Mientras se espera que el proyecto de expropiación de Vicentin llegue a mesa de entrada del Senado, y luego que varios proyectos alternativos aparecieran como propuestas superadoras a la del Gobierno, el campo se mostró a favor de cualquier iniciativa alejada de la decisión oficialista de quedarse con la empresa agroexportadora.
En diálogo con LA NACION, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo que hay que ver los proyectos alternativos que están circulando como una solución intermedia. "Esto es un avance importante. Nuestro objetivo es que el Estado no avance en el sector privado", puntualizó.
Esta semana, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, alineados al exministro del Interior Rogelio Frigerio y al expresidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, desarrollaron un proyecto intermedio entre la expropiación oficialista y el rechazo total por parte de la bancada opositora, donde plantean una alternativa distinta para el futuro de la empresa.
La iniciativa sostiene una nueva estrategia de gerenciamiento para la compañía agroexportadora en el que participen las cooperativas y productores agropecuarios. La idea es conformar una gerencia de producción y otra de reestructuración de la deuda hasta que logre la recuperación financiera. La primera deberá garantizar el pago inmediato de las deudas a los pequeños productores, en tanto la gerencia de reestructuración de la deuda buscará inversores nacionales para recuperar la empresa, garantizando su funcionamiento.
En coincidencia con CRA, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló que "es un proyecto que vemos que incluye puntos centrales de nuestra posición: la derogación del DNU que propone la intervención y expropiación, el regreso de la cuestión a la órbita de la Justicia y la búsqueda de una solución para la empresa que proteja a los acreedores".
En esta línea, Carlos Achetoni, de la Federación Agraria Argentina (FAA), indicó que cualquier propuesta siempre se verá como superadora del proyecto de expropiación. "Agotando todas las instancias aun así sigue siendo una mala decisión la expropiación. El Estado no es referente en el manejo de ningún recurso, hay sobradas muestras que ha fracasado manejando recursos", remarcó. "Que se busque un salvataje es bueno, no de la empresa en sí, sino por el rol que cumple la compañía en el sector y por las deudas que tiene con las cooperativas", agregó. Achetoni, según contó, estuvo conversando con Monzó por el proyecto alternativo presentado desde su espacio.
Días atrás, el excandidato a presidente Roberto Lavagna presentó una iniciativa para que el Estado, sin llegar a la expropiación y sin interferir en la operatoria de rutina, arme un acuerdo y se quede con una acción (nominal) de oro para usar como veto en caso de ser necesario. Asimismo, el economista remarcó que el camino no es la expropiación porque se debe "trabajar en el marco del concurso y que es factible hacer una empresa mixta ante la situación actual de la compañía".
Otro de los proyectos alternativos fue realizado por el diputado nacional por Santa Fe Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, que se sustenta en que la compañía se transforme en un consorcio exportador con participación de la firma, de YPF Agro -la división agro de la petrolera-, los trabajadores, cooperativas y el Gobierno de Santa Fe.
Para el dirigente de CRA, las distintas iniciativas son parecidas, solo que "básicamente algunas tienen en cuenta una participación más importante de las cooperativas y otras buscan tener una presencia más destacada de los acreedores" pero para que prosperen es vital que la oposición cierre filas para lograr una mayor fuerza en comisión. "Cualquier proyecto sin injerencia pública es viable, pero eso lo debe decidir el juez de la causa", dijo.
En este contexto, Pelegrina entiende que más allá de estos aspectos que consideran correctos, "la presentación de estos proyectos deben ser enmarcados dentro de una estrategia parlamentaria global que evite culminar en una expropiación u otro tipo de medidas contrarias a la Constitución y las leyes".
Con una postura más es prudente, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, prefirió no opinar sobre los proyectos alternativos, "porque aún se están evaluando en profundidad cada uno de ellos".
Por último, Chemes estimó sustancial que se avance en la investigación de por qué la empresa agroexportadora llegó a ese nivel de endeudamiento para prevenir situaciones semejantes en otras compañías.
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