Sara Gardiol, presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), se refirió al impacto del tributo este año en la provincia luego de una declaración del presidente de la Rural, Nicolás Pino
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SANTA FE.- Una gran polémica en el campo santafecino se generó cuando por redes sociales un dirigente de la Mesa de Enlace mencionó que había descontento en el sector por el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural que se debe abonar este año.
Pero, si bien los productores pagarán en lo que resta de 2024 un incremento superior al doble de lo establecido para 2023 del Impuesto Inmobiliario Rural, para la dirigencia ruralista local “no existe un descontento tal que trascienda para que dirigentes nacionales señalen lo que aquí ocurre como muy parecido a lo que sucede en otras jurisdicciones”.
Fue Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien expuso en la red “X”: “En estos días recibimos varias consultas y quejas de productores con campos en Buenos Aires y Santa Fe, quienes nos manifiestan su gran descontento ante la llegada de las partidas del impuesto inmobiliario rural”.
En estos días recibimos varias consultas y quejas de productores con campos en Buenos Aires y Santa Fe, quienes nos manifiestan su gran descontento ante la llegada de las partidas del impuesto inmobiliario rural.
— Nicolás Pino (@NicolasPinoSRA) August 30, 2024
Al respecto, Sara Gardiol, presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), dijo: “Si bien la actualización de ese impuesto fue del 131,58% en las cuotas 4 y 6 (todo el segundo semestre del año), hay que aclarar que la mayoría de los productores rurales de la provincia de Santa Fe, de enero de 2023 a enero de este año, no hemos pagado Impuesto Inmobiliario Rural porque los que hicimos los trámites tuvimos la exención que se estableció por la emergencia agropecuaria”.
En tanto, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, indicó a LA NACION que en las cuotas del segundo semestre del año se aplicó un incremento que estaba previsto en la Ley Tributaria, sancionada en diciembre de 2023. “Incluso los que ya habían pagado el año completo no fueron alcanzados porque habían pagado de forma anual”, remarcó.
Olivares sostuvo que “la mitad de las partidas rurales pagaron $33.751 o menos al año”, pero resaltó que “el 90% de las partidas rurales pagaron menos de $300.000 por todo el año”.
No obstante, señaló: “De las reuniones que tuvimos en la Comisión de Análisis del Sistema Tributario, de la cual participan las cuatro entidades del agro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), SRA, Federación Agraria y Coninagro, no hubo planteos. Solo hubo un planteo por un adicional que se viene aplicando hace 10 años a los grandes propietarios rurales. Se trata de un adicional que se suma cuando se acumulan más de una cantidad de hectáreas”.
La referencia del funcionario apunta a los denominados “grandes contribuyentes” que reciben esa denominación por la superficie que explotan. “En general, el impuesto aumentó en base a lo anunciado por el gobierno oportunamente. En consecuencia, en los casos donde hay mejor calidad de suelos y superficies muy importantes, los incrementos son importantes. Son los denominados grandes contribuyentes que reciben esa denominación por la superficie que explotan, si bien habrá que admitir que a veces son situaciones particulares generadas por la ubicación de los campos y la superficie que poseen. Pero, en general, la mayoría no tuvo que pagar este impuesto el año pasado. Los que se quejan pueden ser unos pocos productores radicados en el extremo sur de la provincia, específicamente en el departamento General López”, señaló Gardiol.
Según la comunicación oficial del gobierno de Santa Fe, los productores agropecuarios santafecinos que pagaron total o parcialmente el Impuesto Inmobiliario Rural durante los años 2022 y 2023, y que se vieron afectados por el desastre agropecuario, encuadrados en los Decretos 627 y 1887 del año pasado, tendrán a favor el monto abonado para utilizarlo en las cuotas de este año.
Fue en Expoagro donde Olivares explicó que, “debido a la declaración de desastre agropecuario, resultaban exentos del pago del Impuesto Inmobiliario los productores que confeccionaran las declaraciones juradas; por eso, para los que ya lo habían abonado total o parcialmente dicho impuesto, se establecieron mecanismos para que, por primera vez, puedan aplicar ese saldo a favor a las cuotas de este año”.
Además, detalló que, “aquellos que cuenten con este saldo a favor, y que de igual manera abonaron el pago anual 2024, por primera vez la provincia les reintegrará el impuesto por ese pago en exceso, directamente a su propia CBU con trámite 100% digital”. Esa devolución impositiva superó los $2425 millones, según el informe al que tuvo acceso este diario.
Finalmente, Gardiol resumió: “Todo depende de la situación de cada contribuyente. Cuando se trata de campos muy importante en superficie, obviamente los valores a abonar son también muy importantes. Es lo que sucede en el departamento General López, ya que por ser grandes contribuyentes sufren un recargo en las alícuotas que no tienen los que están comprendidos en otra categoría”.
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