoria del programa a ponerse en marcha.

Son 11 los puntos del pedido de Francisco Morchio, legislador por Entre Ríos, y que fue acompañado por Oscar Agost Carreño, de Córdoba; Nancy Ballejos, de Entre Ríos; Sofía Brugge Brambilla, por Corrientes; Ignacio García Aresca, de Córdoba; Carlos Gutiérrez, de Córdoba; Nicolás Massot, de Buenos Aires; Emilio Monzó, de Buenos Aires; Miguel Ángel Pichetto, de Buenos Aires; y Alejandra Torres, de Córdoba.

Días atrás, el Gobierno anunció un nuevo sistema de trazabilidad obligatoria, individual y electrónica. Esto se hará a través de un préstamo del Banco Mundial (BM), que solventará todo el cambio. “El Estado nacional proveerá a los productores ganaderos hasta el día 30 de junio de 2026, y sin costo para éstos, la cantidad de dispositivos electrónicos aptos necesarios para cumplimentar lo establecido en los artículos precedentes”, dijeron en la resolución 71/2024 publicada el 17 del actual.

Diputados

Entre los considerandos, los legisladores expresaron su preocupación respecto a la “intención del Gobierno de implementar, de manera obligatoria, un sistema de identificación electrónica para los animales” y manifestaron la necesidad de los productores ganaderos de contar con información relevante antes de su implementación”.

“Nada se ha transmitido de manera formal. El repentino cambio y el corto plazo otorgado por el Estado nacional para su implementación implicará una grave complicación para los productores que verán alterado el proceso de producción para intentar cumplir con la adaptación requerida”, dijeron.

“Lo que necesitan los productores que trabajan en sus pequeñas y medianas empresas agropecuarias, familiares en su mayoría, es un alivio fiscal que les permita producir y no una medida que suponga una nueva traba para la producción por una readecuación burocrática. La incorporación de tecnología a la producción agropecuaria arroja una serie de interrogantes que necesitan ser despejados previo a ser implementados”, añadieron.

Preguntan que, con mercados que exigen actualmente un sistema de trazabilidad individual electrónica de bovinos, bubalinos y cérvidos, cuál sería el diferencial de precios generado que recibirían los productores.

Por otro lado, buscan saber cuál es el avance de las gestiones iniciadas por el “Gobierno con países como Japón, Corea del Sur, Indonesia, Filipinas u otros para acceder a esos mercados”. En ese sentido, quieren conocer los detalles de estos acuerdos de mercado que haya firmado la Argentina con estos países y si “quedó establecida la exigencia de utilización del sistema establecido en la resolución” y “si habría algún diferencial de precio en las exportaciones argentinas”.

En este contexto, para los legisladores nacionales es crucial saber “quiénes son o serán los fabricantes y/o proveedores de los dispositivos electrónicos y de qué manera se llevará a cabo el proceso de selección del proveedor y/o fabricante”.

Asimismo, desean tomar conocimiento sobre las “medidas de seguridad que se utilizarán para garantizar la fiabilidad y el resguardo de los datos personales de los productores y su hacienda y cuál será el costo inicial de su implementación, así como también se informe sobre el presupuesto y la partida asignada para solventar la adquisición de los dispositivos electrónicos por parte del Estado”.

“¿Quién será el desarrollador de la aplicación móvil y cómo se resguardarán los datos personales de los productores y su hacienda? ¿Se prevé un proceso que audite la protección de los datos personales de los productores y su hacienda a fin de evitar posibles fugas en la información?”, indagan.

Por último, solicitan información sobre “el costo estimado de la adquisición de los dispositivos para los productores a partir del 1º de julio de 2026, fecha en que el Estado dejará de proveer sin costo los dispositivos electrónicos a los productores ganaderos”.

“La realidad es que el Gobierno debería implementar medidas que agilicen la gestión de quienes quieren producir, simplificando los procesos burocráticos, quitando impedimentos y restricciones para potenciar al sector favoreciendo la libertad de mercado y no cambiando viejas trabas por nuevas”, finalizaron.

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