En General Las Heras, donde anunció un subsidio para la siembra de soja y maíz, el ministro de Economía negó que un artículo del presupuesto 2023 sea para aumentar los derechos de exportación
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El ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió al artículo 95 del Presupuesto 2023 que otorga facultades al Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación. Dijo que “no hay voluntad de subir retenciones”.
Massa se pronunció de esa manera ante la prensa tras anunciar un subsidio en General Las Heras a los productores para que se amplíe en más de un millón de hectáreas la siembra de maíz y soja. En las últimas semanas, el artículo por el cual el Gobierno busca recuperar las facultades delegadas del Congreso en retenciones generó el rechazó del campo, además de la oposición en JxC.
El funcionario dijo que para dar mayor tranquilidad al sector debería “quedar por escrito en el artículo que no es para subir retenciones”. Aclaró que se olvidó referirse al tema en su discurso.
Vale recordar que en el recinto de la Cámara de Diputados se está por debatir el Presupuesto 2023 que contempla el artículo que otorga facultades al Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de las retenciones al campo. En este sentido, el interbloque de Juntos por el Cambio se abstuvo de firmar el dictamen en Comisión mientras que el Frente de Todos rechazó cambios a la iniciativa.
Rechazo del campo
“Es indispensable que un país tenga un presupuesto para ordenar las cuentas del gobierno. No vemos que sea correcto que, en este proyecto 2023, se incluya la posibilidad de delegar facultades en otros poderes. Son los legisladores los quienes tienen que trabajar en fijar las reglas impositivas, no avalar proyectos para que otro poder cumpla con esas funciones”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), mostrando la disconformidad del sector ante el artículo en el presupuesto 2023.
“Hay varios puntos en el Presupuesto que nos preocupan, el primero es los topes a los derechos de exportación, que son superiores a los montos hoy vigente. Si el Gobierno ha dicho, ya que en todo momento nos han asegurado que no pretenden aumentarnos, ¡para qué ponen los topes superiores a lo que hoy están en curso!”, dijo Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro.
Desde la Federación Agraria Argentina (FAA) indicaron en un comunicado que remitieron notas a los 257 legisladores que integran la Cámara de Diputados para solicitarles que no aprueben el artículo 95° del dictamen de mayoría producido la semana pasada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
“Solicitamos no acompañar una norma inconstitucional, arbitraria y que favorece la concentración de capitales, en detrimento de la economía de desarrollo del interior argentino. Y proponemos mantenga el Poder Legislativo las facultades de legislar en materia de impuestos y de Derechos de Exportación”, observaron. Además, agregaron que en materia tributaria, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo se encuentra prohibida, atento los presupuestos Constitucionales y los antecedentes Jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) envió una carta a los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados pidiendo que los legisladores no voten la delegación de facultades para que el Gobierno maneje las retenciones.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación en recientes fallos estableció que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el Poder Legislativo el establecimiento de impuestos contribuciones, es decir que, aun invocando circunstancias y situaciones excepcionales, está vedado al Poder Ejecutivo establecer vía decretos de necesidad y urgencia, normas en materia tributaria. Esto último fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Camaronera Patagónica SA 15/4/2014 en la que declaró la invalidez de los Derechos de Exportación (retenciones) impuestos por la administración durante el período que no contaban con expresa ratificación legislativa. Dispuso además que el Código Aduanero al no imponer una alícuota ni topes máximos no cumple con la exigencia constitucional”, señaló CRA.
Con la colaboración de Belkis Martínez
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