Tras la protesta de los Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), que se inició hace más diez días y que complicó el transporte de carga de granos, se acordó que para el 4 de febrero próximo se trate el tema de recomposición tarifaria en la Mesa de Tarifa.
Así lo resolvió el Ministerio de Transporte de la Nación con representantes de la Confederación Argentina para el Transporte Automotor de Carga (Catac), de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) y de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl).
"Dialogando como una sociedad madura con los actores facultados para dar curso a una resolución. En democracia todo conflicto sectorial debe plantearse en las vías institucionales intermedias que cumplen tal función. Irrumpir en un reclamo cortando las rutas sólo precipita una escalada del conflicto", dijeron en Coninagro sobre este tema.
Diez días atrás, un grupo de transportistas "independientes" o "autoconvocados" inició una protesta por tiempo indeterminado, en reclamo -entre otros puntos- de un aumento de la tarifa de flete. En un petitorio de 15 puntos pedían específicamente que se elimine la competencia por precios entre las empresas de camiones para pasar a una tarifa referencial, un cuadro tarifario en general y la reducción de impuestos específicos, entre otros puntos.
"Se solicita que se reforme con carácter de urgencia la ley nacional de cargas N° 24653, con el objetivo principal que es hacer valer la tabla referencial de carga, donde bajo ningún decreto o inciso se pueda modificar el valor de referencia, pedimos que se anule de manera definitiva en la carta de porte la opción de valor a pagar, y que se use única y exclusivamente la tarifa referencial, aboliendo de manera definitiva la ley de libre oferta y demanda con precios libres", decía el comunicado de TUDA.
En sentido, Coninagro solicitó al Gobierno arbitrar ante los organismos de seguridad competentes el normal tránsito y la seguridad vial, de bienes y personas señalando la ilegitimidad y falta de representatividad institucional de la protesta.
Por otra parte, la entidad ruralista desconoció y condenó "todo reclamo que redunde en un accionar de hecho que perturbe o impida la libertad de tránsito, comercio y trabajo, toda vez que está en agenda de esta entidad gremial, como es habitual, abordar la problemática en el ámbito que corresponde".
Por último, pidieron una audiencia con el Ministro de Transporte de la Nación para garantizar el ejercicio pleno de derechos consagrados en la Constitución.
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