En un comunicado oficial, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec) expresaron "su profunda preocupación" por el decreto emitido esta semana por el gobierno nacional para intervenir la empresa Vicentin. Advierten, además que, la participación del Estado en el sector "no es conveniente".
La industria agroexportadora considera que se deben respetar todos los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución Nacional y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. "Violentarlos genera inseguridad jurídica y cuestionamientos a la propiedad privada y asimismo aleja las inversiones en el país", aseveran.
En el documento remarcan que "la eventual participación del Estado en el sector no es necesaria ni conveniente, con el claro potencial de distorsionar y afectar una industria pujante y que ha sido ejemplo mundial de inversiones privadas en innovación y desarrollo, generándose el 'cluster' agroexportador privado más grande del mundo mediante la estabilidad de reglas".
También hacen hincapié en que la intervención del Estado argentino no es el mensaje adecuado para la comunidad empresarial, ya que si no se consigue brindar certidumbre, el acceso al financiamiento internacional será muy difícil y el ingreso de divisas se pondría en riesgo.
Asimismo, remarcan en que si el Estado continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. "Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial", añaden.
En tanto, en un comunicado la Bolsa de Cereales de Buenos Aires señaló: "Observamos como positiva la apertura de una instancia de diálogo empresa-gobierno para arribar a una solución, que permita mantener la operatividad y el pleno empleo sin necesidad de recurrir medidas extremas que, como se explica en el texto siguiente, perjudicarán al erario público y sobretodo nuestra imagen de país en momentos críticos de renegociación de deuda".
"Respecto de la decisión de intervenir la firma Vicentin S.A.I.C. a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, señalamos la necesidad de resaltar la prevalencia del orden jurídico institucional que, como bien supremo, debe guiar las acciones referidas a la convivencia social. En tal sentido y para el caso planteado, cualquier interés de participar en el sector agroindustrial, con el propósito de hacer productivo al trabajo e inversiones de la firma Vicentin , debería manifestarse y resolverse dentro de la convocatoria de acreedores que ya brinda el marco legal aplicable", agregó.
"En relación a un posible proyecto de expropiación, a enviar al Congreso Nacional, no se observa posibilidad de que el mismo pruebe, en forma contundente, indubitable y cuantificable, la utilidad pública que se debería invocar para aplicar tal procedimiento", indicó.
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