“Me animé a enfrentarlos”: un empresario denuncia que el Senasa demora la aprobación de sus productos y habla de coimas

Denuncias, auditorías internas y hasta una medida cautelar se cruzaron tras la acusación de laboratorios por la demora del Senasa en la aprobación de expedientes para productos veterinarios de venta libre. En una cámara aseguraron que los procesos de autorización llevan alrededor de tres años, pero hay pymes que argumentan que hay dossieres encajonados desde hace 10 años. En tanto, por el contrario, habría laboratorios a los que les habilitan productos en pocos meses. Tras el conflicto que generó esto, en el interior del organismo se gestó una investigación que terminó con la renuncia de un importante director cuyo nombre no se dejó trascender.

Son pocos los empresarios que están dispuestos a hablar con nombre y apellido del supuesto letargo proceso de aprobación de productos. Una firma calcula que por lucro cesante se pierden alrededor de US$15 millones anuales por el atraso en el permiso para una lista de 260 productos de cerca de 300 compañías.

“Es una mafia que regula quién vende y quién no. Tuve 36 productos esperando aprobación, hasta que encontré una prueba. Son todos cómplices”, expresó Maximiliano Bruzzone, dueño de Infec y Snaiwer, dos laboratorios que fueron clausurados por el Senasa en marzo pasado por presuntamente ofrecer productos de venta libre por Internet. En el organismo sanitario, que preside Diana Guillén, dijeron a LA NACION que “el empresario vendía los productos de forma ilegal sin la debida aprobación”, por lo que tras detectarse “la ausencia de comprobantes y firmas apócrifas o falsificadas” decidieron proceder.

Allí advirtieron con un documento que el laboratorio Infec SRL, Snaiwer SRL e IVS SRL quedaban excluidos del Registro Nacional de Empresas Elaboradoras, Importadoras, Exportadoras y Distribuidoras de Productos Veterinarios, ya que no cumplían con la normativa vigente. “Se establece la finalización de la vigencia de todos los certificados de uso y comercialización de los productos veterinarios otorgados oportunamente y registrados a nombre de las firmas mencionadas”, se desprende de allí.

El empresario, en tanto, explicó que hay expedientes que llevan más de 10 años cajoneados en una oficina del organismo cuyo director renunció tras una auditoría interna. Ante la demora del Senasa en estos procesos, señaló que comenzó a distribuir productos de venta libre con una carta documento, cuyo argumento principal es el artículo 14 de la Constitución.

“Hay empresas muy grandes que tienen mucha plata y con poder que coimean a los funcionarios para que les aprueben rápido los productos, y después traban todos los demás expedientes para aprobarles a ellos todo, para que les paguen. Todo funciona si los laboratorios pagan, eso es entendible. Soy el único que me animé a enfrentarlos de esta forma y recabar todas las pruebas”, aseguró y contó que dentro del organismo había una dependencia que “le trababa todos los documentos para hacerle la guerra”.

“Solicité, a través de un pedido de acceso a la información público, cómo el Senasa había beneficiado a dos o tres laboratorios a través de los expedientes que ingresan por año para aprobación. Por eso logré que echaran a un funcionario, quien antes de irse armó un allanamiento a un cliente mío, buscó algo y me inhabilitó para callarme, porque soy el único que habló y denunció, por eso me inhabilitaron las dos empresas de manera ilegal”, indicó.

El organismo realizó hasta ahora tres denuncias penales contra Bruzzone, de las que él asegura que en dos de ellas fue sobreseído y la otra está en curso. Además, tras una Carta Documento de Bruzzone, donde informó al organismo su intención de comercializar sus productos sin los registros, esto, dicen desde el Senasa, “dio lugar al Dictamen de la DAJ N° 46792 del 6 de septiembre de 2019, mediante el cual recomiendan a las áreas técnicas competentes que deben extremar los recaudos para detectar e impedir conductas ilegales por Bruzzone”.

Del documento, al que tuvo acceso LA NACION, se desprende que por año ingresan a la Dirección de Productos Veterinarios aproximadamente 268 solicitudes de inscripción, de las cuales un aproximadamente 38% corresponden a Registros Simplificados (complementos dietarios y declaraciones juradas). El tiempo que demora un supervisor técnico, ya sea químico o veterinario, en evaluar una solicitud de inscripción de un nuevo producto y emitir el correspondiente informe, resulta variable, ya que depende de varios factores como la capacidad analítica del agente evaluador, la complejidad del producto, el tipo de registro del que se trate, entre otros.

El empresario contó que comenzó a elaborar productos en Uruguay para poder exportar a otros países; lo mismo hizo en China. Según precisó, en otros países el trámite es menos engorroso, demora 30 días y los productos son de venta libre. “Hay otros laboratorios que están todos iguales, pero no se atreven a hablar. Yo no quiero enseñarle a mis hijos que tengo que salir a coimear para poder trabajar”, afirmó.

LA NACION contactó a otras compañías que también trabajan en la industria veterinaria donde dijeron que, además, hay “un circuito ilegal de venta de oncológico humano, no apto para animales, que terminan abasteciendo a las veterinarias”, de las que afirman que tendría conocimiento el organismo. Los empresarios hablan de “arreglos económicos de los laboratorios” de mayor peso en la industria y de un mercado irregular que no tiene mayores controles desde el organismo.

