La disputa por una reapertura de paritarias en Terminal Puerto Rosario comenzó a afectar a firmas cerealeras; reclamo de una cámara de exportadores
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ROSARIO.-El conflicto por una reapertura de paritarias en Terminal Puerto Rosario comenzó a escalar en las últimas horas y a afectar las exportaciones de granos luego de que el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) ampliara el radio de protesta que desde este miércoles afecta a otras terminales ubicadas al sur de la ciudad, como Cargill, Dreyfus y ADM. El paro amenaza extenderse a nivel nacional, según los dirigentes gremiales, y paralizar el ingreso de divisas desde el exterior.
“Estamos muy preocupados porque es un conflicto ajeno a nuestra industria. Nosotros hemos acordado paritarias en el sector, pero este tema es ajeno a lo salarial. En un problema en el que debe intervenir la provincia de Santa Fe. Estamos en un mes crítico en el que este conflicto va a afectar el ingreso de divisas”, plantearon fuentes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara).
El conflicto, que se originó en Terminal Puerto Rosario (TPR), cuyos muelles están ubicados en el corazón de la ciudad, se extendió a localidades del sur de Santa Fe, donde están asentados los puertos de de Cargill en Villa Gobernador Gálvez y Alvear, de Dreyfus en General Lagos y de ADM en Arroyo Seco. Son terminales importantes que exportan granos al exterior.
“Tomamos la decisión de extender el paro ante la falta de respuestas a la crisis en TPR”, señaló en diálogo con LA NACION César Aybar, secretario gremial del SUPA Rosario. El dirigente gremial reconoció que están “en conversaciones con la federación nacional para llegar a un paro nacional”.
El conflicto se extendió después de que fracasaran las negociaciones en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Este miércoles se realiza una nueva reunión pero las aguas están agitadas.
“La situación es muy difícil porque la empresa no sólo plantea que no puede afrontar el aumento paritario, sino que propone un ajuste, con cesantías y un incremento de la jornada horaria”, advirtió a LA NACION Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo de Santa Fe.
SUPA denunció penalmente en la Fiscalía Federal de Rosario a TPR por la indebida retención de aportes al argumentar que no tienen homologado el proceso preventivo de crisis que los faculta a no realizar las contribuciones, según señaló Rosario3.
Terminal Puerto Rosario, la concesionaria que opera los muelles ubicados en la ciudad, está conformada desde 2017, cuando se hizo el último cambio accionario, por Inversiones Portuarias Andinas (IPAL), que tiene un 50%. Esta firma pertenece el holding Ultramar de capitales chilenos, que es el encargado del gerenciamiento del puerto. El resto está dividido entre empresas que tienen origen en Vicentin -actualmente en convocatoria de acreedores-. La agroexportadora tiene el 10,2% y Sir Cotton el 39,8%; es una firma que está dentro del esquema del grupo nacido en Avellaneda, el norte de Santa Fe. Esa terminal opera con cargas de contenedores que llegan de distintas economías regionales del país para ser exportadas por este puerto.
El conflicto se reavivó ante el reclamo del gremio por la reapertura de paritarias. El Sindicato tiene una paritaria que abarca un año a partir de abril. Pero SUPA aspira a un incremento extra y redondear una suba anual para el primer trimestre del año que viene que llegue el 100%. La paritaria acordada en abril pasado marcaba como incremento salarial un 60%.
Como la empresa se negó, estalló una protesta con piquetes y paro de actividades hasta la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, que dispuso la conciliación obligatoria, pero cuando se venció esta instancia de negociación las protestas volvieron a estallar. Los estibadores instalaron piquetes en la avenida Pellegrini, una arteria clave de Rosario.
Detrás del conflicto gremial por la reapertura de paritarias que reclama el sindicato aparece otro problema. El gobierno de Santa Fe le exige al concesionario que realice inversiones en una terminal, que sólo está operativa en un 30%. Durante los últimos años se derrumbaron partes de los muelles que tienen más de un siglo. Según señalaron fuentes del sector, la firma Ultramar no está dispuesta a hacer un desembolso de esa magnitud frente a las condiciones económicas del país.
La empresa, según fuentes de la negociación, pone como condición para otorgar el aumento paritario el despido de 500 estibadores (además hay otros 200 fuera de convenio que están en total incertidumbre) y una suba de dos horas de la jornada laboral por el mismo salario. Hasta ahora las posturas parecen distantes y el conflicto amenaza extenderse a todo el país.
Por eso desde Ciara reclaman una intervención con mayor compromiso de parte del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
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