La decisión del presidente Alberto Fernández de, además de intervenir la cerealera Vicentin, avanzar con su expropiación, está generando un clima de inquietud en el campo donde, más allá de la situación de esa empresa en particular, alertan por un avance sobre la propiedad privada.
En simultáneo, se agrega a ese malestar, que en rigor ya viene desde que el Gobierno incrementó las retenciones (en soja, del 24,7 al 30% primero y luego del 30 al 33%, y en maíz y trigo del 6,7 a 12%, entre otros productos) el hecho de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, estaría ofreciendo a los acreedores del país un bono atado a las exportaciones que, según los productores, implicaría la continuidad de las retenciones que quieren ver eliminadas.
Ayer, un nutrido grupo de productores se reunieron a la vera de la ruta provincial 85, en Salliqueló. La situación actual del agro estuvo en la charla al costado de las rutas y allí se hicieron reflexiones que involucraron lo ocurrido con Vicentin, la presión impositiva en general, entre otros. Ruralistas de otras regiones de la provincia anticiparon que la reunión ocurrida en Salliqueló se replicaría en otras zonas.
"En caso que se pretenda llevarse puesto el estado de derecho y se pretenda violar la propiedad privada, Salliqueló será sólo el comienzo de numerosas protestas", dijo a LA NACION Matías De Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
"El Estado sabe que no es capaz de hacer lo que hace un privado, pero tiene la fantasía de jugar al empresario e intervenir y regular de esa manera los mercados. Esto termina con una empresa empleadora de militantes y amigos a los que se les paga por no hacer nada, en fin otra piedra a la mochila impositiva que cargamos los privados. Llama la atención la obstinación y persistencia en el error de creer que pueden regular, intervenir, avasallar otros poderes y seguir aumentando un Estado descomunal. En Carbap molestan mucho las acciones que avasallan la República y no nos vamos a quedar callados", agregó el presidente de la entidad.
"Nosotros, como productores, que venimos siendo víctimas de la confiscación de nuestro esfuerzo y del trabajo desde hace largos años, comprendemos la problemática de trabajadores y titulares de aquellas empresas que hoy sufren la intervención estatal, impulsada por un sector que no habiendo logrado éxitos propios intentan apropiarse del fruto del trabajo ajeno, esa misma gente que ha multiplicado por cuatro la pobreza y los asentamientos urbanos de emergencia", apuntó la Asociación Rural de Salliqueló en un comunicado posterior al encuentro a la vera de la ruta.
Si bien en el caso puntual de Vicentin su entrada en default en diciembre pasado afectó a unos 2000 productores, en general los productores aguardaban una solución en el marco del mismo sector privado, en particular considerando que la empresa está en concurso de acreedores. No solo entre los productores hay una visión de rechazar la figura de la expropiación para resolver este tema, sino que otros actores de la cadena agroindustrial opinan lo mismo. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), dijo que desde esa cámara son partidarios de que haya una "solución económica para un problema económico".
Los productores que se reunieron en Salliqueló se declararon en estado de alerta y movilización y remarcaron: "Exhortamos al campo, a nuestros dirigentes y a los argentinos de bien a estar unidos para defender la división de poderes y el estado de derecho que nos garantizará la Argentina que merecemos para nosotros y las generaciones venideras".
Respecto del bono que Guzmán ofrecería a los acreedores, los productores señalaron: "Nuestro sector no puede permitir que nos condenen al pago de una deuda de la cual nunca fuimos responsables".
Sobre este mismo tema, Productores Agropecuarios Autoconvocados Argentinos dijeron en un mensaje que hicieron circular por redes sociales que esa propuesta implicaría la existencia de retenciones "para siempre".
"De ser esto así, le exigimos al Gobierno que deje de comportarse como la burra porque eso nos obligará a dejar de sembrar no sólo trigo", apuntaron.
"Lo intimamos a que entienda que hace décadas que no comprenden los problemas de la sociedad por lo cual sus medidas siempre logran el efecto contrario al deseado. Así, en pos de bajar la pobreza la aumentan, y ahora con la excusa de lograr seguridad en el abastecimiento alimentario, que ya tenemos, seguramente lo perderemos", agregaron.
En este contexto, la Sociedad Rural de Jesús María, Córdoba, también se declaró en estado de "alerta permanente" por la situación creada en torno de Vicentin.
"La decisión del Gobierno Nacional de intervenir la firma Vicentin no hace más que aumentar nuestra preocupación y confirmar nuestros dichos recientes. De efectivizarse su expropiación, el impacto sería nocivo no sólo para nuestro sector, sino también para el comercio en general", dijo la entidad.
"Los productores conocemos perfectamente la situación de la compañía y lo que la ha llevado a este desenlace. Pero el punto no es defender a Vicentin, sino advertir el modo en que el Ejecutivo está manejando esto. Si el argumento es que los productores puedan cobrar, pues deberíamos atenernos a la Justicia y a la legislación vigente de concursos y quiebras. Se supone que sólo un juez puede disponer la intervención de una sociedad comercial", agregó.
"Velaremos por nuestros derechos y la propiedad privada, buscando el apoyo de la sociedad, las fuerzas vivas y representantes de diversos estamentos", remarcó la Rural de Jesús María.
Walter Malfatto, presidente de la filial Bragado de Federación Agraria Argentina (FAA) fue crítico también con el avance oficial sobre la empresa. "Ni en chiste pueden expropiar a Vicentin, no pueden comprar ni fideos y quieren manejar el mercado de granos", indicó.
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