Vicentin. El difuso rol de los hombres que designó Fernández
LA NACION
Luego del revés que el juez Fabián Lorenzini, que tiene a su cargo el concurso de acreedores de Vicentin, le propinara al plan del gobierno nacional de intervenir la empresa, los interventores designados por el presidente Alberto Fernández quedaron en una especie de laguna operativa porque, si bien el magistrado sí los aceptó como veedores, no tomaron esa posición.
Gabriel Delgado y Luciano Zarich fueron elegidos por el Presidente para hacerse cargo de la firma por 60 días. Ya se les consumió 17 días de esa misión. Pero Lorenzini la frenó.
Según pudo saber LA NACION, Delgado se encuentra por estas horas asesorando tanto a Fernández como ayudando al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que también intentó una intervención desde su provincia pero el juez la relegó abriendo un incidente aparte.
Allegados al equipo de la intervención sostienen que el rol de veedores, que es el que les adjudicó Lorenzini a los funcionarios del Gobierno, no fue asumido como tal.
"Gabriel no asumió ese rol. Era interventor por 60 días. Ni veedor ni expropiador", contó una fuente cercana al equipo de la intervención. En el círculo de los funcionarios tienen en claro que la misión asignada por el jefe de Estado no fue en rigor la de veedores sino de interventores de la compañía.
En efecto, tras el arribo a las oficinas en Avellaneda, Santa Fe, de un equipo de trabajo bajo las órdenes de Zarich, el segundo de Delgado, empleados de ese lugar le dijeron a LA NACION que no vieron más por allí a los funcionarios.
"No aparecieron más, al menos por la oficina", señalaron empleados de las oficinas en esa localidad.
Si la iniciativa de tanto la intervención nacional como la de Santa Fe fue frenada por el juez Lorenzini, al interior del sector agropecuario la opción de Perotti tampoco convence.
Ayer, el gobernador de Santa Fe estuvo con la Mesa de Enlace provincial y allí escuchó reparos de algunos dirigentes que tienen dudas de que una intervención pueda sentar precedentes para otras acciones futuras en empresas en crisis. En el ruralismo santafesino, como en otros eslabones de la cadena agroindustrial, insisten que todo debe seguir en el marco del concurso judicial estrictamente.
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