Secuestraron 1800 kilos de cable de cobre que habrían robado de la zona rural de Pergamino

En el marco de diversos procedimientos que se realizaron para desbaratar una cadena ilegal de comercialización del cobre que tiene en vilo a productores de la zona de Pergamino que denuncian que en menos de 12 días robaron unos 15 transformadores de luz de los campos, la Policía del Comando de Patrulla Rural (CPR) bonaerense allanó una chatarrería en Ramallo donde se fundiría el cobre robado de los trasformadores y los cables, para hacer lingotes y luego comercializarlos.

Todo comenzó anteayer en el marco de un operativo policial en la ruta 188, entre las localidades de Guerrico y Acevedo del partido de Pergamino, cuando los policías interceptaron a dos vehículos que se dirigían en dirección San Nicolás-Pergamino. Lo que llamó la atención de los uniformados fue que estas personas llevaban material de cable de cobre y remitos expedidos por una chatarrería de la localidad de Ramallo. Lo consideraron una señal de alerta.

Al ser notificado, el fiscal Francisco Furnari, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y de Juicio N° 2 del Departamento Judicial de Pergamino, dispuso una orden de allanamiento en el predio donde está ubicada la chatarrería que había emitido los remitos.

En este sentido, los efectivos secuestraron 1800 kilos de cable de cobre y aproximadamente 1000 kilos de cable de aluminio que pertenecen al tendido de red pública de distintas empresas damnificadas. Además, se imputó al propietario del predio de la chatarrería por el delito de “Encubrimiento Agravado por el ánimo de lucro”.

El lugar, según fuentes judiciales, se trata de un desarmadero administrado por la empresa “Nesal SA”, donde se reduciría el cobre. El material secuestrado pertenece al tendido de red pública de distintas empresas, entre ellas Transba, Eden, CELP, Cooperativa Eléctrica Ayersa, Telefónica Argentina y Telecom. Además, en un escrito judicial se precisó que estas firmas afectadas son “sin perjuicio de los posibles reconocimientos de otros damnificados”.

“Nosotros desactivamos hace un año y medio muchísimos robos de cables haciendo esta misma operatoria”, dijo el fiscal. Señaló que se descubrió dónde se reducía y así “se cortó muchísimo” el delito.

Furnari aseguró que los autores de estas maniobras delictivas no son grandes bandas organizadas. “Suele ser una labor mucho menos compleja y con menos logística. Tenemos casos de gente que apareció en el medio del campo completamente quemada por tratar de robar esto”, contó el fiscal.

La modalidad delictiva, explicó Furnari, consiste en que quienes cortan los cables o desarman los transformadores los venden a pequeños acopiadores que, en su mayoría, no cuentan con ningún tipo de habilitación comercial. Sabiendo el origen de ese cable o cobre, lo adquieren a bajo costo, aproximadamente a $400 pesos el kilo, para inmediatamente venderlo a mucho más valor a otros establecimientos mayoristas ubicados en San Nicolás y Rosario que pagan aproximadamente 1000 pesos el kilo.

Estos establecimientos cuentan con galpones de gran envergadura, donde se funde el cobre en lingotes para posteriormente comercializar o exportar bajo distintas denominaciones arancelarias al exterior.

El fiscal remarcó que donde radica la mayor organización es en los reducidores porque, como en Pergamino no hay horno para fundir el cobre en lingotes y después comercializarlo, son los que organizan la logística para el traslado de los 70 kilómetros hasta San Nicolás. “Van los camiones con el cobre escondido por debajo de kilos y kilos de chatarra. Cuando la policía los frena les resulta imposible determinar si debajo de eso existe cobre, que es lo que realmente vale y se está vendiendo en estos reducidores”, precisó Furnari.

Según un informe realizado por la fiscalía a su cargo, al que tuvo acceso este medio, desde 2019, por el robo de cables, se han realizado más de 140 allanamientos por distintas investigaciones en el partido de Pergamino y San Nicolás, además de en Rosario. Se detuvo y procesó a más de cincuenta personas por el delito de encubrimiento agravado, que prevé una pena de uno a seis años de prisión.

Desde entonces, según consta en el informe, se redujo en un 80% este tipo de prácticas en el ejido urbano. Sin embargo, detalla, “este tipo de ilícito se ha trasladado a la zona rural mediante el robo y destrucción de transformadores eléctricos monofásicos, trifásicos y de media tensión, para sustraer el cobre de los mismos”.

El aumento de este tipo de delito es denunciado por los productores de la zona rural de Pergamino que, además, aseguran que atraviesan una ola de inseguridad sin precedentes, con aproximadamente un robo por día en los campos. A principio de mes, alrededor de 80 productores se juntaron en una asamblea en la explanada del ferrocarril de Juan A. de la Peña, cerca de esa ciudad, para pedir mayor presencia policial y accionar judicial tras una serie de hechos de inseguridad

La seguridad de la zona está a cargo del CPR, pero el municipio y los productores denuncian la falta de recursos: tienen tres móviles policiales, no todos en funcionamiento, para patrullar más de 3500 kilómetros de caminos rurales y más de 305.000 hectáreas de campo de dicho partido.

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