Luego de la decisión del juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, de apartar el viernes pasado a los interventores designados por el presidente Alberto Fernández para dejarlos solo como veedores, y en cambio reponer al directorio de la empresa cerealera, en la sede de la firma en Avellaneda, Santa Fe, el primer día laboral tras esa definición de la Justicia se vivió con cambios.
Según relataron empleados a LA NACION, por un lado en esa ciudad ahora no está ninguno de los funcionarios del gobierno nacional. En los últimos días, quien estuvo haciendo la parte operativa de la intervención fue Luciano Zarich, segundo del designado interventor Gabriel Delgado. Por otra parte, esta mañana hasta se cambió la seguridad de los accesos a la oficina central
"Fue el primer día que los guardias nuevos no tenían un listado del personal y, entonces, a cada uno les preguntaban y anotaban nombre y apellido", relató a LA NACION un empleado de la firma.
Describió que se fueron de la empresa todos los funcionarios que acompañaban a los interventores y tras el ingreso de hoy de los empleados "después fue todo normal. Se entró como un día más, normal, y cada cual a su oficina a laburar".
"El viernes se fueron y hasta ahora no volvieron", señaló sobre el equipo que respondía a la intervención del gobierno nacional. Precisó que ya no está la guardia de la intervención oficial. "Ahora está la seguridad que siempre tuvo Vicentin", apuntó.
La familia dueña de la cerealera está desparramada en torno de las distintas plantas de la compañía. Maxi Padoán y Héctor Vicentin, entre otros, están justamente en Avellaneda, en tanto que luego hay directivos de la familia en Ricardone, San Lorenzo y Reconquista.
Tras la masiva movilización del sábado contra la expropiación de Vicentin,que se replicó en casi 100 lugares del país con un banderazo, el Gobierno desactivó por ahora esa vía mientras se aferra al resultado de un plan propuesto por el gobernador Omar Perotti.
Ayer, el presidente Alberto Fernández recibió en Olivos a Gabriel Delgado, el interventor designado en la compañía que ahora quedó como veedor por decisión del juez Lorenzini.
Tras ese encuentro, Delgado escribió en Twitter: "Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos". Luego agregó: "El propósito de gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar".
Esa mención significa que por ahora queda desactivada la opción de la expropiación y que, en cambio, se buscará que prospere la alternativa propuesta por Perotti. El mandatario de Santa Fe, en cuya localidad de Avellaneda tiene su sede Vicentin, ofreció que se haga una intervención a través de la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe.
"La alternativa es capitalizar deudas vía el concurso y tomar el control de la empresa. Eso es lo que venían trabajando con Perotti. El objetivo es rescatar la empresa, el único instrumento viable que veía Alberto Fernández era la expropiación pero desde el primer día dijo que si traían otro instrumento lo iba a analizar. Desde hace varios días se estaba trabajando esta opción. Si camina se resuelve por ahí. Si no camina la vía es la expropiación", dijeron fuentes oficiales.
Antes de la propuesta de Perotti, en los últimos días se conocieron otras alternativas para Vicentin. Luis Contigiani, diputado nacional del Frente Progresista Cívico y Social, propuso crear un consorcio exportador con cooperativas y el gobierno de Santa Fe, además de la Nación. Roberto Lavagna, exministro de Economía, promueve que el estado impulse un acuerdo y se quede con una acción de oro para usar cuando lo considere. También hubo una propuesta de diputados ligados al expresidente de la Cámara baja, Emilio Monzó.
No solo en la dirigencia del campo están en contra de la expropiación, sino también acreedores comerciales clave, como es el caso de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Vicentin le debe a esta firma unos US$100 millones.
Según trascendió, esta cooperativa está gestionando con las autoridades de Santa Fe que dejen la solución entre las empresas y con el juez. La propuesta en esta línea sería que, por ejemplo Vicentin, haga un plan para que por un tiempo determinado sus ganancias vayan a parar a ACA.
"Lo más importante es que todas las unidades del negocio sigan funcionando para obtener márgenes, no se devalúe el capital y mantenga toda la mano de obra como hasta ahora", contó una fuente al tanto de esa alternativa.
Vicentin cerró contratos a fasón con varias empresas y, según dicen desde la misma compañía, ya recuperó 40% de su actividad.
Esta alternativa no contempla la intervención estatal en esa etapa y que la cerealera garantice con la actividad el pago de la deuda.
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