Vicentin no descarta resistir la expropiación en la Justicia

El día después de que el Gobierno decidiera avanzar sobre los activos de Vicentin, con la intervención y el anuncio de un proyecto de expropiación, la incertidumbre y la resistencia se instalaron en la firma exportadora de granos y subproductos. Ayer hubo frenéticos contactos en la familia propietaria de la empresa para definir los pasos por seguir. En ese entorno, nadie descarta la posibilidad de resistir en la Justicia mientras se mantiene el concurso preventivo por casi $100.000 millones declarados como deuda con productores, proveedores y bancos.

Tampoco hubo alfombra roja a los enviados de la Casa Rosada. En Avellaneda, sede de la empresa, los recibieron con una asamblea y el pueblo se movilizó con un "bocinazo". Por la noche, otra manifestación en Reconquista, en la puerta del hotel donde se alojaban los emisarios del Gobierno, logró que la policía se llevara del lugar a Luciano Zarich, el subinterventor.

En Vicentin no esperaban para nada la avanzada oficial. Es que entre el lote de siete interesados con los cuales negociaban alguna integración o venta de activos estaba YPF Agro, la empresa que ahora, según el Gobierno, debería absorber la cerealera tras la expropiación. Autoridades de la empresa negociaban con la firma estatal e, incluso, estuvieron en contacto con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por una solución conjunta. Ahora Perotti apoya la intervención estatal.

Según pudo saber LA NACION, ayer, desde bien temprano, los directivos de la firma agroindustrial pusieron sobre la mesa un análisis con abogados y expertos constitucionalistas sobre el alcance de la decisión del presidente Alberto Fernández. El foco estuvo puesto en las inconsistencias de la medida oficial no solo porque la compañía tramita un concurso, sino porque la decisión arremete contra negocios que estaban al margen del problema de la deuda, como las actividades de un frigorífico, una algodonera y otro vitivinícola.

Decidido a avanzar con la medida, ayer el Gobierno formalizó con el decreto 522 a Gabriel Delgado al frente de la intervención de Vicentin. Será secundado en el cargo por Luciano Zarich, exfuncionario del Ministerio de Agricultura. Por otra parte, trascendió el contenido del proyecto de expropiación que se debatirá en el Congreso, que dispone que la expropiación se pague con la deuda que Vicentin mantiene con el Banco Nación por prefinanciación de exportaciones ($18.000 millones), además de con la AFIP. También habilita al Poder Ejecutivo a contraer deuda o emitir títulos para pagar el resto. Se crea el Fondo Fiduciario Agro Argentina, que manejará YPF Agro. Según ese borrador, los empleados del grupo exportador pasarán a YPF.

Ayer, el subinterventor Zarich se presentó en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, cuyo titular, Fabián Lorenzini, tiene la causa judicial de Vicentin, y dejó notificada la intervención de la empresa. Zarich y una delegación llegaron al aeropuerto de Reconquista y se movilizaban en ocho automóviles y camionetas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con acompañamiento de la Policía Federal. Según se informó, en ese encuentro los funcionarios le dijeron al juez que la intervención no interferirá con la decisión de la Justicia. Correrá en paralelo. Luego, esa comitiva se reunió con los dueños de la empresa y pidieron las llaves de las oficinas. Los dueños se negaron a otorgar el acceso.

"Los representantes del Estado mantuvieron un encuentro con los accionistas de la empresa, Sergio Nardelli y Sergio Vicentin, quienes se negaron a habilitar el acceso a las oficinas, por lo que se abrió una instancia de diálogo con el objetivo de concretar la intervención de Vicentin", dijeron fuentes oficiales. Tras la visita al juez, Zarich fue con la comitiva que lo acompañaba hasta Avellaneda, donde están las oficinas. Según confiaron algunas fuentes a LA NACION, desde la empresa se había ordenado al personal desalojar las oficinas y dejar todo cerrado.

Algunos miembros del personal y unos herederos de la familia Vicentin fueron testigos de la llegada de la delegación rodeada de policías. El sitio web Reconquista Hoy consignó que hubo algunos agravios mientras que integrantes de la delegación estatal se hicieron "selfies con el edificio de fondo". Lo tomaron como una provocación.

A la tarde, en Avellaneda hubo una masiva de movilización de vecinos que se habían convocado por redes contra la expropiación. Mientras el Gobierno quiere avanzar con la intervención y expropiación, ayer unos 200 trabajadores de las plantas de Vicentin de San Lorenzo y Ricardone le expresaron al secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) la incertidumbre sobre quién completará el pago del sueldo de mayo, si la empresa o el Gobierno tras el anuncio. Les resta percibir un 35% del salario que, según Pablo Reguera, titular del gremio, debe pagar la compañía porque corresponde a mayo.

Con la colaboración de José E. Bordón, Francisco Jueguen y Germán de los Santos

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