Un juez ordenó que vuelva a operar un exportador que para el BCRA no liquidó US$450 millones

La exportadora Díaz & Forti, que el Ministerio de Agricultura de la Nación había sacado del Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA) luego que el Banco Central (BCRA) le informara a esa cartera que debía una liquidación de divisas por US$450 millones, fue habilitada por la Justicia para seguir operando. Según pudo saber LA NACION, el Gobierno apelará la decisión judicial.

A principios del mes, Agricultura recibió del BCRA una comunicación donde se expresaba que la empresa tenía ese monto sin liquidar. Como una resolución oficial de Agricultura, entre otros requisitos, plantea que se debe estar al día con la liquidación de divisas para no ser sacado del RUCA-no estar este registro implica no poder operar ni exportar-, la cartera que conduce Luis Basterra procedió a la suspensión de la firma.

Unos días antes, el Central había dado de baja a la empresa en el mercado de cambios y trabado sus exportaciones la Aduana. Tras la suspensión del RUCA, Díaz & Forti fue a la Justicia y ahora obtuvo una medida judicial para seguir funcionando. Esta firma opera a fasón plantas que tiene la cerealera en default Vicentin. En su momento, desde Díaz & Forti vieron en su suspensión un intento por parar Vicentin y dijeron que la deuda era menos de la mitad de lo que planteaba el Central.

En un escrito donde hizo lugar a una cautelar de la cerealera, el juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 de Capital Federal, resolvió "ordenar como medida interina a la autoridad pública demandada que levante todo tipo de restricción que pese sobre la empresa Diaz & Forti S.A. en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) o de cualquier otra medida que pudiera incidir en el normal desarrollo de las operaciones comerciales realizadas por la empresa vinculada con la aplicación de la Resolución 132/20 a operaciones anteriores a la fecha de su entrada en vigor, tales como: i) no darse curso a los pedidos de despacho a plaza; ii) no darse curso a sus boletas de embarque de mercadería; iii) no acordarse autorizaciones de cambio; hasta el momento en que presente el informe que se le solicita o venza el plazo fijado para su producción".

Además de Agricultura, el juez ordenó que se comunique de su decisión también a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al Banco Central.

La resolución 132 a la que se refiere el magistrado es la misma por la cual Agricultura la había suspendido del RUCA. Según argumentó la empresa ante la Justicia, el Gobierno la suspendió del RUCA por supuestamente incumplimientos cometidos con anterioridad.

El magistrado lo precisó así: "Afirma (Díaz & Forti) que la demandada le aplicó en forma retroactiva la sanción establecida en el punto 1.5.15 del Anexo I de la Resolución 21-E, pues esa condición fue incorporada por el art. 1º de la Resolución 132/20 -publicada en el Boletín Oficial el 02/12/20 y con vigencia a partir del 03/12/20-, y la demandada el mismo día que esa norma entró en vigor suspendió a la empresa actora del RUCA por presuntos incumplimientos cometidos con anterioridad al 30/11/20".

"En consecuencia, sostiene que existió por parte de la accionada una aplicación retroactiva de la ley, violentando derechos adquiridos y, por ende, el derecho de propiedad de su parte y, en forma manifiesta, el derecho de ejercer la industria y el comercio", agregó el magistrado.

La empresa, según le relató al magistrado, tuvo que afrontar multas por US$1.280.801 por la cancelación de contratos a término de provisión de mercadería. Además, se perdió la posibilidad de acceder de manera diaria a 25.000 toneladas de mercadería y eso la colocó en una "situación apremiante".

Díaz & Forti, perteneciente al grupo rosarino Olio, le informó al juez que originó más de 2,5 millones de toneladas durante 2020. Tiene, entre otras, tres operaciones grandes, una en el Puerto de Barranqueras (Chaco) con dos terminales para barcazas y container, una planta en Arequito con capacidad de almacenaje de 30.000 toneladas y una terminal en el Puerto de San Lorenzo con 1200 toneladas por hora de capacidad de carga y dos cintas transportadoras.

Hizo ventas mensuales por más de US$150 millones y destinó a la molienda más de 350.000 toneladas por mes de granos, entre otras actividades. En el escrito destaca que por un contrato on Vicentin esta última puede operar y pagar "los salarios de sus más de 1400 empleados".

Entre otros puntos, la empresa argumentó también que seguir suspendida del RUCA implica también un perjuicio para el Estado ya que, dijo, no podrá liquidar los dólares una vez que le paguen más de US$194 millones que tiene pendiente de cobro por operaciones de exportación ya realizadas ni hacer nuevos negocios que generen el pago adelantado de derechos de exportación.

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