Vicentin. Qué dice la propuesta de quienes piden que sea una empresa pública no estatal
SANTA FE.- Dirigentes políticos y sociales del país propusieron al presidente, Alberto Fernández, que impulse la transformación de la firma agroexportadora Vicentín, actualmente en concurso de acreedores, en una empresa pública no estatal, argumentando que la Argentina "necesita una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos".
Rubén Giustiniani, uno de los diputados provinciales firmantes del documento, consideró que "sería importante buscar el camino de una empresa pública no estatal. Tendrían un rol clave las cooperativas para gestionarla porque conocen perfectamente el negocio y pueden manejarlo con idoneidad. La idea que sea no estatal es para no comprarse un muerto con una deuda de 1350 millones de dólares", subrayó el legislador.
El legislador explicó que "no hay que permitir que una quiebra deje a los trabajadores en la calle, que el Banco Nación no cobre los 300 millones de dólares que prestó [para prefinanciar exportaciones] y que se termine de extranjerizar el comercio de granos que es fundamental para el país".
La propuesta lleva las firmas de los diputados provinciales Carlos del Frade, Damaris Pacchiotti, Agustina Donnet y Rubén Giustiniani; de los concejales Caren Tepp y Juan Monteverde; de dirigentes políticos y sociales como Claudio Lozano (uno de los nuevos directores del Banco Nación), Pino Solanas, Victoria Donda, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Itai Hagman y Víctor de Gennaro y de intelectuales como Mempo Giardinelli, Horacio González y Maristella Svampa, entre otros.
En el texto se avala la petición señalando que es necesaria tal decisión "ante la posibilidad de que las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el holding en detrimento del Banco Nación, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria".
En la nota agregan que el pedido es como consecuencia del "fraude" consumado por Vicentín, que incluye "el uso irregular del crédito público y la expresa comisión de delitos de evasión tributaria, fuga de divisas y lavado de activos. Por ello, es imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad".
También señalan que "el avance de grupos transnacionales como Glencore, Dreyfus y Cargill, así como la aparición en escena de dirigentes asociados a etapas aciagas de nuestro país que intentan promover una mentirosa salida nacional y popular, resulta alarmante. Situación ésta que será la segura consecuencia de dejar librada la resolución al devenir de los negocios y la Justicia". Hace unas semanas corrieron versiones de un supuesto interés del empresario José Luis Manzano por adquirir el pasivo de Vicentín.
Vicentín, nacido en Avellaneda, al norte de esta provincia, se declaró en cesación de pagos el 4 de diciembre de 2019, causando un fuerte cimbronazo en el sector agroexportador. Giustiniani recordó que el grupo posee "activos muy importantes, como el puerto de San Lorenzo, centros de acopio de granos en varios puntos de la provincia y otras vecinas".
Todo el grupo, sumando otras áreas de negocios, posee unos 7000 trabajadores dependientes. Los que pertenecen a una empresa algodonera, el frigorífico Friar, y una bodega en Mendoza perciben sus sueldos regularmente, según se informó.
El juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, tiene a su cargo la resolución del concurso de acreedores. Recientemente, una Comisión de Seguimiento, integrada por diputados provinciales, lo entrevistó. "El juez nos anticipó que el proceso del concurso de acreedores va a llevar más de un año para resolverlo", añadió Giustiniani.
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