Vicentin: volvieron las caravanas para defender a la empresa
En Avellaneda, Santa Fe, empleados jerarquizados de la agroexportadora fueron hasta Reconquista, donde está el juzgado del magistrado Fabián Lorenzini, para expresar el rechazo a su negativa de no homologar una propuesta de pago del concurso de acreedores
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LA NACIONMariana Reinke
Desde muy temprano, esta mañana, en la localidad santafecina de Avellaneda, trabajadores jerarquizados de la empresa cerealera Vicentin realizaron una caravana para expresar su rechazo absoluto a la decisión del juez de la causa, Fabián Lorenzini, de negar la homologación de la propuesta hecha por la agroexportadora para salir del concurso de acreedores. Al son de eternos bocinazos, se formó una larga fila de autos y camionetas que marcharon rumbo a Reconquista para expresar su descontento frente al juzgado de Lorenzini.
Antes de salir de la ciudad, cuando tomaron la avenida, donde se encuentra la fábrica, se detuvieron y se tomaron una fotografía frente a la entrada del complejo industrial. Desde adentro se escuchaba la sirena de la firma que acompañaba la concentración. En la actualidad, en ese lugar unas 300 personas trabajan a fasón. En total la empresa posee unos 2000 empleados de manera directa.
“Defienden su fuente de trabajo pero no conocen los pormenores de la causa. La empresa siempre se portó muy bien con los empleados. Hay que saber separar las cosas”, dijo a LA NACION una fuente consultada.
Los cinco kilómetros de ruta que separan ambas ciudades fue muy custodiada por la policía para ordenar el tráfico de ambas manos. Cuando llegaron a la plaza frente a la oficina del magistrado, decenas de personas desplegaron enormes banderas argentinas y carteles, cantaron el Himno Nacional y luego aclamaron varias veces por la homologación propuesta por la firma, diciendo: “El pueblo unido jamás será vencido”. Poco a poco, comenzaron a desconcentrar y regresaron a Avellaneda. Luego el sindicato fue recibido por Lorenzini para interiorizarse de cómo sigue la causa.
Para José Gianneschi, perteneciente a la empresa, la decisión del juez es “totalmente irresponsable”.
“No se entiende que luego de tanto tiempo de trabajo, decida (Lorenzini) tirarlo por la borda. Habíamos logrado una propuesta mejorada y de buenas a primeras la rechazó. Ahora hay que volver a arrancar y los trabajadores tenemos una incertidumbre muy grande de lo que puede llegar a suceder si no aparece un oferente que dé una propuesta superadora”, expresó.
En coincidencia, María del Mar Moschen, empleada administrativa que no pertenece al sindicato, señaló que se venía trabajando muy bien a fasones en el complejo del norte de la provincia, con resultados positivos para pagar la deuda de los bancos, a pesar de la enorme sequía que paró las plantas del sur pero que, con esta decisión judicial “si nadie se presenta, la empresa va a ir a la quiebra, a desguace”.
“No entendemos por qué el juez no aceptó la homologación después de lograr el acuerdo con los acreedores. Sin duda hay presión política de un grupo que se quiere quedar con la compañía. Si no se presenta nadie hay futuro incierto para todos y quedaremos todos en la calle”, remarcó.
Semanas atrás, este grupo de trabajadores fuera de convenio y que no es parte de la causa, junto a otros empleados sindicalizados presentaron dos notas al juez para pedir la homologación de la propuesta de Vicentín y que este pedido sea incluido en el expediente. “Es algo impensado lo que pasó el viernes pasado y los empleados estamos recibiendo cachetazos de todos lados”, dijo Moschen.
La decisión de Lorenzini
La cerealera propuso pagar a 12 años un monto cercano a los US$520 millones, lo que significaba algo más del 30% de la acreencia, en un esquema de fideicomiso y para abrir luego la participación de tres interesados: Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), y así salir del concurso. Vale recordar que Vicentín tiene una deuda de más de US$1500 millones.
Ayer lunes, Lorenzini abrió el cramdown, el mecanismo donde un acreedor o externo puede presentar un plan propio para salvar la compañía. En este sentido, se estima que quien se quiera hacer cargo de la empresa debería poner unos US$800 millones.
Por Mariana Reinke
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