Vicentin: la Corte de Santa Fe rechazó un pedido y sigue la incertidumbre sobre el concurso de la cerealera

ROSARIO.-La Corte Suprema de Santa Fe rechazó un planteo presentado por Vicentin que cuestionaba un decreto dictado por el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, que el 16 de junio pasado dispuso el avocamiento de la causa. Con esa decisión judicial, el concurso de acreedores de la empresa, en default por más de US$1500 millones, quedó en el aire a pesar de que la agroexportadora posee el aval del 61% de los acreedores y tiene un acuerdo que solo resta ser homologado por el juez del concurso, Fabián Lorenzini.

Ahora la Corte Suprema de Santa Fe en pleno debe decidir el futuro de la convocatoria de acreedores, tras quedar firme el decreto de avocamiento que dictó el titular del tribunal después de un pedido que hizo la empresa Commodities SA.

Es un hecho que no tiene muchos antecedentes, sobre todo en uno de los concursos más grandes de la historia de Santa Fe. Empiezan a aparecer “fantasmas” detrás de una maniobra que parece forzar a que la causa termine en la instancia de crowndown, que consiste en un llamado a terceros interesados, acreedores e inclusive a la propia concursada, a los fines de presentar una propuesta que permita sortear la quiebra de la compañía.

Con la firma de cuatro ministros, Roberto Falistocco, María Angelica Gastaldi, Mario Netri, y Daniel Erbetta, el máximo tribunal rechazó el planteo de Vicentin, que pidió que el expediente volviera al magistrado que tramitó la causa. Pero todavía la Corte Suprema no tomó ninguna decisión de fondo, es decir, sobre el futuro del concurso: esto es si se designará un nuevo juez, en reemplazo de Fabián Lorenzini, si dejará la causa en el juzgado de origen, o la misma Corte Suprema de Santa Fe se ocupará del expediente, algo poco probable.

No hay indicios sobre cuál puede ser el destino, pero la mayoría de las fuentes judiciales apuntan a que podría designar un nuevo juzgado para que continúe el concurso. Lo cierto es que es muy difícil que el concurso se cierre pronto, algo que no le conviene a la agroexportadora. La situación se podría complicar si el caso queda en el aire.

“De acuerdo con lo resuelto se tramitará el pedido de avocación y, una vez escuchadas las partes, se escuchará la opinión del Procurador, y luego la Corte decidirá si se avoca a la causa, o bien rechaza el pedido y devuelve el expediente al juzgado de origen”, explicaron a LA NACION fuentes de la empresa.

Planteo judicial

El decreto firmado en junio pasado por Gutiérrez sorprendió porque suspendió los plazos del concurso en momentos en que Vicentin decía tenerlo encaminado. Pidió copia del expediente de más de 10.000 fojas al juez Lorenzini que está al frente del caso desde la apertura de la causa hace más de dos años.

Esta decisión del titular del máximo tribunal se produjo por pedido de Commodities SA, empresa que pertenece al grupo Grassi, una corredora de cereales que es uno de los principales acreedores privados por más de 40 millones de dólares. Detrás de esta estrategia aparecen intereses entremezclados entre empresarios de medios de comunicación de Rosario y exfuncionarios políticos, entre ellos José Luis Manzano, según trascendió.

Todavía la Corte Suprema no tomó ninguna decisión de fondo sobre el futuro del concurso

Esa decisión de Gutiérrez generó un clima de incertidumbre, porque dejó en el aire el concurso que ya ingresaba en su tramo final. Lo más probable es que el desenlace del concurso se retrase, algo que la firma convocada quiere evitar. Incluso, se habla de que están en juego las 1800 fuentes de trabajo de las plantas ubicadas en el Gran Rosario si la situación se dilata y se caen los acuerdos.

Si el “avocamiento” se confirma, la Corte Suprema correrá vista a las partes –entre ellos a la empresa y a la sindicatura del concurso- para que den su opinión. A la par solicitará al Procurador de la provincia que realice un dictamen para luego tomar una decisión final sobre quién retomará el concurso.

La decisión que tomó el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe sorprendió a todos los actores involucrados, entre ellos a la compañía, e incluso a los mismos ministros del máximo tribunal que se enteraron por los medios del breve y críptico decreto que congeló los plazos del concurso que estaba en el tramo final. El llamado “avocamiento” que dispuso Gutiérrez es una especie de per saltum que elimina las instancias judiciales superiores al del juez de instrucción.

Vicentin presentó el reclamo a la Corte Suprema, tras el decreto de Gutiérrez, porque necesita que la situación tenga una resolución lo más pronto posible. “Están presentadas en el expediente todas las conformidades. Tenemos la doble mayoría de acreedores y capital y esperamos confiados en que esta situación se resuelva”, señaló en diálogo con LA NACION –antes de que se conociera el fallo- Estanislao Bougain, director de Vicentin.

“Pensamos que como no hay ninguna irregularidad en el concurso la Corte Suprema puede revisar la causa porque está dentro de sus atribuciones. Las mayorías están presentadas y los acreedores que expresaron su acuerdo son más de 1000. La intervención de la Corte fue sorpresiva pero la respetamos. Nosotros defendemos la legitimidad de lo transitado en el concurso”, agregó el directivo de la firma nacida en Avellaneda, el norte de Santa Fe.

En el medio de este escenario cargado de incertidumbre, y a la par de la convocatoria de acreedores, el abogado Gustavo Feldman, que representa a este grupo empresario, presentó a título personal un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, desde febrero de 2020 al frente del concurso.

Feldman aseguró en diálogo con LA NACION que “el desempeño del juez Lorenzini en la causa está plagado de irregularidades, con conductas recurrentes apartadas de la legalidad en favor de Vincetin”.

Este cuestionamiento al juez del concurso, que va por otro carril judicial, busca socavar en el fondo también el concurso de acreedores. Porque otra cuestión que influyó en la decisión del presidente de la Corte de paralizar el concurso fue la causa penal que se tramita en los tribunales de Rosario que tiene a exdirectivos de Vicentin imputados, entre ellos, al presidente –con licencia- de la agroexportadora Omar Scarel, acusado de desobedecer una medida cautelar que le ordenaba al grupo económico no vender activos. Según los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, la empresa se desprendió en abril del 33% de sus acciones en la aceitera Renova a manos de la multinacional cerealera Viterra.

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