“Termine con la incertidumbre”: reclaman a la Corte de Santa Fe que permita a Vicentin pagar a sus acreedores para salir del millonario concurso

Trabajadores de la concursada cerealera Vicentin, cámaras empresarias del norte de Santa Fe y referentes políticos de la localidad de Avellaneda, donde tiene su sede la firma, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia provincial que habilite, de una vez, la propuesta de pagos aprobada por amplia mayoría hace dos años y homologada por una cámara de apelaciones. Vicentin cayó en default en diciembre de 2019 y acumuló una deuda superior a los US$1500 millones.

“Aprobada la propuesta de pago de Vicentin por amplia mayoría de acreedores -63% de las personas y 73% del capital- y homologado el acuerdo, una minoría ha planteado recursos de inconstitucionalidad e ido en queja a la Corte Suprema de Justicia provincial, dilatando una situación que se vuelve insostenible”, señalaron en la carta, que lleva, entre otros, la firma de empleados de la cerealera, la Asociación Civil Integrar Avellaneda, que agrupa a organizaciones comerciales, industriales y públicas del distrito Avellaneda, el Centro Industrial y Comercial Avellaneda; Gonzalo Braidot, intendente de la localidad; Orfilio Marcón, senador provincial; Emiliano Peralta, diputado provincial; Dionisio Scarpin, diputado provincial; Amalia Granata, diputada provincial y Marlen Spíndola, diputada con mandato cumplido.

Adhirieron también la Red Provincial de Productores Autoconvocados, los autoconvocados Sur de Santa Fe/rutas 12 y 34, Autoconvocados de Venado Tuerto y Santa Isabel; Asamblea Productores Autoconvocados RN 9 y RP 178 de Santa Fe; Autoconvocados de María Luisa, Autoconvocados de Santa Fe Centro, Autoconvocados de Llambí Campbell, Autoconvocados de Cañada de Gómez y Armstrong y Autoconvocados de Los Laureles.

Según la carta, mientras el proceso en torno del proceso no concluye, “los pequeños productores que cobrarían el 100% de la deuda no cobran, los inversores propuestos no se hacen cargo de la empresa, las inversiones no se realizan y se corre el riesgo que pierdan interés en la compañía”.

Vale recordar que Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) se acercaron a la cerealera para ser sus socios estratégicos y quedarse con el control del 95% de la compañía luego de la implementación de un fideicomiso de 12 años.

“Las medidas cautelares siguen vigentes entorpeciendo el funcionamiento”, dijeron los firmantes, que agregaron: “Los trabajadores continúan en estado de zozobra, las localidades afectadas, familias enteras, jóvenes que tendrían en la empresa su oportunidad padecen angustia. Y muchísimos proveedores de bienes y servicios sobreviven sin su principal cliente”.

Gabriel Vénica, de la Red Nacional de Productores Autoconvocados, alertó: “Los ánimos están caldeados porque se soportó todo lo que había que soportar, paros, bloqueos, trabas burocráticas, intentos de expropiación, embargos de cuentas. Se hizo todo lo que había que hacer, la empresa siguió trabajando a fasón, no despidió empleados, no contrajo nuevas deudas, no se atrasó en los impuestos y contra todo consiguió que su propuesta de pagos sea aceptada por amplias mayorías de acreedores”. Las adhesiones para el planteo ante la Corte provincial se empezaron a juntar el 4 del actual y ese proceso terminó hoy, según contó.

Según dijo, pese a todo ello, la “Justicia sigue sin homologar y los acreedores no cobran, los inversores propuestos no invierten y los trabajadores y la comunidad siguen en estado de zozobra”.

Como informó LA NACION, recientemente el juez Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo de la causa del concurso de acreedores, dispuso el fin de la labor de los interventores Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg. La decisión se basó, según se informó, en que permitieron que el concurso funcionara con normalidad.

Proceso judicial

En tanto, la homologación del concurso, que era lo que aguardaban las partes por parte del juez, no fue anunciada. “Es que para que esté firme la homologación sí o sí se deben levantar las cautelares que se tramitan en la justicia penal de Rosario”, aclaró en ese momento a LA NACION un vocero de Vicentin.

Vale recordar que, en junio pasado, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial de Reconquista dictó una resolución según la cual quedaba firme la homologación.

En tanto, los firmantes de la solicitud a la Corte Suprema de Santa Fe hicieron una advertencia por el limbo judicial. “Una probable solución perfecta, pero tardía, puede ser la muerte no solo de una compañía sino de buena parte de su extensa red (productores, contratistas, prestadores de servicios, agentes comerciales). Son innumerables los ejemplos de empresas destruidas por permanecer mucho tiempo en el limbo jurídico con concursos, sucesiones o litigios interminables”, dijeron. Agregaron: “Trabajadores de Vicentin, las fuerzas vivas del norte de Santa Fe, representantes de sectores productivos e instituciones públicas y privadas, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que termine con la incertidumbre y habilite la propuesta de pagos homologada”.

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