Tras la caída de la ley ómnibus, el Gobierno insistirá en ampliar la reglamentación en semillas

Con la vuelta a foja cero del proyecto de “Ley de bases” que impulsa el presidente Javier Milei también se cayeron varias iniciativas que apuntaban al sector agropecuario. Una de ellas era la adhesión al Acta de la Upov 91, un convenio internacional de regulaciones de semillas para usos comerciales del que participan 61 países actualmente. Sin embargo, pese al revés en el Congreso, en el Gobierno buscarán nuevas alternativas en caso de que no se avance en la Comisión con el proyecto mediante una reglamentación de la ley de Semillas vigente con un instituto clave en esta materia o promover una nueva ley.

Según aclararon fuentes oficiales, la “mejor opción” para actualizar la situación actual de las semillas y germoplasma en el país es con la adhesión al convenio Upov 91, que estaba citado en el Artículo 210 y 2010 bis [aunque este último había sido sacado del dictamen de comisión de mayoría] del proyecto de la ley ómnibus. Por eso, explicaron que la idea es avanzar desde esa iniciativa, aunque al no lograr los acuerdos que pretendía el Poder Ejecutivo con la megaley, probablemente se hará con “otra ley que se pueda hacer a posteriori o eventualmente en una nueva ley de Semillas”.

Vale recordar que la Argentina suscribió al convenio Upov 1978 por medio de la Ley N°24.376 allá por 1994. En ella se protege la propiedad intelectual, sin embargo, ante los avances tecnológicos, la necesidad de adaptación de las variedades a condiciones climáticas fluctuantes llevaron a la concreción de un acta posterior dentro del mismo convenio que es la de 1991. Es por eso que los expertos aseguran que el convenio al que está suscrito la Argentina quedó desactualizado, por lo que hay una necesidad de mejoramiento de la genética vegetal que servirá para “aumentar el volumen de exportaciones agrarias y poder competir con las grandes naciones”, según la posición oficial.

La Upov, cuyas siglas en inglés son International Union for the Protection of New Varieties of Plants, (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) busca dar certeza jurídica a los productores de los países que la integran, organismos descentralizados u estaciones experimentales que desarrollan e investigan la genética vegetal.

La reglamentación las hacen los gobiernos locales, según explicó días atrás el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Claudio Dunan, a este medio. Era esta instancia la que se exponía en el artículo 210 bis. En él se hacía una “excepción facultativa del artículo 15 - 2, de la mencionada Acta”, que le permitirá a los agricultores “utilizar a los fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, estableciendo en la reglamentación quienes quedan comprendidos en la presente excepción”.

Por eso, la misma fuente reiteró en que de no conseguir la aprobación a través del Congreso, el otro mecanismo posible que tienen será conseguir “una mayor precisión en el decreto reglamentario de la ley de Semillas vigente y un control a fondo desde el Inase”, ya que hasta ahora no lo viene haciendo. “De alguna manera, con esa reglamentación y con ese control se pueden conseguir los objetivos. Son mucho mejores, mucho más claros y más precisos si se prueba Upov 91″, puntualizó.

La aclaración que hacen es que la adhesión al Acta de 1991 es para todos los cultivos, no solo para la soja y el trigo, que son en los que siempre se centra la discusión del sector, es decir, las autógamas, que también alcanza a hortalizas, frutales y ornamentales. “Estamos atrasados porque justamente no tenemos una regulación que le permite a quien tiene la propiedad intelectual capturar parte del valor de lo que está generando. Para nosotros sigue siendo la mejor opción la adhesión al Acta de 1991 a través de la aprobación del proyecto de ley. Vamos a seguir trabajando sobre eso, ya sea en el armado de la continuación de la ley que está en el Congreso o eventualmente por otro camino”, resumió la misma fuente.

En tanto, en el sector privado deslizaron que “no están dadas las condiciones para discutir una ley de semillas”, por lo que hay expectativas sobre lo que sucederá en los próximos días en el recinto con el proyecto de “Ley de bases”.

En la Argentina, el principal obtentor de propiedad intelectual de variedades vegetales en la Argentina es el INTA. El argumento oficial es que este organismo del Estado así como el Conicet y la estación experimental Obispo Colombres podrían percibir un reconocimiento económico por sus desarrollos en mejoramiento genético de semillas.

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