Usurparon un campo y fueron condenados: deberán realizar tareas comunitarias durante dos años
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú encontró culpables a cuatro personas que tomaron un establecimiento en Costa Uruguay Sur, en Entre Ríos
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PARA LA NACIONPaola Robles Duarte
GUALEGUAYCHÚ.- El Tribunal de Juicios y Apelaciones de esta ciudad condenó a cuatro personas por la usurpación de un campo de 125 hectáreas de la familia Robles ubicado en el distrito Costa Uruguay Sur. Las penas establecidas son de ejecución condicional. La toma del inmueble ubicado al sur de Entre Ríos se produjo durante los días 11 y 12 de noviembre de 2021.
Esgrimiendo argumentos vinculados a un presunto derecho hereditario que quedó completamente desestimado durante el proceso judicial, cuatro personas ingresaron al campo mientras sus legítimos propietarios se encontraban fuera del lugar.
Los usurpadores reemplazaron el candado que cerraba la tranquera del campo dividido en parcelas de 25 hectáreas cada una –sobre un total de 125 hectáreas- para la explotación de la familia propietaria. Una vez adentro, ocuparon el campo utilizando vehículos y estableciendo una logística específica para no permitir el ingreso de los verdaderos dueños. Al advertir la situación, la familia damnificada denunció a los intrusos ante la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, a la vez que recibió el apoyo de las entidades agropecuarias y de los vecinos del distrito Costa Uruguay Sur. El tema movilizó a los productores de la zona, temerosos de acciones de estas características en otros campos cercanos.
Sentencia
Un año y cuatro meses después, el Tribunal de Juicios y Apelaciones –integrado por Arturo Dumón, Mauricio Derudi y Alicia Vivian- condenó a cuatro personas, todas con domicilio en el departamento Gualeguaychú. El adelanto de sentencia divulgado establece un año y tres meses de prisión condicional para Ramiro Carlés, un año para Mario Ceferino Carlés como coautor al igual que Julio Herrera. En tanto, Héctor Bernigaud recibió una pena de seis meses. Asimismo, rige para todos ellos la prohibición de acercamiento de hasta 2000 metros como así también el impedimento de hacer comentarios en medios de comunicación.
La pena incluye la realización de tareas comunitarias, durante dos años, en instituciones públicas de la ciudad. Debido a que se trata de condenas que no superan los tres años, todas ellas son de ejecución condicional. El mes que viene se conocerá la sentencia completa y correrán los plazos legales para la presentación de recursos de apelación.
La abogada de la familia propietaria del campo, Amelia Angerosa, destacó en medios de comunicación locales: “Esta condena tiene una trascendencia educativa para toda la sociedad, porque le dice a otras personas que pretendan quedarse con la propiedad privada ajena que no pueden hacerlo porque existen consecuencias”.
En diálogo con LA NACION, Sergio Dalcol, presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, consideró “una muy buena señal que estas personas hayan sido condenadas”.
Agregó: “Podemos debatir si tendría que haber sido por más tiempo o con cumplimiento efectivo de la pena, pero al menos fueron condenados más allá de la posibilidad que tienen de apelar ante la resolución judicial, según lo permite la ley”.
“Creo que es una muy buena señal para que las personas piensen, para que recapaciten antes de cometer ilícitos, sobre todo en relación a lo que muchas veces ocurre con el campo, donde a veces se producen hechos de violencia por estar lejos del casco urbano, asaltos o usurpaciones, este tipo de delito parece que se ha puesto de moda y lamentablemente lo vemos frecuentemente en las noticias de la tele”, sumó.
“Este tipo de cosas no pueden ser gratuitas para nadie, porque viviríamos en una anarquía. Comparto la resolución judicial, y destaco la intervención oportuna desde un comienzo. La Justicia de Gualeguaychú actuó correctamente, restituyendo el inmueble a quienes eran los propietarios damnificados, sin perjuicio de que las personas que ingresaron al campo pudieran demostrar su vínculo con el mismo, pero no así, pretendiendo hacer justicia por mano propia, sino respondiendo a los canales institucionales correspondientes. De todas maneras quedó demostrado que no tenían argumentos, razón por la cual fueron condenados. Estamos contentos con la celeridad y eficiencia con la que actuó la Justicia en este caso”, cerró Dalcol.
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