Según trascendió, la Secretaría de Comercio Interior modificaría, a partir de octubre próximo, el subsidio a los molinos por la harina para que llegue directo a los comercios
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El Gobierno le daría un nuevo destino al fideicomiso creado para subsidiar a la industria molinera por la bolsa de harina de 25 kilos que entrega a las panaderías. En lugar de darle el dinero a las industrias participantes hoy en ese fondo, este iría directamente a los comercios de venta al público.
El llamado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) se lanzó en marzo pasado luego que por la guerra en Ucrania aumentaran los precios de ese cereal. Se armó con la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja para recaudar unos US$400 millones y así repartirlos entre la industria molinera con foco en desacoplar los precios internos de los externos. De acuerdo a fuentes oficiales, hay unos 20 molinos que representan el 45,4% del total de la molienda de la harina de trigo.
Según explicaron a este medio fuentes del sector molinero, la decisión sobre la modificación en el fondo del trigo se conoció en el marco de una reunión de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Matías Tombolini, con la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra).
En esa línea, Comercio Interior haría que la compensación vaya directo a los panaderos. Sin embargo, lo que todavía no se sabe es de qué forma sería este mecanismo por un tema de control en las panaderías.
“Tombolini está hablando con todos los actores pero no hay nada resuelto”, respondieron desde la cartera de Comercio Interior ante una consulta de este medio y en medio de las versiones.
No obstante, fuentes privadas indicaron que en las próximas horas se firmaría un acta de acuerdo entre las partes para poner en marcha el cambio a partir del 1° de octubre próximo. Desde el sector molinero explicaron que hay pagos adeudados por compensaciones a las empresas, aunque sí se cobraron anticipos, de un 75% en un inicio, contemplados en el mecanismo original para quienes fueron ingresando al sistema.
La creación del fondo generó rechazo desde las cámaras del sector más allá de que las empresas se sumaran de manera individual. En los últimos días, Apymimra pidió a través de un comunicado la eliminación del fideicomiso. Apuntó que este mecanismo “fracasó, porque no bajó el precio del pan y las grandes alimenticias ganan mercado”.
La industria pyme, por caso, explicó que “solo un 7% de los molinos se sumó al FETA y, que a pesar del rechazo unánime de toda la molinería y la bajísima adhesión de las empresas, desde principio de año el Gobierno insiste con ponerlo en marcha”.
Por su parte, la CIM expresó que en la industria molinera en su conjunto se manejan con márgenes muy pequeños de rentabilidad que nunca superan el 4% o 5% anual y tiene una capacidad instalada sin utilizar que ronda el 50%.
El FETA fue creado por Roberto Feletti cuando ocupó el cargo de secretario de Comercio Interior. El funcionario fue denunciado penalmente por parte de diputados de la Coalición Cívica por supuestas irregularidades con ese fideicomiso.
“Nuestra entidad viene sosteniendo que intentar una vez más subsidiar la oferta en lugar de dirigir el subsidio a los que realmente pueden necesitarlo es un error doble, porque la realidad nos muestra una y otra vez que ese sistema fracasa, es ineficiente y dilapida valiosos recursos del Estado, el que pese a estar sediento de ingresos adicionales, gasta ingentes sumas que no llegan a los supuestos interesados y se pierden en los resquicios de un sistema perverso que el Estado tampoco llega a controlar, y dónde nadie gana realmente”, dijo CIM.
“Tal como sucede con cualquier intervención de los mercados, la situación creada por el Fideicomiso ha ido en desmedro de una competencia sana, creando graves distorsiones y bruscos cambios relativos, generando también graves alteraciones en la cadena de pagos, en una desigual batalla por sobrevivir en un mercado donde conviven empresas con precios que, sin considerar el supuesto subsidio a percibir, serían claramente predatorios”, agregó.
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