En el país son 26 laboratorios los que integran la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (Caprove). También está la Cámara de Laboratorios Argentinos Medicinales Veterinarios (Clamevet) que nuclea a más de 250 empresas de capitales nacionales que se dedican a la actividad. Infec SRL, Snaiwer SRL no está asociada a ninguna de estas.

“La industria veterinaria farmacéutica está dentro de las 10 más reguladas del mundo. Tenemos que cumplir una serie de requisitos para sacarlos a la venta, se van modificando en la medida que salen nuevas regulaciones. Hay un problema que se está agravando que es la aprobación de los productos, donde cada vez las exigencias del Senasa son mayores y se va recargando con nuevas tareas”, sostuvo, ante una consulta de LA NACION, Jorge Cassin, presidente de Clamevet.

En promedio, la aprobación de un producto demora dos o tres años. Esto dicen que trae un perjuicio importante para la industria, porque tienen que empezar con dos o 3 años de antelación el proceso de aprobación y registro. Explicó que se tiene que invertir mucho dinero en esas pruebas, como aranceles, para inscribir los productos hasta que estos puedan salir. A veces puede tomar hasta seis años. “Por otro lado, vemos que a veces el complot del Senasa está enfocado en papeles que están en el sistema. Hay muchos productos truchos en equinos que hemos denunciado. Hemos detectado 11 laboratorios truchos con productos que no están inscritos en el Senasa y que inclusive tienen sospechas de estar en carreras no controladas. En la Argentina, las autoridades van a cazar al zoológico. En estos laboratorios truchos, nadie los persigue ni los controlan. Hay productos que no están controlados, y cada vez son más burocráticos”, deslizó.

La industria veterinaria importa en materia prima US$70 millones y exporta productos con valor agregado por US$160 millones por año, según datos de Clamevet. Hay distintas categorías de productos veterinarios como los farmacéuticos y los biológicos. Estos últimos tienen un registro simplificado que son más fáciles de aprobar y que tienen menos exigencia como un shampoo para animales, cuyo promedio de aprobación sería de entre 2 y 3 años. “Hay un sector que se llama mesa de entrada donde se presentan los productos. Ahora el Senasa está en un proceso de digitalización, pero solo hay dos días por mes para responder notas. No tiene sentido, tendría que estar abierto todo el mes para que te los sellen, se dificulta mucho en los detalles sobre el final”, resumió.

Ante una consulta de LA NACION, en el Senasa explicaron que “las acusaciones de Maximiliano Bruzzone, apoderado de las empresas Infec SRL y Snaiwer SRL, respecto al proceso de aprobación de productos veterinarios en Argentina, el usuario en cuestión ha realizado numerosas denuncias en diferentes organismos gubernamentales, todas ellas infundadas y carentes de material probatorio. Asimismo, las empresas apoderadas por el usuario enfrentan numerosos cargos por transgresión a las normas, así como el Sr Bruzzone, siendo algunas de ellas: la suspensión de 4 trámites de registro de productos veterinarios por comercialización sin autorización, en el año 2021 (Resolución Senasa N° 126/2021)”, indicaron.

A esto se le sumó la suspensión de dos trámites de registro de productos veterinarios por presentación presuntamente de documentación apócrifa (firmas falsificadas), en el año 2021 (Resolución Senasa N° 496/2021). Este acto cursa una causa penal en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 CABA como “Bruzzone, Representante de LAB. Infec y Snaiwer S/falsificación de documentos privados”. Se detalla “además de cursar causas judiciales entre los privados involucrados en las firmas falsificadas. Matriculación del Director Técnico de Snaiwer S.R.L. objetada por no haber podido corroborar con el colegio correspondiente sin veracidad, sin ratificación o rectificación por parte de la empresa”.

En 2022 el empresario, dijeron, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (Actividad N° 25/2022) donde acusa favoritismos y privilegios sobre determinadas empresas titulares de productos veterinarios, a cambio de dádivas, y en detrimento de sus registros; esta denuncia dio lugar a un proceso de auditoría interna sobre la Dirección de Productos Veterinarios de Senasa, en el período de tiempo indicado por el Sr. Bruzzone (2018/2019), de cuyos resultados se desprende: “De las 23 solicitudes de registro de productos veterinarios, de las dos empresas que el Sr. Bruzzone denuncia como demorados intencionalmente por la Dirección de Productos Veterinarios, 4 están suspendidos por infracciones por comercialización sin autorización, 2 están suspendidos por presentación de documentación falsa, otros 6 se encuentran en instancias de evaluación por la mencionada Dirección y los 11 restantes la Dirección de Productos Veterinarios está al aguardo de respuesta de las mencionadas empresas. En el período 2018/2019 la empresa Infec procedió a registrar 6 productos y Snaiwer 1, mientras que las tres empresas denunciadas como favorecidas obtuvieron 5 registros una de ellas, 4 otra y 3 la tercera denunciada”.

Por último, aclararon que “por normativa la evaluación inicial del producto no debe ser superior a un plazo de seis meses, y se cumple en todos los casos. Actualmente hay unos 600 registros de empresas, de las cuales menos del 10% se podrían considerar grandes o con plantas. Pero hay laboratorios chicos que tienen productos autorizados”, resumieron.

En este marco, LA NACION intentó contactarse con los dueños de IVS SRL, otra de las compañías mencionadas, pero no obtuvo respuesta.

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