“Te están robando el trigo”: una empresa cercana a Macri denuncia que usurpadores cosechan en su campo
La familia Masoni, que le presta oficinas al expresidente y apuntala la campaña de Patricia Bullrich, se presentó en la comisaría después de ver máquinas desconocidas dispuestas a trillar su cultivo en Santiago del Estero; Gendarmería detuvo a dos activistas y a un camionero
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LA NACIONFrancisco Olivera
El que les dio la mala noticia a los Masoni fue un capataz de la empresa, Ariel Cingolani, el martes. Les contó que esa tarde, a eso de las 16.30, otros empleados le habían avisado que un grupo de usurpadores acababa de entrar en el lote 2 del campo El Puma Este, en General Taboada, con la intención de trillar la cosecha de trigo de la familia. No bien se enteró, Cingolani fue a la finca y constató todo. Vio, por ejemplo, una cosechadora desconocida, una tolva autodescargable verde, un taller rodante amarillo, un tractor Zanello, una Toyota Hilux blanca y una casilla rodante gris dispuestos para el trabajo. Manos y máquinas extrañas. Escuchó, además, testimonios de proveedores habituales que no habían podido entrar porque los intrusos, dijeron, los estaban amenazando con prenderles fuego las máquinas si no se iban. Cingolani denunció entonces horas después, en la comisaría 48 de Los Juries, que le estaban robando la cosecha.
A los Masoni, una familia con inversiones agropecuarias en más de 160.000 hectáreas en Santiago del Estero y conocidos en el establishment nacional por ser dueños de empresas de real estate como Compañía Inversora Libertador (Cilsa) y Los Mimbres SA, no los sorprende demasiado: hace tiempo afirman tener usurpadas en la provincia unas 4000 hectáreas.
Ellos responsabilizan al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), una organización fundada en 1990 e hiperpolitizada que lucha entre otros objetivos por la reforma agraria y que en los últimos años respaldó públicamente campañas del gobernador Gerardo Zamora y se acercó al kirchnerismo.
Esta madrugada, en un operativo de Gendarmería, dos activistas y un camionero que estaban en la zona quedaron detenidos.
Las ocupaciones tienen al menos tres décadas y provocan acusaciones encontradas. En 2012, luego de años de tensión, los Masoni denunciaron por amenazas, lesiones, abuso de armas, tentativa de homicidio, privación Ilegítima de la libertad, robo y usurpación a la abogada Leticia Mabel Bravo, que representaba entonces a varios de los productores y que, a su vez, un año después, se presentó en la Justicia contra la empresa. Las causas no avanzaron demasiado hasta el año pasado, cuando, meses después de la muerte de Bravo, su exsocio Carlos Wayemberg se sumó como denunciante y obtuvo una respuesta favorable del juez Darío Alarcón, un magistrado de buena relación con Zamora.
Weyemberg dice que esos campos no pertenecen a la familia, a la que acusa de haber constituido una asociación ilícita para quedárselos. Para explicarlo se remonta a los tiempos del general Perón. En 1947, argumenta, Perón expropió los ferrocarriles y esas tierras, que pasaron a pertenecer al Estado nacional, fueron adquiridas por José Masoni, padre de los actuales empresarios, gracias a las artes del lobbying que le daba su condición de representante de compañías británicas. Por lo tanto, agrega, “son títulos fraudulentos”.
Aunque el conflicto es viejo, se reactivó últimamente con más violencia. Los Masoni lo atribuyen a un punto de inflexión que, dicen, fue el acercamiento que ellos tuvieron a Juntos por el Cambio: desde hace un tiempo le prestan oficinas a Mauricio Macri en Olivos, empezaron a apuntalar la campaña de Patricia Bullrich y contrataron como abogado a Rodrigo Posse, actual líder del Pro de Santiago del Estero.
En ese contexto interpretan el episodio de la cosecha, que involucra en este caso a 950 hectáreas, e incluso la respuesta con que se encontraron en la comisaría no bien hicieron la denuncia a la que tuvo acceso este diario. Según les dijo el personal policial, horas antes del ingreso en el predio, los activistas habían pasado por ahí y anticipado los pasos que darían: entrarían, trillarían el trigo y se llevarían el 18% de la producción “para gastos” hasta que la Justicia determinara a quién le pertenece.
Por eso la empresa sospecha de connivencia con la Justicia y con el gobierno de Santiago del Estero. En 2015, durante la gestión de Claudia Ledesma Abdala, casada con Zamora y actual presidenta provisional del Senado, hubo un intento de cerrar la disputa con un acuerdo que ahora no se cumple: lo firmaron la provincia, el Mocase y los Masoni e incluyó donaciones de tierras de la compañía a campesinos que reclamaban. No sirvió de nada. Consultados, voceros de la administración de Gerardo Zamora no contestaron dos mensajes de LA NACION.
Los abogados de la familia le piden ahora a la nueva jueza de la causa que interceda en la disputa, que no sólo crece sino que involucra también a los contratistas históricos de la zona.
El martes, casi en simultáneo con las noticias que le estaba dando su capataz, Guillermo Masoni, máximo ejecutivo de la compañía, recibió en su teléfono un audio de WhatsApp de un proveedor que confirmaba todo: “Guille, perdoname que te moleste, pero te quería avisar que hay un grupo de delincuentes que te está robando el trigo. Hay una máquina que está cosechando de noche. Todos dependemos de ese trabajo”.
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