El grupo Vicentin informó hoy que sigue con sus cuentas bloqueadas por una decisión judicial y no puede afrontar el pago de salarios y otros compromisos.
La semana pasada, el juez penal de primera instancia del Distrito Nº2 de Rosario, Hernán Postma, ordenó el bloqueo de todas las cuentas que el grupo Vicentin posee y la cerealera alertó que peligraba el pago de salarios a sus empleados y otros compromisos.
El juez accedió a un pedido de bloqueo que formuló el fiscal Miguel Moreno, el mismo que lleva adelante una causa tras una denuncia hecha por acreedores por presunta estafa. Moreno la semana pasada ordenó una serie de allanamientos sobre la compañía y exdirectivos.
"Es una medida persecutoria teñida de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad", dijo el viernes pasado Vicentin sobre el bloqueo en un comunicado.
Hoy, la empresa expresó que, pese a una medida aclaratoria del juez, siguen sus problemas. "Más allá de la medida aclaratoria al Banco Central que el propio juez tuvo que dictar el pasado día viernes y que demuestra acabadamente los desaciertos de su disposición original, a la fecha, los bloqueos a las cuentas de la empresa, continúan vigentes imposibilitando el normal funcionamiento de la compañía y afectando de manera directa a todos los trabajadores", advirtió la empresa.
Según Vicentin, la medida "continua imposibilitando que la empresa, contando con los recursos para efectivizar los pagos, pueda cumplir con los compromisos salariales con sus trabajadores".
Hace unos meses, el juez Postma se salvó de un juicio político a raíz de una denuncia por presunto mal desempeño. Su abogado defensor, Gustavo Feldman, fue el mismo que impulsó el reclamo de acreedores por el cual la semana pasada el juez falló ordenando el bloqueo de las cuentas del grupo.
El viernes último, la empresa había alertado que se trata de una "medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente" porque lo lleva a la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos. Asimismo, dijo que la disposición se hizo extensiva para con otras empresas que no tienen que ver con la concursada Vicentin SAIC. Incluso, un accionista tiene un geriátrico y, según una fuente de la compañía, ahora tampoco podrá pagar sueldos.
Según la cerealera, los motivos del pedido del fiscal Moreno, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario, "son absolutamente falsos" y que no existe "ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el tramite concursal, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por el juez Lorenzini".
Vale recordar que Fabián Lorenzini, juez del concurso de la firma en default por más de US$1300 millones, designó el 3 del actual a Andrés Shocron como "coadministrador-interventor" con rango de presidente.
Como se mencionó, Moreno la semana pasada llevó a cabo una serie de allanamientos en los domicilios particulares de los directivos y accionistas de le empresa y en las sedes administrativas. "No cabe otra posibilidad que concluir que esta sucesión de medidas buscan impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo", remarcó la cerealera.
En este contexto, los directivos de la cerealera apuntaron contra el juez y el fiscal y dijeron que poco les has importado "la tranquilidad y el bienestar de los más de 5000 trabajadores y familias de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires que serán directamente afectados por esta inconcebible decisión".
Agregaron que más allá de las dificultades financieras que la compañía ha atravesado, sus trabajadores "han sido la prioridad" garantizando las fuentes de trabajo y el cobro en tiempo y forma de sus salarios.
Para Vicentin la medida no solo agrava la situación de la compañía sino que condiciona las posibilidades de alcanzar una pronta solución que pueda satisfacer a todas las partes implicadas en el concurso.
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