Santa Fe: comenzó un paro por un conflicto en una aceitera
Lo resolvió la CGT San Lorenzo por una disputa en torno del cierre de una planta de Buyatti; afectará operaciones de las empresas exportadoras en la región del Gran Rosario
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LA NACIONFernando Bertello
Un bloqueo sindical en Puerto General San Martín, en Santa Fe, podría afectar el suministro de aceite de soja de una firma multinacional que abastece el mercado local. Se trata de Bunge, que tiene una refinería en esa región. Por el cierre de una planta de la cerealera Buyatti, trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo (SOEA) llevan adelante una medida de fuerza que también impacta sobre la actividad de la multinacional. Más allá del bloqueo, como novedad la CGT San Lorenzo decidió hacer hoy un paro de 24 horas, con lo cual la actividad ahora se frenará tanto en Puerto General San Martín como Timbúes y San Lorenzo. Es la región de influencia de SOEA.
Además de Bunge, venía afectada la operación de la exportadora de granos ADM. En la zona también están Terminal 6 (sociedad entre Bunge y AGD), Quebracho, de Cargill, y Cofco, pero hasta el momento los sindicalistas solo estaban cortando el acceso a ADM y Bunge.
Hoy fracasó una nueva reunión entre Buyatti y el gremio, que pide el sostenimiento de los puestos de trabajo y que las indemnizaciones sean las que marca la ley. Sin un resultado positivo en las negociaciones, los sindicalistas anunciaron un paro por 24 horas.
Bunge muele 8000 toneladas diarias. De allí sale en camiones el aceite refinado que luego se envasa en una planta de San Jerónimo. Según alertan en Bunge, de seguir el bloqueo se comprometería el suministro al mercado. “El refinado de soja lo provee la planta en Puerto General San Martín y podría faltar si persiste el corte”, admiten en la firma.
No solo se encuentra afectada la salida del producto sino el ingreso de mercadería para procesar. La multinacional tenía un recibo diario de 500 camiones que ahora es inexistente por el bloqueo. Los manifestantes habían sido desalojados pero volvieron.
Esta semana, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) expresaron su preocupación por la medida. “Es crítico en estos momentos asegurar que los principales puertos e industrias de la agroexportación del país puedan operar en este momento en Puerto General San Martín, con la llegada de cada vez mayor cantidad de camiones. Es vital para el normal ingreso de divisas”, dijeron.
En el sector temen por un paro en toda esa región, lo que podría llegar a complicar la exportación. “El sector pide a las autoridades intervinientes la máxima atención y urgente focalización en resolver la amenaza de un paro en esa región, que podría paralizar la totalidad de la actividad industrial y portuaria, más allá de la agroindustrial”, agregaron las cámaras.
El sector industrial atraviesa un momento de tensiones. El año pasado, un reclamo salarial de los aceiteros mantuvo paralizada la exportación durante más de 20 días. Quedó frenada la carga de más de 160 barcos. El fin del conflicto sobrevino luego de un acuerdo.
Según informaron en ese momento los exportadores, el acuerdo alcanzado consistió “en un 35% de aumento salarial en 2020, un bono anual igual al salario del 2020 que incluye el aumento del 35% sobre el 2019, un bono pandemia excepcional de $90.000 en 9 cuotas para los que trabajaron durante la Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), un ajuste salarial para 2021 de 25% en dos tramos y revisión salarial en agosto con aplicación del índice de precios al consumidor para culminar 2021”.
Además de la preocupación por el conflicto gremial, las empresas tienen que estar atentas al cumplimiento de un pedido del Gobierno para el suministro de aceite al mercado interno a precios accesibles. Al respecto, a cambio de que no haya una suba de retenciones para el complejo del girasol, el mismo sector privado creó un fideicomiso aceitero para subsidiar el consumo interno. Se trata de 29 millones de litros mensuales que implican una compensación intrasectorial de US$190 millones.
Tienen que cumplir con eso porque el Gobierno, vía el Ministerio de Agricultura, las podría sacar del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) si la Secretaría de Comercio Interior informara a la cartera agrícola un incumplimiento en el abastecimiento.
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