Sube el voltaje por el trigo en un contexto de crisis alimentaria global

El partido del trigo está sumando tensión. Por un lado, por las estimaciones de proyección de siembra y, por el otro, por la autorización definitiva del Ministerio de Agricultura para implantar la variedad tolerante a sequía, modificada genéticamente, desarrollada por la firma Bioceres. Además, hay un tercer factor: el rechazo de la industria molinera al fideicomiso para subsidiar a las panaderías que instrumentó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

Esta semana, tanto la Bolsa de Cereales de Buenos Aires como la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) coincidieron en proyectar una baja en la intención de siembra de trigo. Para la entidad porteña, según los datos presentados en A Todo Trigo, que concluyó ayer en Mar del Plata, el área con el cereal caería un 1,5% respecto del ciclo previo y tendría un techo de cosecha de 20,5 millones de toneladas.

A su vez, la superficie con cebada crecería 8,5%. Para la BCR, en tanto, se sembrarían unas 500.000 hectáreas menos que en el ciclo pasado y la cosecha tendría un tope de 19 millones de toneladas, poco más de tres millones de toneladas menos que en el ciclo pasado.

En tanto, la Bolsa de Cereales de Córdoba proyectó una baja en esa provincia de 17% en la siembra de trigo, en comparación con la campaña 21/22 y la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca difundió un relevamiento en el que los productores de 45 distritos de Buenos Aires y La Pampa respondieron mayoritariamente que reducirán el área con trigo y ampliarán la destinada a cebada.

Pese a los precios óptimos que tiene el cultivo para 2023, la baja en la intención de siembra se explica por el factor climático (escasez de agua en el perfil del suelo, fundamentalmente en Córdoba), por las subas de precios y problemas para el abastecimiento de insumos (fertilizantes, básicamente) y por la intervención del Gobierno en los mercados.

Hay, sin embargo, consultores del sector privado que afirman contar con otros números y proyectan un leve incremento del área sembrada con trigo. “Quienes tomaron la decisión en febrero y se adelantaron a la escasez de fertilizantes piensan aumentar o mantener la superficie”, dijo un especialista que prefirió mantener el anonimato y realiza consultas diarias a productores y empresas. En pocas semanas se develará la incógnita.

Quien decidió apostar fuerte fue el Ministerio de Agricultura al aprobar para la siembra el trigo HB4, sin restricciones. “No soy un trastornado que toma gestos para comprometer el trigo argentino”, dijo el ministro Julián Domínguez en “A Todo Trigo”, en respuesta a las primeras críticas de los exportadores tras la aprobación de la medida. Reunidos en la Ciara y CEC, los exportadores expresaron que “esta norma provoca un enorme riesgo comercial dado que todos los países que nos compran no aceptan HB4″. Además, advirtió: “las consecuencias económicas de eventuales pérdidas de mercado recaerán sobre el Ministerio y la empresa desarrolladora”. Bioceres, por su parte, al celebrar la medida, expresó que mantendrá su programa de identidad preservada para la semilla, por lo cual no se espera una venta masiva. La semana pasada, el trigo HB4 obtuvo la aprobación de un país líder a nivel global en la producción de trigo como Australia y de Nueva Zelanda.

Hasta el momento no se han reportado rechazos en los mercados de destino del cereal argentino por la eventual presencia del material modificado genéticamente de la campaña 21/22 que ya contaba con autorización en Brasil con destino a la industria molinera.

El interrogante que se abre es si finalmente el desarrollo argentino, nacido a partir de una investigación de un equipo liderado por la científica Raquel Chan, de la Universidad del Litoral, se impondrá en un contexto de crisis de demanda del cereal por la guerra en Ucrania y por el peso de la evidencia que los materiales transgénicos son tan seguros como los obtenidos por el mejoramiento tradicional, o si los mercados de destino tendrán una actitud de rechazo a esta variedad apenas detecten una anomalía.

Al crujir la seguridad alimentaria mundial, por el impacto de la guerra en Ucrania y la caída de la economía por los efectos de la pandemia del Covid-19, las decisiones que se toman sobre bases científicas prevalecen sobre los temores. En todo caso, es un contexto que obliga al país a extremar sus normas de bioseguridad y de marcos regulatorios. En este punto, la falta de renovación de la ley de semillas, que data de la década del setenta, no contribuye a sostener las innovaciones tecnológicas en todos los cultivos, no solo en los extensivos. Esa es una materia pendiente.

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