“Restaurar la legalidad”: diputados bonaerenses buscan arrebatarle a Kicillof el manejo discrecional con un impuesto

Mientras crece la polémica entre los productores agropecuarios de Buenos Aires por el incremento de un 100% en la cuarta cuota del impuesto Inmobiliario Rural, el bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de reforma tributaria para 2025. La iniciativa, que busca evitar subas desmedidas, propone una revisión integral del régimen fiscal, con especial énfasis en el Inmobiliario Rural. Juan Pedro Merbilhaa, abogado y expresidente de Carbap involucrado en la elaboración del proyecto, sostuvo que este representa “un intento de restaurar la legalidad y devolver a los contribuyentes derechos que les fueron arrebatados con el tiempo”.

El proyecto, impulsado por los diputados Luciano Bugallo, Maricel Etchecoin y Romina Braga, propone volver a la ley fiscal original, eliminar facultades delegadas y suprimir lo que consideran “trampas” utilizadas por el gobierno provincial para aplicar aumentos superiores a los límites establecidos por la Legislatura el año pasado.

“Lo que nosotros planteamos es una reforma integral de la ley fiscal. Hay muchos artículos que son inconstitucionales, y buscamos que la ley vuelva a estar ordenada y sea un instrumento claro, como era la ley fiscal originaria. Planteamos eliminar artículos que tienen doble interpretación, algunos que son tramposos y, sobre todo, limitar las facultades delegadas”, afirmó Bugallo en diálogo con LA NACION.

El legislador explicó que, en los últimos años, se han otorgado varias facultades delegadas al Poder Ejecutivo, permitiendo a ARBA, el organismo recaudador, decidir el monto de los impuestos, algo que considera “totalmente ilógico” y que debería ser potestad de la Legislatura.

Este factor, según Bugallo, facilitó los aumentos desmedidos, llegando en el caso del impuesto Inmobiliario Rural a superar ampliamente los topes establecidos por la Legislatura, que había fijado un límite del 200% para los mayores contribuyentes. “Los aumentos aplicados llegaron hasta el 500% en comparación con el año pasado, y la última cuota, la número cuatro, vino con un 100% más que la tercera”, subrayó.

Por ello, Bugallo detalló que la reforma busca limitar la potestad de ARBA para modificar la base imponible mediante coeficientes que superen la valuación fiscal. “Ese valor es el que ARBA utiliza para determinar el monto a pagar en cada factura del inmobiliario. Queremos quitarle al Poder Ejecutivo la potestad de exceder lo aprobado por la Legislatura, eliminar la cuota extra, la actualización por inflación y restituir los beneficios para los buenos contribuyentes”, indicó.

Proyecto

Además, el proyecto propone eliminar el Impuesto Inmobiliario Complementario y el impuesto a la herencia, los cuales los diputados consideran inconstitucionales y contrarios al derecho de propiedad. “Aunque la ley fiscal se revisa cada año, buscamos establecer un punto de partida para la discusión de la próxima ley que se presentará en 2025″, explicó Bugallo.

Merbilhaa destacó los aspectos principales de un proyecto de reforma tributaria que busca establecer un marco fiscal más justo y transparente para los productores rurales en Buenos Aires. Según dijo, el objetivo central es la “modificación íntegra de la actual Ley Impositiva 2024″ para evitar que se prorrogue o se replique el contenido de esta en la legislación de 2025.

Uno de los puntos clave del proyecto es la derogación del decreto de 2012 que permitió ajustar las valuaciones fiscales aplicando coeficientes, lo cual, según Merbilhaa, ha resultado en “un sistema ilegal” que afecta directamente a los contribuyentes. “Se ha estado produciendo en los últimos años revaluaciones de los bienes (parcelas) con total prescindencia de la Ley de Catastro, violándola abiertamente, y estableciendo el fisco (ARBA, el Poder Ejecutivo) las bases que caprichosamente le convinieron, con absoluta ilegitimidad.

El proyecto también introduce modificaciones en el capítulo de la Ley de Catastro relacionado con las valuaciones fiscales, buscando restaurar el sistema original que incluía la participación de los contribuyentes en las revaluaciones tanto generales como individuales. “Este cambio significa un regreso a la participación de los contribuyentes en la determinación de los valores de sus propiedades, asegurando transparencia y legalidad en el proceso”, detalló.

Además, se propone la reforma del Código Fiscal para eliminar la unificación parcelaria implementada con fines fiscales y derogar el Impuesto Complementario, al que Merbilhaa calificó como “un engendro inconstitucional que modificó la naturaleza del impuesto básico”.

Otro punto de la reforma es la eliminación del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, señalado por el letrado como “el más injusto de los tributos provinciales” y que, además de violar el Código Civil, “lesiona los derechos individuales de los contribuyentes sin aportar ingresos significativos al fisco”. En cuanto a la nueva valuación fiscal propuesta, el proyecto establece que tanto los valores óptimos unitarios por cuartel como los valores individuales de cada parcela rural se actualicen “bajo las nuevas normas de la Ley de Catastro y Código Fiscal reformadas por el Proyecto”, tomando como referencia la última valuación vigente en 2011. “Esto implica un regreso al régimen vigente antes de las modificaciones que desvirtuaron el sistema”, enfatizó Merbilhaa.

Como se mencionó, Merbilhaa consideró que el proyecto representa “un retorno a la legalidad y a la legitimidad, un verdadero estado de derecho”, y subrayó que con esta reforma, el Poder Legislativo “recupera su función institucional y su dignidad, quedando para el Poder Ejecutivo solo la aplicación estricta de lo que el Legislativo sancione, sin delegaciones de potestades ni imposiciones políticas”.

Finalmente, Merbilhaa afirmó que esta reforma permitirá que “los contribuyentes recuperen los derechos que paso a paso, año a año, les han ido conculcando”. Según el abogado, la restauración de la legalidad contribuirá a reducir la conflictividad y la judicialización generada por “tanto atropello”, al devolver a los ciudadanos la seguridad de que sus derechos serán respetados.

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