“Se va a equivocar”: revuelo por un borrador donde una medida del Gobierno sería obligatoria para todos los ganaderos

Luego de que trascendiera un borrador de proyecto de resolución del Gobierno para implementar la obligatoriedad de la identificación electrónica de bovinos, bubalinos y cérvidos en el país, en el campo insistieron que “no se puede obligar al pequeño productor o a aquel que no le interesa exportar asumir un costo innecesario”.

Para Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), respecto a la identificación individual electrónica obligatoria, en su entidad no tienen duda que debe ser voluntaria. “No podemos obligar al pequeño productor o a aquel que no le interesa exportar asumir un costo innecesario. No hay argumento que justifique la obligatoriedad. Hoy se nos exige cumplir ciertos requisitos para poder exportar, algunos de los cuales son difíciles de cumplir. No nos oponemos a lograrlos, pero no debemos ignorar que dentro de esos requisitos hay intereses políticos y económicos, tanto externos como internos”, expresó el dirigente ruralista.

En el Senasa dijeron que el documento que circuló ayer por grupos de Whatsapps de ganaderos es un proyecto borrador en el que está trabajando el organismo, pero que no tiene lineamientos definitivos dados por la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Economía.

En el texto se señala que se establecerá la obligatoriedad de la identificación y “a partir del 1º de enero de 2025 ningún ternero o ternera se podrá movilizar sin la identificación electrónica, para que al 31 de diciembre del 2027 todas las categorías de bovinos, bubalinos y cérvidos estén identificadas independientemente que sean movilizados o permanezcan en el establecimiento agropecuario”.

“Será responsabilidad del productor aplicar la identificación al destete, antes de movilizar a los terneros o terneras, al cambio de titularidad o ante la realización de tareas sanitarias o tratamientos medicamentosos que así lo requieran, lo que primero ocurra”, dice el artículo 5 del por ahora borrador.

Para Carlos Odriozola, director y secretario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), si bien en la entidad no se ha tomado tomado todavía una decisión final con respecto al tema, la discusión pasa por la obligatoriedad.

“Creemos que la trazabilidad claramente era obligatoria y sigue siendo obligatoria. La discusión es si tenemos que poner o no el chip, hay algunos que consideran que sí, pero lo que molesta un poco es la obligatoriedad de hacerlo y, por supuesto, también su costo. Todavía no hemos tomado una decisión de expresarnos públicamente de qué es lo que pensamos. La cuestión es si aceptamos o no que sea electrónica obligatoria o podría ser parcializada y de a poco”, indicó.

En esa línea, Pablo Sánchez, vicepresidente 3º de CRA y expresidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), remarcó que “no se entienden los motivos por los cuales el Gobierno impulsa la trazabilidad electrónica individual obligatoria”.

“No nos oponemos a la trazabilidad, de hecho hoy hay trazabilidad que nos permite acceder a todos los mercados que tiene disponible la Argentina y los productores cumplimos con todas las formas que nos exigen nuestros compradores”, dijo a LA NACION.

“Entonces, ¿por qué sobreexigir al productor, por qué pretender igualar a los productores e imponerles una determinada condición, cuando nuestros compradores externos son solo una porción de lo que es el comercio de carne? No todos nos exigen las mismas condiciones ¿Por qué esta exigencia que sea total? Por eso lo rechazamos, es absolutamente inexplicable, inentendible, inadmisible. Máxime viniendo de un Gobierno que habla de la libertad, de desburocratizar cuando esto va a implicar nuevas complicaciones en el día a día de todos los productores. Debe ser voluntario y nos oponemos a que sea obligatorio”, agregó.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, si bien rescató el programa por las mejoras que puede significar para la cadena, dijo que “es importante que sea de incorporación gradual, que haya costos compartidos y que no esté a cargo totalmente del productor”.

“Que haya un incentivo al productor, con beneficios fiscales o en agilización y costos de la gestión administrativa y en la comercialización del ganado, por ejemplo”, indicó.

Días atrás, fuentes del Gobierno señalaron que están trabajando para que en la primera parte del programa sea el Estado quien se haga cargo del costo de la caravana de los pequeños y medianos productores. Para esto estarían en conversaciones con algunas entidades público-privadas, por ejemplo con directivos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) para ver si pueden solventar ese primer gasto de cerca de US$15 millones.

Si bien oficialmente todavía no hay nada, Javier Rotondo, vicepresidente 2º de CRA, reiteró la posición clara y contundente de la entidad que representa: “No estamos en contra del sistema, creemos que puede servir. Pero debe estar atado a un convencimiento y a una progresividad y eso implica la no obligatoriedad”.

Recordó que a lo largo de la historia, los productores ganaderos han cambiado muchas veces de sistemas, realizado las inversiones y que “siempre es el criador, el eslabón más débil de la cadena, el que sale perjudicado”.

“Entendemos la voluntad de este Gobierno de mejorar nuestro sistema de identificación, porque la trazabilidad es mucho más global y embarca muchísimos otros aspectos de la cadena de ganados y carnes, creemos que es lo correcto. Pero hoy tenemos claro que la trazabilidad que el productor hace, muere una vez que el camión llega al frigorífico y deja de ser individual. Por lo tanto hay mucho por debatir y dialogar. El Gobierno se va a equivocar si toma una posición muy rígida en cuanto a la relación con el campo”, aseguró Rotondo.

Para Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), “no está en discusión las bondades o beneficios de la identificación electrónica, ya sea en el trabajo de manga, facilidades, en adopción de tecnología, pero lo que no se entiende es la urgencia de obligar a todos los productores del país a entrar en el sistema”.

“Si este sistema de trazabilidad electrónica va a permitir diferenciales de precio para colocar productos en el mundo, va a ser muy fácil para los productores que vendan a esos mercados entren dentro del sistema voluntariamente. Y el resto se vaya adaptando, sobre todo si hay diferencial de precios. Si llega a aparecer buenos negocios por entrar en este sistema, los productores lo van a ir haciendo. Ahora, de manera obligatoria y con tanta urgencia, no lo veo tan fácil. Va a producir mucho ruido porque esto impacta en lugares que no es tan fácil ponerse al día con todo lo que están pidiendo”, dijo.

Lo más complicado es, dijo Kovarsky, lo que implica este sistema para el año que viene que, pese a ser obligatorio solo para terneros, si uno quiere mover una vaca también se deberá tener asentada su caravana en el Senasa: “Se tendría que convivir con un sistema voluntario por un tiempo, yendo hacia la trazabilidad electrónica. Voluntario pero que sea el diferencial de precio lo que haga que el productor se apure más”.

En coincidencia, Patricio Killmurray, titular de Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), se mostró en contra: “No lo consideramos oportuno, hay otras prioridades. Vemos, además la imposibilidad de hacerlo por las condiciones de monte que tienen algunas regiones de aquí, es muy complicado. Esperemos que cuando se trate el tema, las autoridades nacionales llamen o convoquen a los sectores agropecuarios para discutirlo, porque muchas veces se toman decisiones en un escritorio y se crean algunas cosas que son imposibles de poder llevar a cabo”.

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