Vicentin quedó a un paso de la homologación de un acuerdo para salir del millonario concurso

Luego de más de tres años de un concurso abierto por unos US$1574 millones, la cerealera Vicentin logró hoy que el juez del caso, Fabián Lorenzini, certifique la existencia de conformidades suficientes en una propuesta de acuerdo de la empresa con sus acreedores. El Banco Nación anunció que la impugnará por considerarla “abusiva y contraria a los intereses” de la entidad.

Vicentin, que busca cerrar el concurso, había presentado una propuesta a 12 años que incluye un fideicomiso con tres interesados estratégicos. Bunge Argentina, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), se quedarían con el manejo del 95% de la empresa, mientras que los accionistas de Vicentin con el 5%.

La empresa anunció a fin de junio pasado que ya había logrado reunir las conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de capital y de personas requeridas para que su propuesta de pago sea aprobada en el marco del concurso preventivo. Obtuvo 63% de las personas y 74% del capital.

Tras declarar que se reunieron las mayorías para que se pueda homologar el acuerdo concursal, el magistrado abrió un período de 10 días para eventuales impugnaciones, pese a que la ley de concursos y quiebras establece cinco días hábiles siguientes a que quede notificada la resolución.

El Banco Nación (BNA) informó que impugnará. “El acuerdo preventivo de Vicentin es, desde lo económico, extremadamente desfavorable para el banco y, desde la óptica jurídica, es palmariamente contrario al principio de igualdad de los acreedores que prima este tipo de procesos”, sostuvo la entidad a cargo de Silvina Batakis en un comunicado donde, enfatizó, que el supuesto compromiso de pago por parte de la cerealera “no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda al Banco Nación”.

Destacó que Vicentin le debe más de 300 millones de dólares. Recordó que es un “acreedor privilegiado” e insistió en que la propuesta es “discriminatoria, abusiva y en fraude a la ley, considerando que contempla cláusulas de similar naturaleza para acreedores de diversa cuantía, sin contemplar diferencias entre los interesas y características propias de los distintos afectados”.

Pasados los 10 días, Lorenzini le dará una instancia a Vicentin para que pueda responder a las impugnaciones. Cumplido este trámite el juez resolvería sobre si homologa todo y concede la salida del concurso. Lo que tiene que homologar son los contratos definitivos y la propuesta de pago de la deuda. La cerealera ofreció pagar hasta US$30.000 a cada uno de los acreedores y el 10% del monto verificado convertido a dólares. Al año siguiente pagará otro 10%.

Luego, todos los créditos pasarán a un fideicomiso que recibirán en 12 años aproximadamente un 10% final, sujeto a las contingencias que deba asumir la compañía en el transcurso de ese período.

Dentro de los contratos definitivos hay una cláusula en donde se indica que los tres socios estratégicos ingresarían a Vicentin al cabo de ese plazo y que en el medio la cerealera va a ser administrada por un directorio independiente, prestando servicios de fasón exclusivamente a ellos tres, a cambio de lo cual recibirá el pago de la totalidad de los costos fijos y variables de la operación, incluyendo el mantenimiento de los activos.

“Atento al tiempo transcurrido y la opinión formulada por la Sindicatura (cargos N°2464 A 2468), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, LCQ, hágase saber la existencia de conformidades suficientes para con la propuesta de acuerdo preventivo. Teniendo especialmente en cuenta la extensión y complejidad no solo del proceso, sino también de la propuesta concordataria en ciernes, otórguese a los interesados un plazo de diez días hábiles para ejercer su derecho a impugnación (art. 50)”, resolvió Lorenzini.

“Confiamos en que impere el buen criterio y el concurso sea homologado prontamente dadas las necesidades de resolver esto rápidamente en virtud de la sequía”, dijo Estanislao Bougain, director independiente de la firma, luego de que se conociera la decisión del juez.

La semana pasada, el directivo había manifestado la “preocupación” porque con la caída de la producción de granos por la sequía y la incertidumbre sobre la homologación se les hacía “muy difícil” conseguir fasones para sostener la actividad de la firma.

Actualmente la empresa trabaja con esa modalidad, es decir, presta servicio a terceros. Tanto los granos que diariamente ingresan a las plantas para ser procesados como los productos que se elaboran (harina y aceite) pertenecen a otras compañías. Por esa razón, el directivo alertó que con la caída de la disponibilidad de granos por la sequía va a bajar la demanda para producción a fasón. En este contexto, dijo que la empresa queda obligada a “hacerse cargo de todos los costos fijos con una caja que es finita”.

Vale recordar que un grupo de al menos 72 acreedores granarios de la cerealera habían impulsado un proceso de cramdown de la empresa. Se trata de un mecanismo de última instancia a una quiebra que permite que acreedores u otro actor externo pueda formular una propuesta para tomar el control.

Entre las firmas que promovían el proceso estaban empresas conocidas como Gear, Grassi SA, Granar, Ortega Hermanos, La Clementina, La Constancia Agro SA, Baya Casal Enrique M. SA, entre otras.

“La quiebra y/o el desguace o un plan de pagos como el planteado, son un golpe al corazón de la cadena del agro, es decir, a cientos de pymes de todo el país, que verán socavados sus capitales de trabajo, construidos con mucho esfuerzo durante décadas”, habían indicado en un comunicado.

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