Las regulaciones que se toman sin criterio técnico afectan el crecimiento
En respuesta a la creciente demanda mundial de alimentos y energía, el área sembrada en nuestro país con los principales cultivos aumentó de 15 millones de hectáreas en 1990 a 32 millones en la actualidad, un 105%. Pero la producción de esos granos casi se cuadruplicó, de 36,8 a 135,3 millones de toneladas en el mismo período.
La diferencia se explica sobre todo por el aumento de los rendimientos, producto de la incorporación de nuevas tecnologías, proceso que se inició en 1996 con la aprobación de la soja tolerante a glifosato y que han generado una profunda transformación en la agricultura argentina y la economía del país, que se refleja en un marcado aumento de las exportaciones, en la generación de empleo, y en una mayor participación del sector en el PBI.
Sin embargo, en los últimos años parece haberse instaurado una campaña para desacreditar el aporte de la tecnología y tratar de demostrar que los alimentos son cada vez más peligrosos y el ambiente se ve cada vez más amenazado.
El núcleo de esas críticas es hoy el glifosato, al que se acusa de dañar la salud de humanos y animales, y el ambiente. Este químico es el principio activo herbicida más usado del mundo; se comercializa desde 1974 y está autorizado para este uso en más de 160 países. En muchos casos, ha reemplazado a otros herbicidas más problemáticos desde el punto de vista toxicológico y de persistencia en el medio ambiente.
El glifosato no se considera riesgoso para la salud si se siguen las recomendaciones para su utilización. Por su baja toxicidad, ha sido clasificado en el grupo de fitosanitarios de banda verde, los menos peligrosos. Por supuesto, no hay actividades de riesgo cero. Nos subimos a un auto y ponemos en peligro nuestra vida, la de los demás y contaminamos el ambiente. Sin embargo, a nadie se le ocurre prohibir los autos.
Así como hay quienes conducen irresponsablemente, en la agricultura hay quienes producen irresponsablemente. En uno y otro caso, lo que debe combatirse son las malas prácticas, y para ello hace falta un mayor control por parte del Estado y una utilización razonable por parte de los usuarios.
Hoy tenemos libre acceso a todo tipo de información, pero la investigación científica raramente llega al consumidor. En contraste, los activistas ambientales, motivados muchas veces por intereses económicos, utilizan mensajes de alto impacto y apelan a lo emocional, con argumentos a los que nadie podría oponerse, porque nadie podría estar legítimamente en contra del cuidado del ambiente o de la salud.
El problema mayor radica en que estas opiniones sin sustento científico afectan decisiones de compra y motivan que algunas regulaciones se basen en la percepción pública y no en la ciencia. Tal es el caso de la reciente ley que prohíbe el uso de glifosato en Chubut, sancionada sin considerar opiniones científicas ni de organismos competentes.
El agro es indispensable para la recuperación económica del país, por su capacidad de generar divisas de manera genuina. Si queremos continuar a la vanguardia de la tecnología y no retrasarnos frente a nuestros competidores, es necesario comprender que el sector depende en buena medida de la aplicación de una política de Estado que asuma como estratégicas sus inversiones, sin dejarse llevar por opiniones con nula sustantividad técnica y científica.
El autor es jefe de Relaciones Institucionales de Maizar
Julián Martínez Quijano
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