Vicentin: en medio de un proceso complejo, se extendió el plazo del cramdown de la cerealera
El juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de la empresa, fijó como nueva fecha el 17 de octubre próximo para que se presenten interesados en quedarse con la firma
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El juez Fabián Lorenzini, que envió a la cerealera Vicentin a un proceso de cramdown luego de rechazar homologar una propuesta de pago del concurso de acreedores, extendió hasta el 17 de octubre próximo el plazo que se vencía a fin de mes para que se presenten interesados. El cramdown permite que un acreedor o externo haga una propuesta.
Así lo resolvió el magistrado en un escrito firmado hoy. “Resulta trascendente propiciar que las personas o empresas interesadas en competir en el período de concurrencia no se vean desalentadas de hacerlo por cuestiones no esenciales, dispensables en esta etapa o cumplimentables dentro de un plazo de tiempo adecuado”, dijo el juez.
Luego detalló en otro tramo: “Para favorecer la más amplia difusión del proceso se extenderá por diez (10) días hábiles judiciales el plazo originalmente dispuesto. En consecuencia, el nuevo plazo para que los interesados presenten sus pedidos de inscripciones vencerá el día 17 de octubre de 2023 o el día hábil inmediato posterior si resultare feriado”.
El viernes pasado, Lorenzini negó la homologación de la propuesta de pago de la cerealera, algo que sorprendió a la empresa ya que estaban conseguidas tanto las cápitas como el capital necesario para salir del concurso. Ayer, en declaraciones radiales, Estanislao Bougain, director independiente de la firma, alertó sobre la posibilidad de una quiebra si no se presentaban interesados antes de que cierre el proceso. La empresa apeló y está dispuesta a presentarse también en el cramdown, pero si no lo hace otra compañía automáticamente va a la quiebra. Vicentin ofreció el pago de unos US$520 millones a sus acreedores, al margen de US$300 millones que se necesitan para la operación de la firma.
“Nosotros vamos a estar en el cramdown. No vamos a permitir que la compañía carezca de una propuesta seria y estamos seguros que somos los únicos que la podemos formular. Pero si no tenemos con quien competir esa oportunidad no existe”, expresó en declaraciones radiales.
Según lo dispuesto, los postulantes “deben acreditar solvencia mediante la demostración de las fuentes de financiamiento comprometidas para las operaciones a desarrollar”.
“Para formalizar la inscripción en el registro de oferentes deberán efectivizar el depósito en garantía y como seriedad de oferta, consistente en la suma en pesos equivalente a US$100.000 al momento de su presentación en la cuenta judicial abierta para este expediente en el Nuevo Banco de Santa Fe, sucursal Reconquista (Santa Fe), o seguros de caución a satisfacción del Juzgado”, indicó lo resuelto por Lorenzini.
Hoy, en un duro comunicado, los exportadores pidieron no hacer política con el caso Vicentin. Vale recordar que esta semana Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación, admitió que esa entidad estaba trabajando en una propuesta. El banco, no obstante, más allá del análisis de alternativas, no puede presentarse para ser accionista y sí pretende recuperar una acreencia de US$300 millones.
“Es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país”, indicó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).
Agregó: “Si el Estado continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, esta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado”. Y pidió: “Se ruega a las autoridades nacionales y provinciales que eviten politizar las decisiones judiciales que no están en firme y que se abstengan de emitir mensajes que pueden ser interpretados como riesgo laboral para las familias de la industria aceitera nacional”.
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