Ricardo Buryaile, diputado radical y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, señaló que “va a ser difícil” el abordaje de una iniciativa de fomento mientras en paralelo el Gobierno en sesiones extraordinarias buscará avanzar contra la Corte
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Después de que el Gobierno anunciara que entre los 27 proyectos de ley que van a estar dentro de la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso estará el tratamiento del “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) esperan que finalmente tenga dictamen y pueda ser tratado en el recinto para “paliar los efectos de la sequía”, pero en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados no se mostraron muy optimistas por el clima político y el poco margen para tratarlo.
El proyecto que impulsa el CAA y que fue presentado oficialmente en 2021 por el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, podría sufrir una demora en el tratamiento pese a estar dentro del temario publicado este viernes en el Boletín Oficial. Según explicó el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Ricardo Buryaile, sería por el pedido de juicio político del Ejecutivo contra ministros y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Buryaile mencionó que antes de oficializarse el temario tendría que haberse tratado entre los bloques y medir los tiempos políticos para “no errarle”.
“Hoy decís: vamos a aprobar la ley agroindustrial mientras yo me llevo puesta a la Corte… ¡Es muy difícil! Si no se resuelve este quilombo va a ser difícil, y es una pena, porque tenemos que buscarle a la gente soluciones y no problemas”, dijo y deslizó que lo “ideal” era dejar el proyecto para marzo, ya que podía haber otra dinámica. “Mientras quieras llevarte puesta a la Corte para controlar la Justicia te va a pasar lo mismo”, amplió.
El diputado radical agregó que aún no se definió si va a haber quórum para dar dictamen, porque aún no han tenido reunión con el interbloque. Días atrás habían hablado “informalmente” con diputados del Frente de Todos después de los fracasos de estos en las tres sesiones que se cayeron.
Para las extraordinarias, explicó, lo que había que hacer era hablar con el presidente Fernández antes de que se publicara el decreto y coincidir en qué proyectos había que dar quórum y avanzar, pero ya con la esperanza de que fuera una convocatoria medianamente consensuada.
“Las sesiones son acuerdos parlamentarios o acuerdos de números y hoy no hay nadie que pueda poner números, no hay acuerdo parlamentario, es difícil resolverlo. Todos sabemos que no van a tener los números para voltear la Corte, pero el objetivo es desgastar también a la Justicia. De alguna manera, yo voy a estar hablando del régimen agroindustrial y no voy a estar dejando que se lleven puesta a la Corte”, agregó.
“Yo voy a tomar la decisión que tome el interbloque. Esta es una ley que trabajamos y está mejor que la que presentó el oficialismo. Si bien esto no resuelve los problemas del campo, ahora lo ayuda, aunque ninguna ley resuelve los problemas macroeconómicos desequilibrados. Mientras no haya acuerdo parlamentario lo veo difícil, aunque yo voy a tomar la decisión que tome el interbloque”, sintetizó.
Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) y vocero del CAA, institución que impulsa este proyecto, consideró que es una buena medida “si el Congreso lo puede tratar y aprobar”.
“Las expectativas reales son bajas, porque la agenda es muy amplia. Hay 27 proyectos de ley para un periodo de extraordinarias, teniendo en cuenta que en todo el año de trabajo ordinario el Congreso aprobó solo 37 leyes y que en extraordinarias aparezcan 27 me parece mucho”, mencionó. Sobre el timing político mencionó: “No creo que se pueda aislar una cosa de la otra o si la oposición está dispuesta a dar quórum o debate con este tema del juicio político, pero puede haber un factor sorpresa”.
La idea del proyecto es bregar por un impulso para que con más exportaciones a 10 años, una vez que el proyecto se convierta en ley, se puedan crear 700.000 nuevos puestos de trabajo, 210.000 de ellos con el agro. La iniciativa contempla diversos beneficios fiscales.
“Para alcanzarlos hay que empezar a corregir muchas cosas, empezando por la situación de la sequía, la macroeconomía, la liberación de las importaciones, la competitividad, pero es un objetivo que pone un horizonte y el proyecto de fomento va en esa línea y busca una solución”, afirmó.
Paseyro destacó el trabajo que hizo la Comisión de Agricultura en Diputados tratando de mejorarlo. “Esto no tiene que ser una carga burocrática, sino un objetivo simple que puedan adoptar la mayor cantidad de productores. En el contexto de la sequía, cualquier incentivo al productor vale doble. Una cosa es hablar de una amortización acelerada para los productores que no tuvieron cosecha de trigo, o los que pueden tener el 50% de la cosecha de soja o maíz, eso vale por tres. Sería oportuno encontrar un espacio dentro de la política para tratar esta ley, porque es una herramienta de producción e inversión al empleo de toda la agroindustria”, remarcó.
El directivo se esperanzó con que se encuentren vías de escape y posibilidades de diálogo por este tema. A su vez, mencionó con que es un indicador importante que el proyecto haya entrado en extraordinarias, ya que podría haber voluntades para el abordaje. Recordó que lo primero es que se avance con el dictamen en Comisión para que no pierda estado parlamentario.
Indicó que en el contexto de la sequía esta sería la mejor herramienta de cara a lo que necesite el productor. “Esto serviría como un paliativo para el productor que va a tener reducido su capital de trabajo. Una cosa era el proyecto sin la sequía y ahora es otra, la relevancia incrementa”, resumió.
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