Tras casi once meses, se define si habrá juicio por la usurpación del campo de Etchevehere

A casi once meses del caso por la usurpación del establecimiento “Casa Nueva”, de la familia Etchevehere, ubicado en el departamento entrerriano de La Paz, la causa aguarda su elevación a juicio. Con solo dos imputados por ese hecho, Dolores Etchevehere y su abogado Facundo Taboada, el 20 de septiembre próximo, en una nueva reprogramación por pedido de la defensa, el juez de Garantías Walter Carballo decidirá su destino. Asimismo, Dolores Etchevehere está imputada por el delito de desobediencia a la autoridad.

Luego de una investigación de los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, donde se recolectaron pruebas documentales y testimoniales, los funcionarios judiciales pidieron su remisión a juicio. Concluida la investigación penal preparatoria, solicitaron una pena de un año de prisión de cumplimiento condicional para ambos acusados.

Todo comenzó el 15 de octubre de 2020, cerca del mediodía, cuando Etchevehere y Taboada, junto a un grupo de cuarenta personas presuntamente ligadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Proyecto Artigas, respaldado por el dirigente social Juan Grabois, ingresaron en más de 15 vehículos al establecimiento Casa Nueva y les pidieron a Osmar Barreto y Ramona Rodríguez, caseros del campo, las llaves de la casa principal.

Según consta en la causa, exigieron la entrega de las llaves “amenazando con que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas; y ante su negativa, ingresaron a su vivienda y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio; seguidamente, y habiendo abierto, sin violentar, una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma” y le comunicaron “los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos”.

Fue ahí que Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura y hermano de Dolores, denunció públicamente la ocupación del establecimiento familiar. En tanto, Grabois respaldó la toma del lugar luego de que Dolores anunciara una cesión de tierras para que se lleve adelante allí un programa agroecológico.

“Lo que hicimos nosotros, como Proyecto Artigas, junto a Dolores Etchevehere, Jóvenes por el Clima y Productores Rurales Unidos, fue tomar en forma pacífica y legal la posesión de la cuota parte de la herencia que le corresponde a Dolores”, dijo Grabois en ese momento.

Sin embargo, Leonor Barbero, madre de Dolores, y sus hermanos explicaron con un documento que ella ya no era integrante de la empresa propietaria del predio.

“La propia Dolores Etchevehere ha cedido el 100% de los derechos sucesorios a favor de los restantes herederos y socios, en el sucesorio del causante Luis Félix Etchevehere. Se convino así, la separación mensura y deslinde de parte de aquel campo Casa Nueva, asignándose a Dolores Etchevehere un lote que no coincide con el casco del establecimiento, lo que a la fecha del hecho no se había escriturado ni se había tomado posesión. De ello se deriva necesariamente el pleno conocimiento tanto de Dolores, como del abogado Taboada, de que la irrupción realizada carecía de cualquier viso de legalidad”, señalaron los fiscales.

“El informe remitido por el Registro de la Propiedad Inmueble de La Paz, dice que dichos inmuebles pertenecen a Las Margaritas SA. En igual sentido, la documentación aportada por el escribano José Luis Zuffiaurre, sobre la Asamblea General Extraordinaria de Las Margaritas SA, donde fuera tratada y se transcribiera aquel acuerdo sobre la escisión societaria de la socia Dolores Etchevehere y cesión de sus derechos hereditarios, así como la escrituración a favor de esta última de los inmuebles escindidos”, añaden.

Ni bien iniciada la ocupación, el abogado de la familia Etchevehere, Rubén Pagliotto, presentó un pedido de desalojo pero el juez Raúl Flores lo rechazó por considerar que la sucesión no estaba concluida, en el marco del conflicto que mantenía la familia. “Estamos muy plantados, de guapos no nos van a sacar”, decía Grabois.

Los días seguían pasando y la tensión fuera y dentro del predio ocupaban las primeras planas de los medios. Mientras tanto, los integrantes del MTE hacían una huerta con plantines que habían llevado en el medio del parque.

El 25 de octubre por la mañana, en medio de una fuerte lluvia, cientos de productores de distintas regiones del país llegaron hasta Santa Elena para participar de una jornada de rechazo contra la toma. “No le tenemos miedo a Grabois, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner”, afirmaba el exfuncionario frente a la gente que lo fue a respaldar. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, Grabois organizó una convocatoria frente al predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo.

Tras 14 días de la toma, la jueza de segunda instancia, María Carolina Castagno ordenó la inmediata restitución y reintegro del bien tomado. “Deberá ejecutarse de manera inmediata con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza solo en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible; proceder a la identificación de todos los ocupantes”, detallaba la jueza.

El 29 de octubre de 2020, uno a uno se retiraron voluntariamente del predio, salvo Dolores que se rehusó a firmar el acta de notificación, aduciendo que era su voluntad permanecer, por lo que se procedió a su detención.

Luego de dos semanas de vigilia en la tranquera de la entrada al campo, la familia Etchevehere logró recuperar Casa Nueva, en Santa Elena. Con sensaciones encontradas y contradictorias, ese jueves por la tarde ingresaron al casco.

Allí se encontraron con un panorama desolador, como habitaciones en “estado deplorable”. Los ocupantes “usaron la ropa blanca del campo y durmieron en los dormitorios”, según relataron.

Además de barandas rotas de la galería, encontraron varias celosías destruidas, postigos violentados y en la cocina habían arrancado el bajo mesada. En el parque habían realizado unos pozos para construir un horno de barro que quedó a medio hacer. “Hasta levantaron en un patio interno un altar del Gauchito Gil”, contó el exfuncionario en esa oportunidad.

Con respecto de la huerta agroecológica que habían realizado los integrantes del Proyecto Artigas, el exministro dijo que eso se trató de “otra parte del relato porque no sembraron nada y solo trajeron plantines de un vivero y los enterraron”.

Entre la prueba documental ofrecida figura la denuncia de usurpación del 15 de octubre y su ampliación del 17 de ese mismo mes, copias certificadas de acta de asamblea ordinaria de accionistas de Las Margaritas y el acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes de fecha, entre otros documentos públicos.

En cuanto a la parte testimonial, están Leonor Barbero y sus hijos Luis Miguel y Juan Diego; los trabajadores de la estancia; el escribano José Luis Zuffiaurre; personal policial y personas que participaron de la toma, como Eitan Slomka, dirigente del MTE, oriundo de Neuquén; José Nicolás Capropresi, del MTE y de la ciudad de Buenos Aires, y Fabián Olivetto, también del MTE. Según los fiscales, todos fueron “inducidos a error”.

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