Un ministro de Fernández acusó a la Rural de “generar un conflicto”
Julián Domínguez, titular de Agricultura, consideró como un “hecho político” la presentación judicial que hizo la entidad para cuestionar la validez de las retenciones
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El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, opinó que el amparo que ayer presentó la Sociedad Rural Argentina (SRA) en contra de las retenciones, argumentando que no tiene validez su vigencia porque no fue votada la prórroga de una facultad delegada en el presupuesto de 2022, es “un hecho político”. Además, el ministro indicó que la entidad busca “generar un conflicto”.
Para Domínguez, el esquema de retenciones “sigue vigente y prorrogado el presupuesto de 2021″. Expresó: “Ninguna de sus facultades se ha alterado”. En rigor, hizo referencia a que con un decreto presidencial (de diciembre último) “también se prorrogan todos los instrumentos recaudatorios”.
“Todavía no hemos salido de la crisis de la Covid-19 y tenemos muchos problemas como para generar nuevos”, señaló Domínguez a Radio 10.
Según el funcionario, el presidente Alberto Fernández pidió a sus colaboradores continuar “con una estrategia de desarrollo y de diálogo con todos los sectores”.
En este contexto, destacó que la próxima edición de Expoagro, que se hará entre el 8 y el 11 de marzo próximo en San Nicolás “va a ser la más importante de todos los tiempos”.
Postura
“Lo que hay que tener claro es que lo presentamos porque las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista debe existir una ley que lo avale”, dijo ayer Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), tras anunciar el amparo ante los tribunales federales de Córdoba.
El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la ley de emergencia pública que delegaba en el Ejecutivo los derechos de exportación. Sin embargo, el 15 de diciembre último, mediante el decreto 851/21, el presidente Alberto Fernández fijó las alícuotas del impuesto para este año. En la Rural insisten que no tiene sustento legal al no haberse tratado la ley de presupuesto 2022 que incluía la prórroga por dos años de dicha facultad.
“Lo básico que se plantea es que, ante la finalización del plazo por el cual el Poder Ejecutivo podía fijar retenciones y ante la no sanción de la ley de presupuesto que preveía la prórroga de esa facultad extraordinaria, todas las medidas de emergencia tomadas al amparo de una ley de emergencia cayeron. Por lo tanto, a partir del 1° de enero de este año no existe una ley que justifique el cobro de retenciones y lo que se pretende con este tributo es que esa discusión se de en el Congreso de la Nación. Hasta que esa discusión no se de, no es legítimo cobrar ni a los productores y a ningún ciudadano argentino un tributo que no tiene sustento en una norma aprobada por el Congreso”, señaló, por su parte, Carlos Laplacette, asesor legal de la entidad.
LA NACION
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