Vicentin. Los sondeos a Roberto Urquía que terminaron en rechazo

CÓRDOBA.- Pocas horas después de la reunión del presidente Alberto Fernández con directivos de Vicentin, y de la ratificación de que el Gobierno mantenía la decisión de expropiar la empresa, comenzaron a circular versiones sobre un contacto de Fernández con Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD), para participar de "un ente o grupo" que se hiciera cargo de la empresa. Aunque Urquia prefiere el silencio, fuentes cercanas al empresario cordobés indicaron a LA NACION que no hay interés en la compañía santafecina. "No es así; no hay nada de eso", dijeron.

AGD es otra de las grandes agroexportadoras argentinas, integrada verticalmente y con presencia en ocho provincias. Especialistas en el sector coincidieron ante este medio que sería ilógico que un empresario que es competencia de Vicentin se involucrara en los planes del Gobierno. "Si la logran hacer competitiva, es como hacer crecer enanos en su propio jardín y si no sale adelante lo podrían acusar de querer cortar la competencia", graficó un referente de la industria de granos.

Urquía es un empresario de bajo perfil; en Córdoba estuvo ligado siempre al peronismo: llegó al Senado nacional de la mano de José Manuel de la Sota y mantiene su vínculo con el actual gobernador, Juan Schiaretti. Fue de los primeros empresarios grandes en aparecer públicamente con Fernández; lo recibió en AGD y aportó $30 millones a su campaña y $19 millones a la de Mauricio Macri.

En 2008, durante el debate por la resolución 125, pasó de ser un "empresario modelo" para el kirchnerismo a ser un "enemigo". Así lo catalogó el piquetero Luis D Elía por oponerse a la medida. Fue la misma época en que Schiaretti quedó en la vereda de enfrente del kirchnerismo por avalar la reacción del campo. Esta vez el gobernador prefirió no hablar de los planes oficialistas con Vicentin; en la provincia la cerealera mantiene una deuda de unos $5000 millones con productores. Sólo uno, el grupo DEM de Río Cuarto, concentra casi $1400 millones.

Roberto Urquía fue de los primeros empresarios grandes en apoyar a Fernández. Sobre Vicentin solo dice: "Decidí no hablar de este tema por ahora".

Los cuatro diputados que responden a Schiaretti son claves para que el proyecto de expropiación sea aprobado por esa Cámara; todavía no se definieron públicamente. La Mesa de Enlace de Córdoba está organizando reuniones con los representantes de los distintos partidos, pero hasta el cierre de este artículo no había confirmación del cronograma.

Los empresarios provinciales reunidos en el Grupo de los 6 (G6) públicamente les pidieron no avalar la expropiación; además de entender que el fundamento de "soberanía alimentaria" no corresponde, subrayaron que genera incertidumbre e inseguridad jurídica. Fuentes del gobierno de Córdoba admitieron que las "ideas" sobre cómo gestionar Vicentin fueron "variando". Una posibilidad, que no se ve mal desde el poder local es que sean las cooperativas (que además son acreedoras) las que tomen la mayor responsabilidad. Al parecer esa posibilidad quedó atrás.

Otros tiempos

Industriales aceiteros y cerealeros cordobeses recuerdan muy bien las épocas de negociación con Guillermo Moreno y subrayan que una de las frases que más les repetía el entonces secretario de Comercio Interior era: "Yo no necesito entrar a ninguna de sus empresas; los puedo manejar sin hacerlo. Hacerme cargo implica buscar gente que conozca ese tema y yo no la tengo".

Durante seis años los "manejó" a través de las cuotas de exportación de granos y de un fideicomiso financiado por la industria para fijar el precio interno del aceite de soja. Moreno les pedía a las cámaras la lista, "ordenada", de las firmas que querían cupos. Así podría restringir las operaciones al exterior. "Es el peor de los remedios, pero se usó. El exportador sólo compraba cuando tenía la cuota, si no lo hacía a un precio muy menor y por eso los productores se quejaban", repasa un protagonista de esas negociaciones.

Guillermo Moreno les repetía a los empresarios "no necesito entrar a ninguna de sus empresas; los puedo manejar sin hacerlo".

Esos referentes coinciden que las cooperativas tienen capacidad para gestionar y ayudar a recuperar a Vicentin sin provocar alteraciones de mercado. Otra que está interesada en que la compañía funcione es Glencore, que es socia en Renova, "pero no la van a convocar nunca porque es una multinacional".

En general, la percepción del sector es que la cerealera es una suerte de "cabecera de playa", de que la estrategia del Gobierno podría no agotarse ahí. "Hay otras empresas muy complicadas también, como Molino Cañuelas", refieren. El Banco Macro le pidió la quiebra a esa firma en marzo.

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