Vicentin. La empresa irá a la Justicia contra la intervención y la expropiación

Luego de que el Gobierno decidiera cerrar el diálogo político con la cerealeraVicentin y apostar todo a la expropiación, salvo el canal del contacto formal del interventor, Gabriel Delgado, con la empresa, en la compañía tienen en claro que no habrá más encuentros como el que su CEO, Sergio Nardelli, mantuvo el jueves pasado con el presidente Alberto Fernández. Por ello, como ven que el Gobierno quiere avanzar sí o sí con la expropiación, en la firma están decididos a recurrir a la Justicia para evitar perder sus activos.

La empresa, que mucho antes del anuncio oficial venía explorando alternativas con diversos grupos nacionales, incluso la división agrícola de YPF (con la marca YPF Agro), y del exterior, ve una postura inflexible en el Gobierno. El viernes pasado mantuvo una reunión en YPF con el presidente de la petrolera, Guillermo Nielsen, y el ministro de Producción, Matías Kulfas. Acercó una propuesta, pero fue desestimada por el Gobierno, que la consideró "muy preliminar".

Vicentin tiene una deuda declarada por casi $100.000 millones y un concurso preventivo judicial en marcha. Sus plantas industriales están operando en un 40% de su capacidad vía contratos de fasón y no dejó de pagar los sueldos de los empleados. Más allá del default, situación en la que cayó sobre fin de 2019, no le había ido mal en los dos años anteriores, cuando logró aumentar de más de US$3500 millones a 4200 millones sus ventas globales.

La lectura que tienen en la firma sobre la reacción oficial es que el Gobierno quiere ir sí o sí por la expropiación. Por ello, según pudo saber LA NACION, tras entusiasmarse con la posibilidad de un diálogo constructivo con las autoridades, la compañía está apuntando a defenderse de la oficial en la Justicia. En los últimos días, diversos expertos cuestionaron y hasta consideraron inconstitucional la ofensiva del Gobierno con un concurso preventivo en marcha.

"Me preocupó mucho que quedara en manos de capitales extranjeros. Para nosotros ese es un mercado muy importante. Nosotros rescatamos a Vicentin de un camino seguro al precipicio, que terminaba con la quiebra o en manos extranjeras", dijo Fernández en declaraciones radiales.

En 2014, con Cristina Kirchner como presidenta, la firma estatal china Cofco se quedó con el 51% de Nidera (hoy tiene el 100%), una firma que tenía fuerte presencia de capitales argentinos además de holandeses, y nadie desde el kirchnerismo protestó por ese cambio de manos, que significó el fin de la participación de capitales locales.

Según trascendió, el miércoles próximo ingresaría al Senado el proyecto oficial de expropiación. Un borrador al que pudo acceder LA NACION la semana pasada contemplaba que, además de pagar la expropiación con la deuda que la firma debe al Banco Nación ($18.000 millones) y a la AFIP, se recurra al endeudamiento, incluido el externo, para pagar el remanente.

"El oficialismo está fuera de foco si pretende aprobar un permiso para contraer deuda en el mercado internacional precisamente en el momento en que la Argentina está reestructurando su deuda externa; o ellos mismos quieren que al Gobierno le vaya mal", señaló Alejandro "Topo" Rodríguez, diputado nacional por Consenso Federal.

"La intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el actual gobierno en cabeza del presidente Alberto Fernandez viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática", dijo la empresa en una solicitada publicada hoy en los diarios.

En el fondo, los directivos no quieren perder la empresa, y en esa línea habían presentado el concurso de acreedores en febrero pasado, cuando comenzaron a conocerse los primeros pedidos de quiebra por parte de empresas acreedoras.

Cuando cayó en default en diciembre pasado, la firma lo hizo incumpliendo pagos por más de US$300 millones a productores. A eso, que en su momento la empresa consideró como un "estrés financiero" que pensaba resolver pronto, le siguieron otras complicaciones cuando se politizó la deuda con el Banco Nación, unos $18.000 millones para prefinanciar exportaciones.

Pese a que el Gobierno desestimó por supuestamente muy preliminar una propuesta de la empresa, la firma está buscando dar la imagen de que en todo este tiempo se preocupó por buscar interesados para la compra de activos. De hecho, no solo habló con YPF Agro, sino también con otras empresas internacionales del rubro. También con un grupo que, apenas se conoció una vinculación con el empresario y exdirigente justicialista José Luis Manzano, irritó al kirchnerismo.

El viernes pasado, según pudo saber LA NACION por empleados de la compañía en Avellaneda, Luciano Zarich, subinterventor en la firma, reunió al personal, se presentó y dio a conocer un equipo de unas 5 personas que lo acompañarán. Zarich, segundo de Delgado, estará más en la parte operativa de la intervención. Al personal le transmitió el mensaje de que el Presidente quiere conservar las fuentes de trabajo y los activos de la compañía.

"Nos reunió y nos dijo que era para que llevemos tranquilidad a nuestras familias. Dijo que nos necesita para sacar la empresa adelante", contó un empleado a LA NACION.

Según el decreto presidencial, la intervención es sobre Vicentin SAIC, que maneja entre otras unidades a la aceitera. No está en esa línea el frigorífico que tiene la familia, tampoco el negocio de lácteos, comprado a SanCor, ni una algodonera, esta última bajo el holding Vicentin Family Group. Este viernes, la algodonera tuvo un parate en la producción en medio de un conflicto gremial.

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