Los productores alertan por un combo de factores que, consideran, afecta la actividad
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Hartazgo y oportunidad son las dos palabras que pueden definir el tractorazo a Plaza de Mayo, organizado por productores agropecuarios autoconvocados, sin el respaldo institucional de la Mesa de Enlace aunque con la adhesión de un gran número de sociedades y asociaciones rurales de base.
Hartazgo porque la presión impositiva, la intervención del Gobierno en los mercados de granos y carne, los desequilibrios macroeconómicos, inflación y brecha cambiaria reviven la política que aplicó Cristina Kirchner en sus dos mandatos.
El último episodio que rebasó el vaso de la paciencia de los productores fue el aumento en dos puntos porcentuales de los derechos de exportación (DEX) de la harina y el aceite de soja, hasta un 33% para equipararlos con la tasa que paga el poroto. Aunque el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que no iba a haber subas para los DEX de trigo y maíz, mal llamados retenciones, la incertidumbre política que vive el Gobierno no despeja la desconfianza del sector. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, referente económico del kirchnerismo de pura cepa, reclamó públicamente un aumento de los derechos de exportación para el trigo y el maíz. No está claro, todavía, de qué lado caerá la moneda.
Pero el propio Guzmán le echó más nafta al fuego -gasoil no, porque escasea- cuando habló de “renta inesperada” a raíz de la suba de los precios internacionales de los granos tras la invasión de Rusia a Ucrania.
No solo los especialistas del sector explican que esa “renta inesperada” no es tal, porque los granos no se venden como los autos, tienen tiempos biológicos y de mercado diferentes, sino que el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aclaró hoy, desde Israel, que los productores no capturaron esos precios.
A esto se suma el aumento de costos de producción para las próximas siembras de trigo, en mayo, y maíz y soja, a partir de septiembre. A los valores nominales de los granos cercanos al récord de 2012 (porque hay que descontar la inflación de los últimos diez años) hay que restarles la suba de los costos de producción.
Según un cálculo realizado por productores, presentado por Santiago del Solar, también productor y exjefe de Gabinete de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, en la campaña agrícola 22/23 tendrán un incremento del 50% en el gasto respecto del ciclo pasado, unos US$5600 millones. Quienes hoy marchan a Plaza de Mayo ven ese número y no encuentran una “renta inesperada”.
Ya hay una señal de alerta de que la intervención en los mercados y el aumento de costos puede provocar una caída en la producción. El área sembrada con trigo caería un 3% en la próxima campaña agrícola, según estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, respecto del ciclo pasado. Serían 200.000 hectáreas menos para el cereal. En la zona núcleo -norte bonaerense, sur de Santa Fe y sur de Córdoba- la caída sería más pronunciada, 10%, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario. En un contexto donde los países que tienen casi el 30% del comercio mundial de trigo, Rusia y Ucrania, tienen problemas para abastecer al norte de África y el sudeste asiático con el cereal, lo que provoca una crisis de seguridad alimentaria, parece un contrasentido que la Argentina produzca menos que su potencial.
Ese es precisamente el otro mensaje que el tractorazo intenta expresar: que el país tiene una enorme oportunidad con la producción agropecuaria para aumentar las exportaciones, generar divisas, oportunidades de inversión en el interior y trabajo. Pero para que eso ocurra, creen los productores, debería haber condiciones políticas y económicas similares a las que tienen otros países de la región como Brasil, Paraguay y Uruguay, donde las reglas no cambian aunque gobiernen diferentes signos ideológicos. Moneda estable, libertad de comercio, impuestos razonables y un proyecto de largo plazo para corregir los déficit de infraestructura hicieron que los países vecinos capten oportunidades que la Argentina pierde.
En definitiva, en el campo creen también que se puede satisfacer la creciente demanda de alimentos de las regiones del mundo que están saliendo de la pobreza, como Asia y África, sin descuidar el mercado interno. Ya saben que hubo oportunidades perdidas, como las de los últimos 20 años, cuando el Estado captó del agro, según un cálculo reciente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, al menos US$112.000 millones, sin que regresaran a sus lugares de origen en mejor educación, salud, seguridad e infraestructura. Los productores esperan que la historia no se repita.
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