Sospechan en el campo que los actos vandálicos son intimidatorios

"Este ataque me tocó a mí en forma personal, pero es un ataque a todos los productores", dijo ayer el presidente de la Sociedad Rural de Cañuelas, José Butler, que el fin de semana pasado sufrió la destrucción intencional de un silo bolsa con 170 toneladas de maíz en un campo que alquila en Máximo Paz.

El hecho se sumó al que la semana pasada sufrió el productor Tomás López en un lote que arrienda a 15 kilómetros de General Pico, La Pampa, y en el que le abrieron seis bolsones de maíz y dos de soja.

En ambos casos no hubo robo de granos, por lo que tanto Butler como su par de General Pico, Andrés González, sospechan la posibilidad de actos intimidatorios por parte de "fanáticos" anónimos que se hacen eco de la suposición de que los productores guardan soja en silos bolsa y no la venden para especular.

Ayer, Butler hizo la denuncia policial mientras recibía la solidaridad y muestras de preocupación del ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Alejandro "Topo" Rodríguez; del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, y de su par de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri.

"Este ataque me tocó a mí, pero es un ataque a todos los productores. Si bien puede calificarse como un hecho de inseguridad, no descarto ninguna posibilidad. No tengo ninguna prueba, quiero pensar que es un hecho de vandalismo, pero estamos estigmatizados con los bolsones; nos asocian con la especulación y no es así, principalmente en mi caso." Y agregó: "Personalmente pienso que esa herida de 2008 no quedó cerrada", dijo en relación con el conflicto entre el Gobierno y el campo por la resolución 125 que propiciaba retenciones móviles a las exportaciones agrícolas y que fracasó en el Senado.

"Tengo la denuncia hecha, incluso fuimos al lugar del hecho con el comisario Juan Sosa, a cargo de la Subjefatura Zonal de Delitos Rurales, con sede en Cañuelas, y con su segundo, comisario Pablo Golini, quienes se comprometieron a investigar el caso y se pusieron a nuestra disposición", dijo Butler a LA NACION.

Mientras tanto, la Rural expresó que estos hechos son otra evidencia de la falta de seguridad que se vive en las zonas rurales. "Las distancias entre establecimientos y la lejanía con los grandes centros urbanos generan una situación de desamparo que expone a las familias que viven en el campo a hechos delictivos en contra de sus bienes, pero más importante aún, de su integridad física", señaló en un comunicado.

Agrega la nota que "en los últimos años la SRA alertó de múltiples formas a las autoridades responsables sobre la gravedad de este problema que requiere una solución urgente. Una vez más, reiteramos este pedido de seguridad para garantizar la protección de los productores y sus familias", concluyó el comunicado de la Rural.

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