Unión Europea: una fortaleza ambiental que no es lo que parece

A mediados del 2019, el Mercosur y la Unión Europea (UE) anunciaron un Acuerdo para cooperar dentro de un esquema de libre comercio que abriría, a nuestros países, un mercado cercano a los 450 millones de habitantes. En 2024 esas negociaciones se enfriaron debido a razones internas de la UE.

Hoy aparece el Pacto Verde Europeo como un factor que frena el Acuerdo. El Pacto Verde, con el cual la UE pretende liderar globalmente la defensa del ambiente y la lucha contra el cambio climático, impone dentro de sus fronteras restricciones ambientales rigurosas. Y a través de “cláusulas-espejo” propone aplicarlas a países con los cuales se relaciona, como Argentina.

Las exigencias del Pacto Verde Europeo ya pusieron en pie de guerra a los productores europeos por dificultades para cumplirlas. Muchos de nuestros productores miraron con simpatía esa movida, pero sus colegas del viejo mundo también manifestaron con pancartas otra intención: “Paren el acuerdo UE-Mercosur. Saquen a los alimentos del libre comercio”. No quieren competir libremente con nuestros productores.

Por su impacto comercial, tres restricciones ambientales que impone el Pacto Verde merecen atención:

• La compra de productos “libres de deforestación”
• La carga de carbono cuando esos productos trasponen la frontera europea
• La detección en los mismos de residuos de fitosanitarios prohibidos en la UE. Pero en un orden menor, las restricciones también alcanzan a la contaminación de las aguas y la atmósfera y al uso de un recurso escaso como el agua.

Los números que maneja en el Pacto Verde justifican, en teoría, la estrategia ambiental europea. El concepto de “huella ambiental” por unidad de producto (por ejemplo, por ton de carne o grano) da fundamento a tales acciones. Esa forma de medir impactos coloca a nuestros productos en desventaja porque llegan a destino con una carga ambiental pesada. Para neutralizar ese criterio subjetivo, es necesario medir nuestros impactos desde una perspectiva propia y distinta: no hacerlo por unidad de producto, sino por una unidad territorial, concretamente por hectárea de tierra. Esos números, surgidos de las estadísticas de organismos internacionales reconocidos, cambian radicalmente la magnitud del impacto ambiental y blanquean una realidad que hasta hoy ignoramos.

Números ocultos

La deforestación ha sido, durante años, un foco central de críticas a nuestros países en los medios europeos. Por años presumimos que los bosques europeos acreditan deforestación cero, pero aparecen números ocultos que vale la pena auscultar. Datos del Global Forest Watch, un observatorio forestal interactivo que opera a escala mundial muestran, por ejemplo, que cuatro países importantes de la UE (Francia, Alemania, España e Italia) han duplicado entre 2010 y 2023 la pérdida de área boscosa: de unas 200.000 a 400.000 hectáreas. Paradójicamente, en ese mismo período, Argentina redujo a la mitad (de 500.000 a 220.000 hectáreas) sus tasas de desmonte. Cuesta entender bajo qué argumentos persiste la crítica en los medios y la opinión pública de la UE.

Otra crítica inconsistente aparece cuando hacen foco en las emisiones de carbono (C) de nuestros sistemas de producción. Las estadísticas de la FAO demuestran que la UE más que triplica en sus emisiones de C por hectárea al sistema agro-alimentario argentino. Por otro lado, nobleza obliga, no podemos ignorar que nuestros cultivos consumen, por hectárea, cuatro veces más fitosanitarios que los cultivos europeos, y que eso les justifica monitorear en nuestros alimentos residuos de plaguicidas que están prohibidos en la EU. Hay mucho por progresar en ese campo. No obstante, tampoco debemos desconocer que varios países europeos críticos de esta situación en el Cono Sur, alojan en sus fronteras empresas globales europeas que exportan sus plaguicidas prohibidos a los países del Mercosur. Está documentado que al menos 12 fitosanitarios prohibidos han sido exportados a nuestra región, generando en 2019 un “beneficio” de 915 millones de euros. A la larga esa hipocresía se paga con un efecto boomerang que perjudica a ambas partes.

Cifras igualmente sorprendentes aparecen cuando comparamos el potencial de contaminación por nutrientes. Medida en kg de N (nitrógeno) emitido/ha/año, la UE quintuplica a la Argentina en su potencial de polución del agua por lixiviación, y otro tanto respecto a la contaminación del aire por volatilización de compuestos nitrogenados.

El agua es otro capítulo crítico. Las cifras comparadas de uso de agua nos muestran otra realidad que seguramente desconocemos. Según un informe de la Unesco que cuantifica la huella hídrica de las naciones, países como Francia, Alemania, España e Italia poseen, en promedio, una huella hídrica por hectárea 3,5 veces más alta que la de Argentina. Pero algo más llama la atención: en tanto Argentina depende en menos de un 7% de recursos hídricos externos (consume poca agua contenida en productos importados), la dependencia de aquellos cuatro países respecto a recursos hídricos externos supera el 40 %.

Ética y realismo

¿Qué significa todo esto? Que hay maneras distintas de mirar el problema y cuantificar los impactos. Y que algo falta en la información que manejamos, que nos “venden”, o que nosotros ingenuamente “compramos”. Las amenazas y oportunidades que surgen en este mundo cambiante, no dejan margen para desconocer la realidad. La información da poder.

Desde una perspectiva ética, la cruzada a favor del ambiente y contra el calentamiento global que ha emprendido la UE tiene razones valederas y valorables. No hay por qué desconocerlo. Pero no todo lo que reluce es luz en aquellas latitudes, y no todo es oscuridad en esta parte del mundo. Mirados desde una perspectiva numérica distinta, encontramos fisuras en los muros que rodean la robusta fortaleza ambiental europea. Por esas fisuras hay que colarse y poner blanco sobre negro a la hora de negociar tratados que apunten a discutir (y hasta donde sea posible, demoler) las barreras ambientales que amenazan el libre comercio de nuestros productos.

El autor es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria