Tenía $3000 millones: el Gobierno cerró un fondo ovino y Manuel Adorni dio dos motivos

El Gobierno resolvió cerrar un fondo que estaba destinado a la actividad ovina en el país. Se trata del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), creado por la ley 25.422 de ganadería ovina de 2001.

La medida fue anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y ya está formalizada en el Boletín Oficial a través de la resolución 650 del Ministerio de Economía de Luis Caputo. “Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo manejaba 3000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia. Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”, señaló Adorni en su cuenta de X sin mayores precisiones que las que alegó.

En 2001, la ley de la ganadería ovina puso un régimen para la recuperación de la actividad para “lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permita su sostenibilidad a través del tiempo y consecuentemente, permita mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural”.

Según lo señalado en ese momento, la ley pasó a abarcar “la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una producción comercializable ya sea de animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y en condiciones agroecológicas adecuadas”.

Su artículo 15 fue el que creó el FRAO con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional, donaciones, aportes de organismos internacionales, provinciales y de los productores. Vale recordar que la ley de 2001 estipuló beneficios como “apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o programa, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o programa y actividad propuesta”. También la financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión de los estudios de base necesarios para su fundamentación.

En la resolución firmada por Caputo se menciona que “las condiciones” que motivaron la creación del FRAO “no se encuentran dadas en el contexto actual”. Economía agregó en los considerandos de la norma: “Este ministerio, en concordancia, con las políticas públicas que se vienen instrumentando considera que la continuidad del citado fondo resulta inconveniente en dicho contexto”.

La normativa de hoy declaró “transferidas las acreencias, bienes, derechos y juicios” que tuviese el FRAO. “La transferencia se instrumentará a través de un acta a ser suscripta entre la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y el Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica actuante en el ámbito de esta cartera. La transferencia deberá instrumentarse en un plazo de noventa (90) días corridos desde la entrada en vigencia de la presente resolución”, consignó.

“Las sumas líquidas de las que disponga el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)” deberán ser depositadas por el Banco de la Nación Argentina, en la cuenta bancaria N° 2510/46 “Recaudación TGN”, en un plazo de cinco (5) días hábiles desde la instrumentación de la transferencia”, agregó.

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que las auditorías realizadas registraron importantes fallas en la gestión del fondo y un incumplimiento de los objetivos perseguidos, en desmedro de la protección de los recursos públicos asignados a este régimen. El FRAO es el quinto fondo fiduciario que se cierra por estos motivos, según especificaron.

“La auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) encontró importantes fallas, tales como la falta de fiabilidad en el manejo de la información del universo de beneficios aprobados; la incierta cantidad de acreencias del fondo; la debilidad en el recupero de los aportes reintegrables; la inexistencia de sanciones a beneficiarios incumplidores; fallas en el control y ejecución de los proyectos; debilidades en las compras y contrataciones; ausencia de documentación de respaldo, falta de control en las rendiciones de cuentas; entre otras irregularidades”, enumeraron desde la oficina de Caputo.

Además, aclararon que el cierre del FRAO se enmarca en la decisión del Gobierno Nacional de promover la transparencia en la función pública, el acceso a la información y desarticular sistemas o régimen que puedan favorecer nichos de corrupción estatal.

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