Luego de que el gobierno de Javier Milei oficializara, con el decreto 1083, el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas, establecida originalmente en la ley 26.160, de 2006, el campo patagónico celebró la decisión del Presidente de terminar, tras 18 años, con el “avasallamiento a la propiedad privada”.