Tensión por la pesca: un ministro de Kicillof advierte por el futuro de 30.000 empleos

Luego de que el Gobierno admitiera hoy que está dispuesto a “hablar” sobre la modificación del régimen federal pesquero propuesto en el proyecto de ley ómnibus, en la industria reiteraron que esta debe ser debatida, ya que de aprobarse sería “fatal” para la actividad. Aseguraron que peligra la soberanía, ya que permitiría el ingreso de buques de cualquier bandera. También se expresó el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, después del rechazo público que hizo ayer el gobernador provincial, Axel Kicillof.

Para Rodríguez, que ve una potencial afectación para unos 30.000 empleos, la modificación en el régimen federal pesquero es “fatal”. “Lo que plantea este proyecto significaría directamente la destrucción de la cadena de la pesca tal como la conocemos. Esto representa una cantidad importante de inversiones y trabajo. Lo que plantea la ley es desconocer todos los criterios que han ido permitiendo que a partir de estos recursos naturales, importantes del mar argentino, se generara más producción y valor agregado. La ley ómnibus da por tierra todo eso”, afirmó.

Ayer, en Mar del Plata, Kicillof conversó con diversos integrantes del sector pesquero y ahora se busca plantear la situación a los distintos legisladores. “Ayer [por la reunión] no solo hubo una manifestación muy importante de los recursos naturales, sino que se planteó hacia adelante difundir el diagnóstico del proyecto de ley y trabajar mostrándole a los diputados de los distintos bloques para que vean sus consecuencias”, amplió.

Según sostuvo, en esta ley se ve la misma matriz de la pesca con respecto a la ley de extranjerización de tierras o el litio. “Lo que planteamos es que esto posibilite la generación de empleo, de industria o inversiones en el territorio nacional, y no esto. Estos proyectos están desconociendo absolutamente esos criterios. En la pesca implicaría muchísimos casos de desinversiones, porque este al atacar directamente la posibilidad de la industrialización en tierra bonaerense o argentina, serían esos los resultados”, planteó. Este proyecto paralizaría 30.000 puestos de trabajo en la región, según sostuvo.

Para el presidente de jefes y oficiales de maquinistas navales, Eduardo Mayotti, esta desregulación permitiría el ingreso de buques de cualquier bandera con dotaciones extranjeras, por lo que no contratarían personal argentino. “No harían [en el país] la descarga de todo lo capturado, porque no estarían obligados, por lo tanto, habría un descontrol total de la pesca y el cuidado de las especies de nuestros mares. No estamos para nada a favor de esta ley, se ha hecho con un desconocimiento total. Deberíamos ser convocados todos los actores para proponer y argumentar qué es lo que sucedería ante esta situación”, dijo.

“Es preocupante que se haga una apertura de una zona pesquera que estaba controlada y ahora abierta a cualquier bandera del mundo. Ha habido una desregulación y descontrol en una zona donde había una gestión y hoy no tenés ni un referente en el área. Antes teníamos un referente que se preocupaba y estaba al tanto de la situación. También estábamos trabajando en algo que era un sueño como la ley de pesca”, recordó.

De salir íntegra la ley, según dijeron en el sector “convendría” traer gente extranjera para trabajar. Habría afectados más de 46.000 empleos de manera directa en las distintas provincias vinculadas con la actividad. La industria mueve por año alrededor de US$2000 millones en exportaciones.

Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), dijo que es innecesaria la modificación de la ley de pesca. “Rechazamos la modificación y consideramos que es innecesaria, toda vez que la ley vigente faculta al Consejo Federal Pesquero para reglamentar y establecer todo lo referente al sistema de cuotas y con eso es suficiente. El Poder Ejecutivo tiene cinco representantes en el Consejo Federal Pesquero, y las provincias con litoral marítimo otros cinco. Hay diez representantes en el Consejo. El sector privado no es miembro del Consejo, con lo cual es política de Estado: están las provincias con litoral marítimo y el Poder Ejecutivo. Ellos tienen todas las facultades para reglamentar y establecer el sistema de régimen de cuotas que establece la propia ley, con lo cual, no consideramos que sea necesaria ninguna intromisión o modificación”, advirtió.

Según aclaró, la ley actual es perfectamente viable como está, por lo que ha funcionado desde su sanción sin conflictividad y ningún tipo de problema. “El régimen de cuotas funciona perfectamente y es un modelo que ha sido considerado como efectivo por distintos países, y el propio Inidep -Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero- ha considerado que el sistema de cuotas ha sido fundamental para la recuperación de la especie merluccius hubbsi que estuvo crisis en los años 90. Consideramos que no es necesaria ninguna modificación de la ley y rechazamos el articulado propuesto”, puntualizó.

Además, el dirigente expresó que también rechazan el método de licitación de pesca. “Esto ya fue discutido como se discutió la ley federal de pesca actual entre 1993 y 1997; en el Congreso había propuestas de licitación, entre otras propuestas. En ese momento los diputados y senadores consideraron que la mejor forma era evaluar el método de las empresas existentes en la Argentina”, expresó.

Según manifestó, en ese momento se debatió y se consideró que el mejor método para la distribución del régimen nuevo de cuotas era tener en cuenta el mérito y los antecedentes de las empresas existentes en la Argentina.

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